PROGRAMA ACADÉMICO DE DERECHO 

 

 

 

 

 

“LA CONFESIÓN COMO MEDIO PROBATORIO EN EL 

PROCESO PENAL”. 

    RN. N° 1366 – 2017 LORETO 

 

 

PARA OPTAR POR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO: 

 

             Autores  

Bach. Diana Isabela GUEVARA AMASIFUEN. 

Bach. Deyanira Yadickza TRIGOZO TRIGOSO. 

 

Asesor 

Dr. Aldo Nervo ATARAMA LONZOY. 

 

 

 San Juan Bautista –Loreto- Maynas - Perú 

           2021 

 

 

 

UNIVERSIDAD 

CIENTÍFICA DEL 

PERÚ 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL  

MÉTODO DE CASO JURÍDICO 



 

 

3 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios que es fuente de sabiduría,  

 A nuestros padres que son nuestra inspiración, 

y nuestra fortaleza constante, 

 a nuestros hermanos que son apoyo incondicional 

y a  nuestras familias en general por confiar siempre en nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A la Universidad Científica del Perú, 

Y a nuestros docentes 

Quienes con sus enseñanzas y dedicación 

Contribuyeron en nuestro crecimiento 

Profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

PAGINA DE APROBACIÓN 

Trabajo de suficiencia profesional “La confesión como medio probatorio en el 

proceso penal: Recurso de Nulidad N° 1366- 2017 Loreto”, sustentado en acto 

público el día 26, de agosto del año 2022, en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Científica del Perú, identificado por el jurado 

calificador y dictaminador siguientes:  

 

 

  

 

 

 



 

 

6 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

 

 

1/50 



 

 

8 

 

ÍNDICE 

Pág.  

ACTA DE APROBACIÓN 02 

Dedicatoria 03 

Agradecimiento 04 

Acta de Sustentación de Trabajo de Suficiencia Profesional 05 

Constancia de Originalidad del Trabajo de Investigación                                                       06 

Indice                                                                                                                                    08 

Resumen 10 

CAPÍTULO I: 

1.1. INTRODUCCIÓN 11 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 13 

      2.1.1 ANTECEDENTES A LA INVESTIGACIÓN 13 

      2.1.2 DEFINICIONES TEÓRICAS 18 

          2.1.2.1. Sobre la Confesión como medio probatorio en el Proceso Penal 18 

          2.1.2.2 Naturaleza Jurídica y Valor Probatorio de la Confesión 25 

          2.1.2.3. Órgano de Prueba 28 

          2.1.2.4. Características de la confesión 29 

          2.1.2.5. Clases de confesión 31 

          2.1.2.6. Criterios de valoración 34 

          2.1.2.7. La confesión sincera 43 

          2.1.2.8. Efectos de la confesión 46 

2.1.3. Requisitos de validez de la confesión 50 

2.1.3.1. La libertad y la confesión                                                                                   52 

2.1.3.2. La regla de la exclusión probatoria                52 

2.1.3.3. Clases de confesión                   53 

2.1.3.4. Divisibilidad de la confesión                  54 

2.1.3.5. Retractación de la confesión                 54 

2.1.3.6. La prueba de la confesión 55 

2.1.3.7. DEFINICIONES CONCEPTUALES 56 

2.2. EL PROBLEMA 60 

2.3. OBJETIVOS 62 

          2.3.1. Objetivo General 62 

          2.3.2. Objetivos Específicos 62 



 

 

9 

 

 

 

2.4. VARIABLES 62 

          2.4.1. Variable Independiente 62 

          2.3.2. Variable Dependiente 62 

2.5. SUPUESTOS 62 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 METODOLOGÍA APLICADA 63 

3.2 MUESTRA 63 

3.3 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 63 

3.4. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 63 

3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL ESTUDIO 64 

3.6. PLAN DE ANÁLISIS, RIGOR Y ÉTICA 64 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 65 

CAPITULO V 

DISCUSIÓN 66 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 69 

CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 71 

CAPITULO VIII 

BIBLIOGRAFÍA 74 

CAPITULO IX 

ANEXO 01 76 

ANEXO 02 77 

 



 

 

10 

 

RESUMEN 

 

El presente análisis jurídico, trata sobre la confesión como medio probatorio en el 

proceso penal, esto enfocado y analizado en el Recurso de Nulidad N° 1366 – 2017 – 

Loreto por los integrantes de la Sala Penal Permanente y Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, quienes realizaron un ponderado análisis sobre la 

confesión como medio probatorio y esto abocado directamente en el proceso penal. Así, 

el objetivo del presente análisis jurídico es analizar de la mejor forma posible la 

confesión como un mecanismo de prueba dentro del proceso penal, esto devenido del 

Recurso de Nulidad N° 1366 – 2017 – Loreto, para lo cual se empleó como Materiales 

y Métodos una ficha de análisis de documentos, analizando una muestra consistente en 

el Recurso de Nulidad N° 1366 – 2017 – Loreto, a través del Método Descriptivo 

Explicativo, cuyo diseño fue no experimental ex post facto. De lo cual se ha obtenido 

como Resultado, que el Colegiado Supremo, ha establecido que La retractación 

plenarial del imputado carece de toda razón ya que en sede policial en diligencias 

preliminares declaro hechos diferentes a lo mencionada en juicio oral. En conclusión, de 

lo analizado en el presente Recurso, el código procesal penal, por lo que es válido 

mencionar que al establecer como medio de prueba la confesión es necesario que se 

produzcan ciertas condiciones dentro de ellas algunos requisitos, asimismo según el 

RN. 1366 -2017 la retractación del imputado en audiencia puede no tomarse como 

validad según las variantes y condiciones en las que se atraviesa por lo que el juez tiene 

un arduo trabajo en dicho momento. 

Asimismo, la metodología aplicada en el presente trabajo fue el de tipo analítico 

descriptivo explicativo, a razón de que el instrumento que se ha utilizado fue la ficha de 

recolección de datos tales como el Recurso de Nulidad mencionada líneas arriba, 

también el código Procesal Penal entre algunos libros de diferentes autores tales como 

ejemplo “La Prueba Penal en la Jurisprudencia de los Altos Tribunales de Justicia de 

Elky A. VILLEGAS PAIVA, Giammpol Taboa Pilco “Código Procesal Penal Comentado 

Tomo II, entre otros   

 

Palabras claves: confesión, medio de prueba, Recurso, Nulidad, Requisitos, proceso 

Penal, retractación. 

 

 



 

 

11 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad el análisis del Recurso de 

Nulidad 1366 – 2017 Loreto y que a través de diversas fuentes de estudiosos del 

Derecho vamos a poder esclarecer ciertos aspectos sobre la confesión y su 

actuación dentro del Derecho Penal actual, pues la intención del presente trabajo 

también es la de poder ayudar en fijar los aspectos o requisitos que se deben 

tomar en cuenta cuando se aplica la confesión de una persona en este caso la 

del imputado, siendo así que a través de la búsqueda de fuentes y medios de 

prueba así como su ofrecimiento, admisión , actuación y valoración se encuentra 

sujeta a principios y reglas pues la confesión es un acto procesal en el que caería 

quizá la pregunta ¿si debemos confiar o que tan confiable es la confesión? pues 

dentro de esta investigación vamos a poder dilucidar los parámetros, requisitos 

y principios para la aplicación correcta de la confesión como medio de prueba. 

Asimismo podemos mencionar que dentro del proceso penal se desarrolla una 

actividad del poder público tendente al descubrimiento de los delitos, 

identificación de los responsables y aplicación de las consecuencias jurídicas de 

la infracción penal incluyendo la reparación del daño a la víctima, pues esto 

claramente estaríamos hablando de la confesión, siempre y cuando esta sea 

obtenida lícitamente dentro de los parámetros que la ley contempla y mediando 

siempre los requisitos y principios de las que los administradores de justicia no 

se pueden separar. 

Entonces, de los ya mencionado líneas arriba y hemos comentado sobre la 

confesión en tal sentido hacemos un punto aparte y siguiendo dentro del tema 

de análisis hacemos mención también sobre las Resoluciones y la falibilidad 

humana, el legislador establece en la ley procesal un conjunto de medios 

impugnatorios que tienen en común buscar su reexamen y obtener una reforma 

en la decisión judicial impugnada, convirtiéndose de esta manera en una garantía 

fundamental del ciudadano a fin de obtener el resultado con el cual va a 

satisfacer su pretensión y obtener una correcta administración de justicia. Pero 

no todas las resoluciones judiciales se pueden impugnar; solo se impugnan las 

previstas en la ley procesal (Principio de Taxatividad) y cada resolución judicial 



 

 

12 

 

tiene su medio impugnatorio apropiado (Principio de Pertinencia), todo esto 

referido a las decisiones del Juez durante la tramitación del proceso penal. 

 

Ante tal situación hay que definir con responsabilidad a lo que se refiere el 

recurso de nulidad, entendiéndose que, es un medio de impugnación de mayor 

jerarquía entre los recursos ordinarios que se ejercitan en el procedimiento penal 

peruano. El recurso de nulidad, tiene un doble carácter así como también 

podemos mencionar que es una situación genérica de invalidez del acto jurídico, 

que provoca que una norma, acto jurídico, acto administrativo o acto 

procesal deje de desplegar sus efectos jurídicos, retrotrayéndose al momento de 

su celebración. Para que una norma o acto sean nulos se requiere de una 

declaración de nulidad, expresa o tácita y que el vicio que lo afecta sea 

coexistente a la celebración del mismo, el Recurso de Nulidad podemos 

encontrarlo debidamente citada en el art. 292 del Código Procedimientos 

Penales. 

 

Ahora bien, el objetivo del Recurso de Nulidad se circunscribe a las 

impugnaciones dirigidas contra los defectos de lugar, de tiempo o de forma que 

pudieren afectar a alguna resolución en sí misma, quedando por lo tanto 

excluidas de dicho ámbito aquellas irregularidades que afecten a los actos 

procesales que la precedieron. 

Ahora bien, si ingresamos a la confesión como medio probatorio podemos indicar 

que el proceso penal tiene como uno de sus objetivos la búsqueda de la verdad 

material la cual solo puede ser acreditada en el proceso a través de las diversas 

fuentes y medios de prueba que se hagan valer en él, en tanto es la prueba la 

que permite fijar los hechos a la que el juez, en su sentencia, aplicará el Derecho, 

siendo así, la búsqueda de fuentes y medios probatorios, así como su 

ofrecimiento y en tal caso la Confesión, su actuación, admisión y valoración se 

encuentra sujeta a principios y reglas, los cuales en la presente investigación a 

través de un gran análisis de los diferentes textos y normas que hemos podido 

recopilar para poder plasmarlo dentro de esta humilde pero eficiente trabajo.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_procesal
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_procesal


 

 

13 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1.1 ANTECEDENTES A LA INVESTIGACIÓN 

 

● Respecto a la Confesión 

 

La Declaración Americana sobre Derechos Humanos que en su Art. 8 inc. 3 

prescribe que “La confesión del imputado solamente es válida si es hecha sin 

coacciones de ninguna naturaleza.” Asimismo, el Art. 14 inc. 3º, letra g, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona 

acusada de un delito tiene derecho a “no ser obligada a declarar contra sí misma 

ni confesarse culpable”. Nuestro actual código procesal penal, si bien en su Título 

II habla de los medios de prueba, e incluye en su capítulo I la confesión. Desde 

una perspectiva general es una declaración auto inculpatoria del imputado que 

consiste en el expreso reconocimiento que formula el haber ejecutado el hecho 

delictivo que se le atribuye. 

Como declaración que es debe reunir un conjunto de requisitos externos - sede 

y garantías - e internos - voluntariedad o espontaneidad y veracidad con su 

comprobación a través de otros recaudos de la causa - (Acuerdo Plenario N° 5- 

2008/CJ-116, fundamento jurídico 19). 

 

 En el Recurso de Nulidad N° 1609-2010-Huánuco se consideró que el 

encausado cuestiona el extremo que declaró su responsabilidad penal por 

los hechos imputados, alegando insuficiencia probatoria; que, sin 

embargo, dichos agravios carecen de fundamentos, en tanto que él se 

acogió a la conclusión anticipada del juicio oral y conforme al Acuerdo 

Plenario N° 5-2008/CJ-116, en el procedimiento de conformidad procesal 

no puede agregarse ni reducir los hechos o circunstancias descritos por 

el fiscal y aceptados por el imputado y su defensa, tampoco pueden 

pronunciarse acerca de la existencia o no de pruebas o elementos de 



 

 

14 

 

convicción (fundamento jurídico 3). En el caso de autos, el acusado realizó 

una declaración motu proprio, en presencia del representante del 

Ministerio Público y su abogado defensor, y durante un acto público 

reconoció su responsabilidad, por tanto, no se infringió su derecho a la no 

autoincriminación, sino que es un reconocimiento de culpabilidad 

permitido por ley y que, en todo caso, hizo uso del ejercicio de su libertad 

de autodeterminación (fundamento jurídico 4). 

 

 En el Recurso de Nulidad N° 2642-2014-Lima se consideró que en el caso 

de autos no cabía admitir la conclusión anticipada, puesto que en la sesión 

del juicio oral, el imputado, al ser preguntado respecto de considerarse 

responsable de los hechos materia de acusación -conclusión anticipada 

del proceso-, respondió afirmativamente; no obstante, al momento de 

tomar la palabra su defensor, luego de aceptar la conformidad de su 

patrocinado, pidió que se tomará en cuenta la versión exculpatoria de 

este, en tanto que desconocía la edad real de la agraviada, pues creía 

que contaba con quince años de edad, y que la relación sexual mantenida 

fue de mutuo acuerdo y con consentimiento de la menor, más aún que no 

se le hallaron signos de violencia física (fundamento jurídico 2.3). Lejos 

de solicitar a la defensa aclare la contradicción suscitada o explicara al 

imputado sobre el carácter del asentimiento efectuado, el Colegiado 

Superior emitió la sentencia conformada, lo que constituye un error del 

órgano judicial que la Fiscalía presente en el acto tampoco advirtió 

(fundamento jurídico 2.4). En consecuencia, se ha incurrido en causal de 

nulidad insalvable, por lo que, corresponde declarar la nulidad de la venida 

en grado para que se inicie el juzgamiento y se emita un pronunciamiento 

arreglado a ley (fundamento jurídico 2.5). 

 

 En el Recurso de Nulidad N° 472-2010-Apurímac se consideró que, en lo 

concerniente a la situación jurídica del encausado, la prueba de cargo es 

sólida: fue capturado en flagrancia delictiva cuando integraba un grupo de 

personas que transportaban droga en sus mochilas. La ocurrencia policial 

y el acta de registro e incautación, en concordancia con los dictámenes 



 

 

15 

 

periciales químicos y de balística forense, son definitivos. En su 

manifestación prestada con asistencia del fiscal y de su abogado 

defensor, admitió los cargos, aunque trató de minimizarlos alegando que 

ocasionalmente integró el grupo de “mochileros” y que, luego de aceptar, 

los sujetos le dijeron que, si se escapaba, lo matarían. La alegación de 

que fue maltratado por la policía para que admita los cargos no tiene base 

material. Las lesiones levísimas que presenta no fueron inferidas en el 

acto de su declaración, sino con motivo de su captura. En sede sumarial 

y plenarial, retractándose, afirmó que fue amenazado por “Sihuas”, el líder 

del grupo, para que traslade parte de la droga que ellos transportaban. 

Empero, tal versión no tiene el menor fundamento probatorio -es claro, 

por lo demás, que toda versión excluyente de responsabilidad, 

habiéndose acreditado la materialidad del transporte de droga en este 

caso, debe ser probada por quien la alega, lo que no ha sucedido en el 

presente caso- (fundamento jurídico 8). 

 

EVOLUCION DEL VALOR PROBATORIO DE LA CONFESIÓN: 

 

En la edad media y comienzos de la moderna a la confesión se la llamó la “REINA 

DE LA PRUEBAS”. Para la antigua doctrina, la confesión bastaba para dar por 

demostrado el cuerpo del delito. Si el sospechoso no confesaba en forma 

espontánea se utilizaban medios violentos para averiguar la verdad, como la 

tortura. La filosofía del siglo XVIII, marca un nuevo rumbo al consagrar el respeto 

a las personas y a la libertad individual. 

la época de las grandes Codificaciones, era claramente inquisitivo. Ello se 

manifiesta, especialmente, en su carácter secreto, en la asunción por parte del 

juez de las labores de acusación, investigación y enjuiciamiento, en la patente 

desigualdad entre las partes en perjuicio del imputado y en la vigencia del 

sistema de prueba tasada, en el que el medio de prueba que cobraba mayor 

protagonismo era la confesión, que podía ser obtenida haciendo uso de la 

tortura. 



 

 

16 

 

El fundamento de esto último se encontraba en la influencia del proceso canónico 

en el proceso penal. El imputado que tiene la consideración de presunto 

delincuente es un pecador y, como tal, debe confesar su culpa, no ante Dios, 

sino ante la justicia de los hombres y, si para ello es necesario, se le conmina a 

hacerlo mediante el tormento. Esto encuentra explicación en tanto que el sistema 

procesal inquisitivo del Antiguo Régimen tomaba como punto de partida la 

presunción de culpabilidad: el tormento o en general cualquier medida destinada 

a obtener una declaración autoinculpatoria que pudiera servir para fundamentar 

por sí sola una sentencia de condena no era sino la consecuencia de la 

existencia de una serie de prejuicios acerca de la culpabilidad del imputado. 

Muestra de ello es que la confesión solo tenía valor probatorio cuando era 

inculpatoria, siendo en este caso la prueba decisiva, pero no se le otorgaba valor 

alguno cuando el reo mantenía su inocencia. Incluso en este caso no se 

eliminaba totalmente la posibilidad de condena, ya que era suficiente justificarla 

sobre la base de meras sospechas de culpa. 

Es precisamente en este aspecto donde se han producido uno de los avances 

más importantes de nuestro sistema procesal: el establecimiento de normas que 

impiden que el procesado sea obligado a colaborar en la averiguación de los 

hechos, puesto que se presume que es inocente del delito que se le imputa. 

Ciertamente, la idea de colaboración en el esclarecimiento de los hechos 

presupone la idea misma de culpabilidad, pues se pretende con ello que el 

imputado declare su participación en los mismos y no entorpezca la 

investigación. Así, antes de las reformas legislativas habidas al respecto a lo 

largo del siglo XIX, el sujeto procesado o simplemente, sospechoso de la 

comisión de un delito- estaba sometido a determinadas actuaciones procesales 

durante la fase sumarial que ponían de manifiesto su deber de colaboración con 

la justicia, puesto que todas ellas estaban dirigidas a obtener su confesión: si se 

declaraba culpable recibiría beneficios en relación con la pena; se le tomaba 

juramento antes de prestar declaración, en tanto no se le reconocía un derecho 

al silencio y a no declarar contra sí mismo en los términos en los que hoy lo 

conocemos; se le sometía a “indagación” (diligencia que consistía en dirigirle 

preguntas capciosas, engañosas o sugerentes, a fin de hacerle incurrir en 



 

 

17 

 

contradicciones que posteriormente pudieran ser utilizadas como indicios de 

cargo), al trámite de la “confesión con cargos” (el juez le exponía todos los 

indicios reunidos contra él para que alegara lo que estimara oportuno) y, por 

último, en los casos de delitos muy graves, el procesado podía ser sometido al 

tormento como último recurso para obtener su confesión. 

Esta última institución, la del tormento, no constituía una prueba en sí misma 

considerada, sino un medio para obtener la confesión, que era la prueba plena 

fundamental. Por ello, la confesión prestada con ocasión del tormento no era 

válida, puesto que era consecuencia inmediata del dolor que le producía tal 

medida - físico o, en caso de tratarse del primer grado de aplicación, moral, 

entendido como temor o miedo ante la expectativa de ser sometido a un 

instrumento de tortura-, de tal modo que el sujeto tenía que ratificarla, al menos, 

veinticuatro horas después en presencia judicial, concediéndole así un valor 

probatorio irrefutable. 

 

Pero todavía hay un dato más que apoya la idea de que el proceso penal durante 

el Antiguo Régimen no solo desconocía la presunción de inocencia, sino que 

partía del presupuesto contrario, de la presunción de culpabilidad: una vez 

practicadas todas las diligencias encaminadas a la obtención de la confesión del 

imputado, y sin que estas hubieran alcanzado un resultado satisfactorio, si al 

juez le quedaban dudas acerca de la culpabilidad, no solo no pesaba sobre él la 

obligación de absolver al acusado, sino que tenía la posibilidad de dictar una 

sentencia condenatoria considerando probado un delito menos grave del que 

había sido objeto de acusación. 

El sistema de probanzas y presunciones del Derecho de los siglos XIII a XVIII 

estaba construido precisamente para condenar tan solo con indicios de culpa, 

para lo cual, por un lado, los indicios servían como base para poner en práctica 

el mecanismo tendente a obtener la confesión del reo indiciado, bien de modo 

espontáneo o bien por medio del tormento; y por otro lado, podían considerarse 

como bastantes para producir la semiplena probatio, en virtud de la cual el juez 

no podía imponer al reo la pena legal ordinaria prevista para el delito, que solo 

se imponía tras la plena probatio, pero sí podía imponerle una pena 



 

 

18 

 

extraordinaria, moderada según el arbitrio del juez (“pena arbitraria”), aunque 

menor que la ordinaria. 

Por último, gracias al principio de desigualdad en y ante la ley penal, los 

integrantes de los estamentos privilegiados, amparados por la fama u honra que 

les deparaba el hecho de serlo, gozaban ciertamente de una presunción 

protectora contra los indicios de culpabilidad (salvo en los delitos de lesa 

majestad divina y humana), pero por el mismo mecanismo la simple existencia 

de algún indicio de culpa contra los miembros del estado. 

 

2.1.2 DEFINICIONES TEÓRICAS 

 2.1.2.1. Sobre la Confesión como medio probatorio en el Proceso Penal 

 

❖ La Confesión.  

La confesión es la manifestación espontánea que hace el acusado ante la 

autoridad judicial, mediante la cual reconoce ser autor, cómplice o encubridor de 

un delito. 

La confesión para constituirse como tal debe darse cuando el imputado acepta 

los cargos o la imputación presentada por el fiscal. Sin embargo, se brinda 

garantías a esta aceptación para darle valor probatorio cuando es debidamente 

corroborada con otros elementos de convicción. La autoincriminación es 

insuficiente para sustentar una condena porque puede darse el caso que se 

reconozca el delito y no haya información adicional que confirme la confesión. 

Se deberá establecer que la confesión sea dada libremente, es decir que no 

haya, por ejemplo, violencia física o psicológica de por medio. Además, se debe 

apreciar que el confeso esté gozando de facultades psíquicas normales y que la 

confesión sea prestada ante el juez o el fiscal, pero siempre con presencia de su 

abogado defensor. Si no se cumplen estas garantías perderá mérito probatorio 

(artículo 160 del NCPP). 

Giammpol Taboada Pilco; La declaración del imputado es un género que 

abarca tanto la declaración autoinculpatoria confesión y conformidad como la 

declaración exculpatoria. En resumen, las manifestaciones del imputado frente 



 

 

19 

 

al delito pueden ser de tres maneras: a) como declaración, que puede ser 

autoinculpatoria o exculpatoria; b) como confesión, equivalente a la declaración 

autoinculpatoria; y c) como conformidad, con los hechos, con su calificación 

jurídica, con la pena y reparación civil. En resumen, cuando la declaración del 

imputado es autoinculpatoria, técnicamente será una confesión, la cual, por 

cierto, debe encontrarse corroborada con otros elementos de convicción para 

calificar como medio de prueba. 

 

La conformidad1 es una especie de confesión que se produce cuando además 

de aceptar su participación en el acto delictivo que se le atribuye, también 

contiene la conformidad con la calificación jurídica de los hechos confesados, 

con la pena y la reparación civil, en cuyo caso se dictará una sentencia 

condenatoria, sea a través del proceso especial de terminación anticipada antes 

del juicio (artículo 468 del Código Procesal Penal de 2004) o a través de la 

conclusión anticipada al inicio del juicio (artículo 372 del Código Procesal Penal 

de 2004). En la conformidad procesal, el imputado admite los hechos objeto de 

acusación fiscal. Solo se le pide, si así lo estima conveniente y sin necesidad de 

una explicación o un relato circunstanciado de los hechos que es lo típico de una 

declaración ante la autoridad de cara a la averiguación de los hechos o a la 

determinación de las afirmaciones de las partes, según la etapa procesal en que 

tiene lugar, aceptar los cargos y una precisión adicional acerca de las 

consecuencias jurídico - penales, a fin de obtener un pronunciamiento judicial 

inmediato, una sentencia de conformidad (Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116, 

fundamento jurídico 19). 

 

Se pone notorio de este modo que el pensamiento que conquistaba la creación 

de la certeza judicial era fundamentalmente la de entender que existía un deber 

jurídico del sujeto procesado de ayudar en la investigación de los hechos 

delictivos y de su intervención en ellos. Y esto por algunos motivos 

fundamentales: En la cima de ello, porque la finalidad postrimera atribuida al 

proceso era la búsqueda de la verdad por encima de cualquier otro tipo de interés 

                                                      
1 Giammpol Taboa Pilco “Código procesal penal comentado Tomo II,”, Gazeta Juridica, Lima, 2020, pg. 160. 

 



 

 

20 

 

o derecho que pudiera corresponderle al imputado. Para Eerrajoli, esta es una 

de las diferencias fundamentales entre los sistemas inquisitivo y acusatorio. Para 

este autor, si bien ambos sistemas persiguen el mismo fin (la obtención de la 

verdad), en el primero ese fin justifica los medios (cualquier medio de obtención 

de la verdad es útil para obtener la certeza, siendo las garantías procesales, 

especialmente la defensa, meros obstáculos), mientras que en el segundo el fin 

solo se justifica por los medios utilizados para su consecución, ya que se trata 

de un sistema basado en las garantías del imputado. En segundo lugar, porque 

resulta evidente el desconocimiento de la presunción de inocencia como criterio 

inspirador del proceso. Solo la consideración del mero sospechoso como autor 

de un delito desde el mismo momento de su aprehensión, explica la aplicación 

de medidas como la indagatoria, la confesión con cargos o, como medida más 

dramática, el tormento. La necesidad de conseguir a toda costa que el procesado 

llegara a la fase plenaria del proceso “convicto y confeso” determinaba la 

utilización de todos los medios al alcance del aparato judicial para lograr dicha 

finalidad. 

La confesión sincera debidamente comprobada puede ser considerada para 

rebajar la pena del confeso hasta en una tercera parte por debajo del mínimo 

legal, salvo que se trate de los delitos previstos en los artículos 107º, 108º, 148º-

A, 152º, 153º, 153º-A, 173º-A, 174º, 177º, 186º, 188º, 189º, 196º, 200º, 296º, 

296º-B 

 

LA CONFESIÓN. 

● Mittermaier2, al analizar los motivos de la confesión, señalaba que la 

sociedad “nunca se muestra más convencida de la culpabilidad del 

acusado, que cuando sabe que ha emanado de él una confesión 

completa”, por ello, el desarrollo histórico del proceso penal ha 

demostrado la marcada tendencia, de quien oficia de instructor, en lograr 

por cualquier medio y a cualquier precio la aceptación o el reconocimiento 

de los hechos incriminatorios por parte del imputado, muchas veces con 

                                                      
2 Jorge A. PÉREZ LÓPEZ “La Prueba en el Código procesal penal de 2004,”, Gazeta Juridica, Lima, 2012, pg. 197. 



 

 

21 

 

manifiesto desprecio y menoscabo a su libertad y dignidad; haciéndose 

uso, de manera formal, de la violencia en todas sus manifestaciones, 

como sería el caso de la tortura y amenaza propios del sistema inquisitivo 

puro (vigente durante los siglos XIII al XVIII), en el que la búsqueda de la 

verdad histórica del caso, a través de la reconstrucción fáctica “de primera 

mano” por el mismo agente infractor llevó a considerar a la confesión 

como prueba plena, directa y suficiente (“la reina de las pruebas”, principal 

prueba o la probatio probatissima) pese a contrariar tal acto, el natural 

“instinto de conservación de inocencia” o la “esperanza de exculpación” 

del imputado en el proceso, en la experiencia común de que todo hombre 

de sano juicio evita y rechaza aquello que pueda causarle perjuicio. 

 

Con la irrupción del pensamiento liberal en el proceso penal reformado 

del siglo XIX se abrió paso a la idea de que el imputado debía ser 

reconocido como un sujeto procesal dotado de derechos autónomos en el 

proceso, y que podía hacer valer sus facultades, derechos y garantías 

constitucionales desde el momento mismo en que se le atribuía 

participación en un hecho punible. Esta posición provenía de la 

consideración estricta del principio de presunción de inocencia o de no 

culpabilidad que superaba aquella concepción inquisitiva que tendía a ver 

al imputado como un objeto del procedimiento y de la investigación 

judicial, o sea, como una fuente de información destinada a la 

averiguación de la verdad material. 

 

La evolución del Derecho Procesal Penal y, en especial, de la doctrina de 

los derechos y garantías del procesado, lleva a afirmar en la actualidad 

que la confesión es insuficiente para dictar una condena, o mejor, para 

destruir la presunción de inocencia. A esto hay que añadir la evolución de 

la ciencia y la técnica: a medida que en el proceso penal se han ido 

utilizando métodos científicos para el descubrimiento de la verdad, la 

confesión ha ido perdiendo eficacia. No obstante, todavía se mantiene un 

marcado interés por lograr la confesión del inculpado, tres razones 

explican este fenómeno según Cafferata Nores. 



 

 

22 

 

1) El juez teniendo una confesión se siente más tranquilo al dictar una 

sentencia condenatoria; 

2) No es el juez quien condena al imputado, sino que es el mismo 

imputado que confesando se condena, asimismo; y  

3) La confesión lleva a la sociedad, a la opinión pública, a una 

impresión indubitable de la justicia del pronunciamiento; la 

comunidad frente a un imputado confeso no duda normalmente de 

la corrección de la sentencia. 

 

En nuestro medio, Cubas Villanueva señala que el uso y abuso exagerado 

de la confesión frente a un hecho delictivo no solo correspondía a la 

Policía Nacional3, encargada de la investigación preliminar (institución 

interesada en encontrar “un culpable” que se autoinculpe mediante una 

confesión), sino también a los magistrados que se preocupaban 

demasiado por “arrancar” una confesión; esto ocurría, inclusive, cuando 

existían otras pruebas fehacientes en el expediente sobre la comisión del 

delito y la responsabilidad del procesado, pese a lo cual se insistía, una y 

otra vez, que el acusado diga la verdad y señale si era el autor del delito. 

La confesión se encuentra regulada en el artículo 160 del Código Procesal 

Penal de 20044 como un medio de prueba, consistente en el 

reconocimiento sincero y espontáneo de los hechos incriminatorios por la 

persona sobre quien recae una imputación formal imputado, y que para 

su validez y eficacia requiere ser confirmado con el resto de material 

probatorio actuado válidamente en el proceso penal instaurado en su 

contra. De ser considerada antes prueba plena, ahora “es un medio de 

                                                      
3 Lo mencionado conllevaba a que la actividad investigadora de la Policía Nacional sea constantemente puesta en tela de juicio por 

los abogados defensores, que en la mayoría de los casos sostenían, con razón o sin ella, que se habían logrado declaraciones 

utilizando la violencia contra los inculpados. 
4 Artículo 160 del Código Procesal Penal de 2004 1. La confesión, para ser tal, debe consistir en la admisión de los cargos o 
imputación formulada en su contra por el imputado. 2. Solo tendrá valor probatorio cuando: a) Esté debidamente corroborada por 

otro u otros elementos de convicción; b) Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas; y, c) Sea prestada 

ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado. 



 

 

23 

 

prueba más, pero no cualquiera”, pues siempre su presencia dará un plus 

de certeza para sustentar una sentencia condenatoria5. 

Al realizar un análisis de la confesión podemos distinguir entre el examen 

formal, que versa sobre su integridad y su libre producción o, por el 

contrario, si es constreñida o sugerida, y el examen material, referente a 

su motivo. Convincente resulta la confesión nacida del arrepentimiento, 

de la conciencia de la culpabilidad o, sencillamente, de la resignación ante 

lo inevitable. Mucho menos lo parece la que surge de sentimientos 

extraños a la verdad de los hechos: el enternecimiento o la depresión a 

consecuencia de prolongados interrogatorios; la esperanza de obtener la 

clemencia de los jueces; el deseo de aparecer en asuntos sensacionales; 

la necesidad instintiva de efusión ante actos que han producido una fuerte 

impresión; la venganza contra un cómplice o, al contrario, el deseo de 

encubrirlo, entre otros móviles. Resulta importante, pues, conocer el 

motivo que ha determinado la confesión, para apreciar la credibilidad de 

esta. 

A diferencia del Código de Procedimientos Penales de 1940, el Código Procesal 

Penal de 2004 (en adelante, CPP) define la confesión y establece las 

condiciones y criterios para que el juez le otorgue valor probatorio. La confesión 

debe consistir en la admisión, por parte del imputado, de los cargos o imputación 

formulada en su contra. 

Para Manzini, la confesión consiste en cualquier voluntaria declaración o 

admisión que un imputado haga de la verdad de los hechos o circunstancias que 

importen su responsabilidad penal, o que se refieran a la responsabilidad o a la 

irresponsabilidad de otros por ese mismo delito. Sería la expresión voluntaria y 

libre del imputado por la que reconoce y acepta ante el tribunal su 

responsabilidad por el hecho que se le atribuye, la cual puede ser total o parcial. 

Para Parra Quijano6 la confesión es la declaración del acusado (en sentido 

genérico), por la cual narra o reconoce ser el autor de unos hechos que la ley 

                                                      
5 Giammpol TABOADA PILCO – Código procesal penal comentado Tomo II,”, Gazeta Juridica, Lima, 2020, pg. 

215 
6 Jairo PARRA QUIJANO. Manual de Derecho probatorio. 3ra. Edición, del Profesional, Bogotá, 1992, pg. 180. 



 

 

24 

 

penal describe como delito. En nuestro medio, para Mixán Mass7, la confesión 

en el procedimiento penal es un acto procesal que consiste en la declaración 

necesariamente personal, libre, consciente, sincera, verosímil y circunstanciada 

que hace el procesado, ya sea durante la investigación o el juzgamiento, 

aceptando total o parcialmente su real autoría o participación en la perpetración 

del delito que se le imputa. 

De lo mencionado líneas arriba, se entiende por confesión, la declaración que en 

contra de sí hace el imputado, reconociéndose culpable del delito y demás 

circunstancias. En rigor, la confesión importa la admisión del procesado de haber 

cometido una conducta penalmente típica, aun cuando contenga alegaciones 

encaminadas a atenuar o a excluir la pena8, es el reconocimiento formulado libre 

y voluntariamente ante la autoridad competente por el imputado, acerca de su 

participación en el hecho que funda la pretensión represiva. 

ya deducida en su contra. Se la suele denominar confesión simple y llana, si se 

admite el hecho principal pero sin incorporar una circunstancia de atenuación, 

justificación o exculpación; en tanto que se la llama confesión calificada si se le 

añaden circunstancias capaces de excluir o atenuar la responsabilidad penal 

(por ejemplo: maté, pero violentamente emocionado); en esta última hipótesis es 

posible, si se acredita (por elementos objetivos independientes) la inexistencia 

de la disculpa, aceptar el reconocimiento de participación en el hecho y valorarlo 

como prueba de cargo. 

La confesión, como vemos, puede ser manifestada como narración de los 

hechos o como aceptación de la verdad de los cargos formulados. Se muestra 

como una decisión voluntaria del imputado, que implica no solo el haber optado 

por manifestarse sino también de hacerlo en su contra; y en ese preciso 

momento puede ser que adquiera el deponente, en virtud de la 

autoincriminación, la calidad de imputado, si es que esta no se obtuvo con 

                                                      
7 Florencio MIXÁN MASS. La prueba en el procedimiento penal. Ediciones jurídicas, Lima, 1999, pg. 59. 
8 Alberto Néstor CAFETZÓGLUS. Delito y confesión. Hammurabi, Buenos Aires, 1982, pg. 29 



 

 

25 

 

anterioridad, por el hecho de haber sido detenido o sindicado como autor o 

partícipe del hecho delictuoso9. 

Mittermaier sostenía que no hay nada más natural que dar crédito al acusado, 

cuando se refiere a las observaciones de sus propios sentidos, ya que mejor que 

nadie conoce el secreto de todas las circunstancias del crimen, mas no es exacto 

que este solo testimonio produjera la convicción del juez. 

Entendemos que el artículo 160 del CPP regula tanto los casos de confesión, en 

conjunto con la existencia de otras pruebas de cargo autónomas o directas, y la 

confesión como única prueba directa rodeada de elementos de convicción que 

la sostienen. 

2.1.2.2. Naturaleza Jurídica y Valor Probatorio de la Confesión. 

La declaración del imputado, como regla general, constituye un medio de 

información de los cargos objeto de imputación criminal y de los derechos que le 

asiste al investigado; asimismo, es un medio de defensa de la misma opinión es 

Juan Montero Aroca10, expresión del derecho a la no autoincriminación (nemo 

tenetur edere contra se, es decir, nadie está obligado a declarar en su contra), 

tanto en su dimensión negativa de abstención de declarar, como en su dimensión 

positiva de aceptación de declarar, sin prestar juramento de decir la verdad o 

promesa de honor. 

La confesión en un sistema acusatorio adversarial es vista como una decisión 

estratégica, en miras a obtener beneficios prémiales concretos, como la 

utilización de diversas salidas alternativas de solución del conflicto jurídico-penal, 

permitiendo en algunos casos evitar la condena, previa reparación efectiva del 

daño al agraviado (como en el principio de oportunidad), en otros casos, la 

imposición de condena pero con reducción de la pena, sin necesidad de exponer 

el caso a juicio público (como en la terminación anticipada del proceso). La 

perspectiva objetiva de la confesión como estrategia de defensa técnica, no 

descarta de plano que tal reconocimiento de los hechos delictivos por parte del 

                                                      
9 Eduardo M JAUCHEN. Tratado de la prueba en materia penal. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2004, pg. 232. 
10 Juan Ver MONTERO AROCA. Principios del proceso penal. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pg. 157 



 

 

26 

 

imputado pueda derivar de un plano subjetivo de profundo y sincero 

arrepentimiento11. 

Si la libre declaración del imputado contiene la admisión de la imputación 

formulada en su contra, confirmada con el material probatorio actuado en el 

proceso, se convierte en medio de prueba (artículo 160 del CPP), que permite la 

realización de los principios de economía, celeridad y eficacia procesal. 

evitando las complicaciones procesales que pudieran presentarse en la 

búsqueda de la verdad de la hipótesis acusatoria. La confesión como 

manifestación de la libertad y voluntad del imputado, puede sin lugar a dudas ser 

considerada como medio de prueba tal como se ha reconocido de lege lata en la 

codificación procesal; sin embargo, al consistir en una autoincriminación necesita 

ser corroborada con otros medios de prueba a fin de establecer un grado de 

convencimiento12. 

La confesión es un medio de prueba, por ello, como todas las pruebas 

producidas en el proceso penal, deberá ser valorada. A tal fin, cabe señalar 

algunos aspectos: a) Es preciso, en primer término, verificar si la confesión reúne 

los requisitos mínimos para ser considerada válida; solo la respuesta positiva a 

esta interrogante permitirá seguir adelante; b) Es necesario destacar, asimismo, 

que la confesión, por regla general, es contraria al instinto de conservación, 

porque es una declaración contraria a quien la formula; por eso, se deberá 

analizar rigurosamente las causas de su producción y las formalidades de su 

obtención; c) No es admisible, en el proceso penal moderno, la idea de la 

indivisibilidad de la confesión; d) Es preciso verificar la sinceridad del 

reconocimiento de culpa, lo cual abarcará no solo la preocupación por la 

capacidad mental del confesante, sino también la inquietud por su propósito de 

confesar la verdad; e) El hecho confesado tendrá que ser posible, verosímil, 

coherente y concordante con otros medios de prueba; f) La eficacia probatoria 

de la confesión estará directamente relacionada con que sea circunstanciada 

(lugar, tiempo y modo), tal aspecto puede ser decisivo en el momento de su 

                                                      
11 César HINOSTROZA PARIACHI. La confesión sincera en el proceso penal y su tratamiento en el nuevo Código Procesal Penal. 

APECC, Lima, 2005, pg. 179-182. 
12 Alonso Raúl PEÑA CABRERA FREYRE. Exégesis del nuevo Código Procesal Penal. Rodhas, Lima, 2006, pg. 439. 



 

 

27 

 

valoración; y, g) En caso de que se produjera una retractación posterior, habrá 

que atender a la calidad de las razones del cambio de posición y a su credibilidad 

objetiva y subjetiva. 

Es importante señalar que la confesión como medio de prueba no es de admisión 

unánime por parte de la doctrina, en la medida, que el imputado no puede ser 

considerado como una fuente de prueba que pueda sostener la imputación 

criminal, en tanto, a él le asiste la presunción de inocencia, donde su declaración 

solo puede tener efectos válidos en razón de su irrestricto derecho de defensa; 

de otro lado, al imputado no le asiste el deber de declarar, de aportar prueba en 

su contra y además tiene el derecho de guardar silencio13. Claus Roxin14 plantea 

que la confesión no es un medio técnico de prueba en puridad, pues el imputado 

tiene derechos constitucionales como los relativos al silencio15, a la libre 

declaración y a la no autoincriminación (garantías subjetivas). 

Como bien manifiesta Ferrajoli, “la confesión, que en el sistema inquisitivo es 

arrancada por cualquier medio pero vinculada legalmente al juicio, en el sistema 

acusatorio y Sistema 

 está sujeta a una larga serie de reglas de formación, como la espontaneidad, la 

no incidentalidad, la univocidad, etc., y sin embargo, carece de todo valor 

decisorio, más exactamente, no puede tener ningún valor probatorio si no va 

acompañada de otro elemento de juicio”16; es por ello, que el valor probatorio de 

la confesión ha sido regulado en el artículo 160.2 del CPP. 

Hoy a nivel doctrinario se considera a la confesión como “un indicio importante o 

principio de prueba que debe ser confirmada por otros medios”17. La confesión 

en nuestro ordenamiento jurídico es un elemento de prueba y debe ser valorado 

con arreglo a la sana crítica (referida a que el juzgador no podrá tomar una parte 

                                                      
13 Alonso Raúl PEÑA CABRERA FREYRE. Exégesis del nuevo Código Procesal Penal. Rodhas, Lima, 2006, pg. 439. 
14 Citado por José M. ASENCIO MELLADO, La prueba prohibida y la prueba preconstituida. Trivium, Madrid, 1986, pg. 133 y ss. 
15 El imputado tiene derecho a no declarar sin que de aquello puedan extraerse consecuencias negativas en su contra; si el imputado 

decide guardar silencio, no puede, a partir de ello, concluirse su culpabilidad, puesto que lo que ejerce es un derecho (reconocido por 

el inciso 2 del artículo 87 del Código Procesal Penal) que desde un inicio debe ser informado al justiciable por la policía o el 

representante del Ministerio Público, ya que el común de las personas ignoran que pueden usar del silencio como defensa y que ello 

no les causará perjuicio alguno. El derecho a mantenerse silente puede ser ejercido de modo absoluto (no se declara) o parcial (negativa 
a declarar respecto a determinado aspecto) y es de carácter disponible, de modo tal que si –luego de producida la negativa– el imputado 

desea declarar, podrá hacerlo sin ninguna restricción. 
16 Luigi FERRAJOLI. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Trotta, Madrid, 1995, pgs. 609, 610 y 612. 
17 Fernando GÓMEZ DE LIAÑO. La prueba en el proceso penal. Forum, Oviedo, 1991, pg. 101. 



 

 

28 

 

de ella que aparezca sincera, rechazando las demás) y al criterio de conciencia 

de los jueces, debiéndose apreciar como una unidad. En nuestra legislación, la 

confesión sincera del procesado es considerada también como un supuesto de 

atenuación para la graduación de la pena. 

Actualmente la confesión está siendo progresivamente desplazada por otras 

pruebas de carácter científico con las que se puede lograr mayor grado de 

certeza. Frente a ella, el juez penal no queda dispensado del deber de proseguir 

la investigación, al punto de que puede aún apartarse de la confesión, 

declarándola insuficiente, falsa, etc.; en suma, esta no exime al magistrado del 

deber de investigar la verdad real. 

2.1.2.3. Órgano de Prueba.  

En el proceso penal, a diferencia de lo que ocurre en el civil, el único que puede 

ser órgano de confesión, como medio de prueba del delito, es el imputado. 

Únicamente puede acogerse a una confesión, quien se encuentra sometido a 

persecución penal estatal, es decir, sobre quien recae la imputación jurídico 

penal. De acuerdo con lo establecido por el CPP18, la atribución delictiva es un 

presupuesto para la existencia de una confesión penal, por lo que, en 

consecuencia, será menester tener la calidad de imputado para confesar.  

Ello es en virtud de las partes que integran la relación jurídica procesal penal y 

al objeto del proceso mismo constituido por el hecho delictuoso, pues el único 

que introduce ese medio de prueba es quien reconoce su intervención en él. Las 

declaraciones de las demás partes, como pueden ser las del querellante, las del 

actor civil, tercero civilmente responsable, entre otros, lo serán en calidad de 

testigos19. 

La declaración del coacusado no es propiamente un medio ordinario de prueba, 

tampoco es una testimonial en sentido estricto, pues quien la realiza no tiene la 

obligación de conducirse con verdad, pero nada quita que sea valorada con el 

                                                      
18 En el inciso 1 del artículo 160. 
19 Jorge A. CLARIÁ OLMEDO. Tratado de Derecho Procesal Penal. T. V, Ediar, Buenos Aires, 1960, pg. 90. 



 

 

29 

 

resto de elementos que configuran la prueba de cargo20, verificando en particular 

que no hayan sido vertidas por alguien guiado por móviles de odio, amor, 

obediencia o ánimo de exculpación. Por ello su valoración requiere de particular 

atención y especial cuidado. No será legítima como prueba de cargo la 

incriminación a un tercero (llamado en codelincuencia) cuando ella obedezca a 

promesas judiciales o ventajas procesales para el confesante (v. gr., 

excarcelación) no autorizadas legalmente, pues esa incriminación será 

expresión de una voluntad torcida por un interés jurídicamente “no tutelado”. 

Mientras la ley reconozca al acusado el derecho de no responder21, no cabrá 

deducir legalmente de la negativa un cargo contra él, cualquiera sea la tendencia 

a hacerlo y la razón que para ello pueda tenerse. La ley penal, por aplicación del 

principio de que nadie puede ser obligado a acusarse permite al imputado el 

derecho a mantener el silencio ante las preguntas que se le pudieran hacer en 

el proceso. 

2.1.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA CONFESIÓN. 

Las notas características de la confesión, siguiendo parcialmente a Mixán Mass, 

son seis: 

a) Es una declaración personal y oral del imputado, no hay confesión ficta; 

b) Es una declaración libre y consciente, por lo que siendo voluntaria su autor no 

puede ser presionado y debe ser prestada sin que se afecte su libertad con 

método químico o mecánico;  

c) Debe ser sincera, en cuya virtud el imputado debe proferir una narración veraz, 

confidelidad a la memoria;  

d) Debe tener un contenido verosímil, esto es, el relato debe ser de tal naturaleza 

y características que a la luz de una consideración razonable aparezca como 

susceptible de haber ocurrido, el relato debe ser explicable, cognocible y no 

contrario a una ley natural, a un hecho notorio o a las leyes lógicas;  

                                                      
20 Manuel JAÉN VALLEJO. La prueba en el proceso penal. Ad-hoc, Buenos Aires, 2000, pg. 115. 
21 Artículo 87° del Código Procesal Penal inciso 2°. 



 

 

30 

 

e) Debe ser circunstanciada, es decir, debe proporcionar los detalles pertinentes, 

debe dar “razón de su dicho” en orden a su intervención delictiva y a las 

circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores, objetivas y subjetivas, del 

hecho y de su comportamiento; y 

f) Debe aceptar simple o calificadamente la imputación en rigor no se debe decir 

total o parcialmente que es su nota específica, o sea el imputado relata 

aceptando que intervino en una acción penalmente típica. En rigor, no existe la 

denominada confesión parcial, pues toda confesión por definición siempre es 

total. El reconocer haber actuado de determinada manera, pero no el hecho 

típico ajeno objeto del proceso, no constituye en puridad confesión. Cafetzóglus 

señala al respecto, que estas admisiones son simplemente hechos 

antecedentes, indicios, a partir de los cuales el juzgador puede elaborar 

presunciones. 

El contenido de la confesión es la admisión del imputado de los cargos o 

imputación formulada en su contra. La confesión del imputado se encuentra 

exclusivamente referida a los hechos y sus circunstancias, descartándose 

aspectos jurídicos de reconocimiento de criminalidad, tipicidad, culpabilidad, 

responsabilidad o grado de participación, así como tampoco aspectos subjetivos 

como juicios de valor. No basta el mero reconocimiento de responsabilidad en 

términos generales o imprecisos, sino el relato expreso y pormenorizado de 

cómo se desarrollaron los hechos objeto de imputación, como expresión del 

animus confitendi. La descripción detallada de las circunstancias del delito y su 

ubicación espacio temporal, con especial referencia a las diferentes etapas del 

itercriminis, desde la ideación del plan criminal, los primeros actos preparatorios 

y finalmente la consumación del delito, los móviles, la ubicación de los objetos, 

instrumentos o huellas del ilícito penal; de ser el caso la identificación y 

participación de otros sujetos, entre otros datos útiles para la reconstrucción del 

evento delictivo. 

 

 

 



 

 

31 

 

2.1.2.5. CLASES DE CONFESIÓN  

Es posible una clasificación de la confesión desde dos perspectivas. La primera, 

según su contenido, que puede ser simple o calificada, la segunda, según la 

autoridad o persona que la reciba, que puede ser judicial o extrajudicial. Es 

posible aceptar una tercera perspectiva, según se trate de una confesión hablada 

o de una confesión actuada22. 

La confesión simple es aquella en la que el confesante admite lisa y llanamente 

su participación en el hecho imputado, sin introducir ninguna circunstancia 

tendiente a excluir o disminuir su responsabilidad; es cuando el imputado asume 

exclusivamente los hechos que le son objeto de imputación, por ejemplo, el 

agente confiesa simple y llanamente que poseía un revólver con dos caserinas, 

sin licencia oficial, hecho coincidente con la descripción de la tesis acusatoria del 

delito de tenencia ilegal de armas de fuego (artículo 279 del Código Penal), 

obviando inconsciente o deliberadamente informar otros datos relevantes para 

la individualización judicial de la pena (artículo 46 del Código Penal), como haber 

efectuado inmediatamente antes de su captura disparos al aire en una zona 

residencial, lo cual no forma parte de las proposiciones fácticas de la teoría del 

caso de la acusación. 

En la confesión calificada, el imputado, admitiendo su participación en el hecho 

que se le imputa, introduce en el relato circunstancias que tienden a excluir o 

disminuir su responsabilidad23; el inculpado en su declaración añade elementos 

fácticos que complementan la descripción de los hechos principales o nucleares 

de imputación fiscal, que permiten modificar (atenuar, agravar o excluir) su 

responsabilidad penal, por ejemplo: el procesado reconoce la posesión de cinco 

envoltorios de pasta básica de cocaína dentro de papel periódico 

(coloquialmente conocidos como “ketes”), los cuales sometidos a la prueba de 

descarte y pesaje arrojan un peso neto de cinco gramos, coincidente a priori con 

la tesis incriminatoria del delito de microcomercialización de drogas (artículo 298 

                                                      
22 César SAN MARTÍN CASTRO. Derecho Procesal Penal. Vol. II, Grijley, Lima, 2001, pg. 622 

 

 



 

 

32 

 

del Código Penal); sin embargo, el imputado agrega a su declaración que es 

drogadicto desde hace cuatro años, habiendo sido internado reiteradas veces en 

un centro de rehabilitación de la ciudad y que la droga que poseía al momento 

de su intervención, estaba destinada para su propio e inmediato consumo (según 

el artículo 299 del Código Penal), razones por las cuales, su accionar no podría 

ser punible. Clariá Olmedo24, acota que en esta última confesión, hay una 

admisión del contenido fáctico de la imputación, pero se niega en todo o en parte 

la responsabilidad aduciendo una disculpa. 

En lo concerniente a la confesión calificada es de destacar que la disculpa 

importa la alegación o concurrencia de: a) Eximentes de responsabilidad penal, 

tales como causas de justificación, que niegan la antijuricidad penal del hecho, 

o causas excluyentes de culpabilidad, que niegan culpabilidad del sujeto (artículo 

20 del Código Penal); b) Eximentes imperfectas (artículo 21 del Código penal), 

c) Atenuantes genéricos (v. gr.: ocasionalidad del hecho delictivo, actuación 

mediando grave adicción al alcohol o a las drogas, etc., y d) Atenuantes 

específicas, que obligarían a tipificar el hecho en una figura penal calificada (v. 

gr., de homicidio simple a homicidio por emoción violenta). 

Otro criterio clasificatorio que, a menudo, en los países con una fuerte tradición 

inquisitiva se introduce es la confesión judicial y la extrajudicial. Respecto a la 

confesión judicial, es obvio que esta es la única posible. Se presta, como 

corresponde, ante el juez del debate o del juicio, en el acto oral, de suerte que, 

como tal, cumple todos los requisitos propios de un acto de prueba: inmediación 

del juez, publicidad del debate, información sometida a contradicción, con la 

observancia de los requisitos que se derivan del derecho de defensa. 

La admisión de cargos prestada por el imputado en su declaración instructiva en 

la fase de investigación ha de ser ratificada ante el juez del juicio, lo que se deriva 

de la exigencia constitucional y legal de oralidad, publicidad, inmediación y 

contradicción. De esta suerte, es de considerar que resultaría lesionada la 

presunción de inocencia si se condena al acusado sobre la base de 

                                                      
24 Jorge A. CLARIÁ OLMEDO. Tratado de Derecho Procesal Penal. T.V. Ediar, Buenos Aires, 1960, pg. 

105. 



 

 

33 

 

declaraciones no reproducidas en el juicio oral. Esta conclusión, sin embargo, 

como aclara Vegas Torres, no impide al órgano jurisdiccional fundamentar su 

convicción con base en las declaraciones de la instrucción formal. 

La confesión extrajudicial es aquella prestada por el imputado ante cualquier 

autoridad no judicial, como es el caso de la policía o un particular; sus efectos 

son limitados, pues el juez no puede valorarlas como un verdadero 

reconocimiento del hecho, aunque por lo general se le acuerda carácter indiciario 

meritado en el contexto probatorio de la causa25, en modo alguno puede 

asignársele carácter de verdadera confesión. 

La falta de garantías que rodean al acto hace imposible que esa manifestación 

pueda ser equiparada, en cuanto a sus efectos y alcances, a una verdadera 

declaración indagatoria. El conflicto latente en el seno de la sociedad entre una 

rápida y eficiente ejecución de la ley y la necesidad de prevenir que los derechos 

de sus miembros resulten menoscabados por métodos inconstitucionales, opta 

por privar de validez a las prácticas mediante las cuales se obligue a una persona 

a declarar contra sí mismo. 

En la dinámica adversarial, se hace necesario escuchar al acusado en juicio oral 

y allí, atravesada por la inmediatez del debate, su declaración deviene en 

fundamental; por lo tanto, nada obstaculiza que se analicen los pasos previos a 

ese acto, lo que incluye sus manifestaciones espontáneas. Es que en ese recinto 

el sospechoso podrá ratificar o rectificar sus dichos, terreno en donde también 

serán oídos los policías o particulares que transcribieron o escucharon la 

confesión, debiendo señalar con exactitud, cómo, dónde, cuándo y qué ha dicho 

el acusado, asumiendo la responsabilidad que les toca como ciudadanos o 

agentes del orden y garantes de la vigencia de la Constitución y las leyes. 

La oralidad de un debate bien planteado hace imposible mantener la vigencia de 

actos no sinceros o forzados, lo que no quita el deber del tribunal de analizar 

cuidadosamente las expresiones extrajudiciales a fin de evitar estructurar la 

sentencia sobre un andamiaje ilícito. 

                                                      
25 Rubén A. CHAIA. La prueba en el proceso penal. Hammurabi, Buenos Aires, 2010, p. 582. 



 

 

34 

 

La confesión hablada, es la que se exterioriza a viva voz por el imputado, esto 

es, mediante la palabra hablada, no teniendo valor como confesión, las 

declaraciones juradas contenidas en documentos, si no han sido ofrecidas por el 

confesante en forma personal y oral ante la autoridad competente, con la 

participación de su abogado defensor. Claro está que si estamos ante un 

imputado mudo, sordo o sordomudo declarará por medio de intérprete, de 

conformidad con el inciso primero del artículo 171 del CPP. 

Respecto a la confesión actuada, expone Cafetzóglus, se trata de aquella 

admisión de cargos que se trasmite por medio del accionar del confesante, en la 

reconstrucción del hecho. Desde el punto de vista del imputado la reconstrucción 

del hecho integra genéricamente la declaración instructiva, y específicamente la 

confesión, por lo que participa de los regímenes normativos de ambos institutos. 

Es de precisar que en la declaración el imputado trasmite el relato por medio de 

la palabra (confesión hablada), en cambio en la diligencia de reconstrucción 

agrega a ella su actuación, la cual inclusive puede ser registrada mediante 

fotografía o filmación. 

2.1.2.6. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

A diferencia del Código de Procedimientos Penales de 1940, el CPP, define y 

establece las condiciones o criterios para que el juez le otorgue valor probatorio 

a la confesión. Al respecto, el artículo 160.2 del CPP establece que confesión 

solo tendrá valor probatorio cuando: a) Esté debidamente corroborada por otro 

u otros elementos de convicción; b) Sea prestada libremente y en estado normal 

de las facultades psíquicas; y, c) Sea prestada ante el juez o el fiscal en 

presencia de su abogado 

Esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción 

(artículo 160.2.a del CPP). 

Este presupuesto se refiere a que la confesión no es una prueba autónoma, tiene 

que existir en el proceso la corroboración de lo confesado con otros medios 

probatorios, pues la sola confesión del acusado respecto del delito que se le 

imputa, sin existir prueba que lo reafirme, resulta insuficiente para sustentar una 



 

 

35 

 

sentencia condenatoria26. En sede judicial deben haberse actuado otros medios 

de prueba que sostengan la versión autoincriminatoria del procesado, que bien 

puede estar referido al delito como a su participación en el mismo, confiriéndole 

verosimilitud a su declaración. La confesión debe concordar con una fuente 

probatoria distinta, que puede estar representada por testimonios, pericias, 

documentos, etc27, igualmente válidos (hay una excepción que es el caso de 

flagrancia); por tanto, la simple confesión del inculpado, como “prueba” única del 

delito, no es suficiente para condenarlo. 

La confesión requiere la práctica de todas las diligencias necesarias a fin de 

adquirir el convencimiento de la verdad de su contenido, lo cual justifica la 

necesidad de que el sumario no se dé por concluido cuando el imputado confiesa 

y que el debate oral no concluya con la mera admisión de cargos del imputado, 

en tanto no se haga constar la existencia del cuerpo del delito28. En 

consecuencia, el juez no puede condenar a pesar de la confesión válida y eficaz 

del imputado si no existen otros elementos de prueba que acrediten 

autónomamente la existencia del hecho y corroboren lo confesado por aquel. El 

hecho confesado tendría que ser posible, verosímil, coherente y concordante con 

otros medios de prueba. 

Situándonos en el terreno de la lógica, debemos admitir que pocas pruebas 

tienen tanta fuerza de convicción como la confesión del procesado. Al mismo 

tiempo, el sistema procesal mira con cierta desconfianza la confesión 

espontánea que no sea contrastada en la realidad con una serie de pruebas o 

datos objetivos29; es por ello, señala Asencio Mellado, que se impone para la 

apreciación de la confesión su confirmación por otros extremos, con una doble 

pretensión: por un lado, impedir que el juez centre toda su actividad en la 

obtención de la confesión obviando la búsqueda de otros medios de prueba; por 

otro lado, obligar a que se practique, tras la confesión, el resto de pruebas 

alegadas.  

                                                      
26 Exp. Nº 840-87-Lima. Ejecutoria Suprema de fecha 11 de abril de 1998. 
27 César SAN MARTÍN CASTRO. “Derecho Procesal Penal”, Vol. II, Grijley, Lima, 2001, pg. 625. 
28 Alfonso Pablo RIVES SEVA. La prueba en el proceso penal. Arazandi, Pamplona, 1996, pg. 91. 
29 José Antonio MARTÍN PALLÍN. “El interrogatorio de imputados y testigos”. En: La prueba en el proceso penal. 

Cuadernos de Derecho judicial. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1992, pg. 333 y ss 



 

 

36 

 

Dada la concepción reinante del proceso penal, se considera que la confesión 

es suficiente para fijar los hechos y vincular al juez a pronunciarse en ese sentido, 

sobre quien pesa el deber de “buscar la verdad real”. Se exige entonces que el 

órgano de decisión cuente con otros elementos que le permitan dar sustento a 

lo expresado por el acusado30. 

La confesión, dice Garraud, no tiene por ella misma y por sí sola, una fuerza 

absoluta de convicción; mas, cuándo se presta sin ninguna clase de violencia, 

material o moral, con pleno conocimiento de causa, por parte de un acusado 

composmentis, constituye la más segura de todas las pruebas. La confesión 

impone la actuación probatoria de carácter indispensable a la confirmación de 

los hechos incriminatorios antes reconocidos, esto es, de aquellos medios 

probatorios dirigidos concretamente a corroborar los datos relevantes de la 

información proporcionada por el imputado, en conexión con las imposiciones 

fácticas de la teoría del caso acusatoria. La confesión debe probarse por otros 

medios, es indispensable probar el hecho investigado: cuándo ocurrió, en qué 

lugar, ante quiénes, de qué manera; por eso se dice que la confesión es una 

probatio probanda o prueba por probar31. 

En resumen, es insuficiente la sola confesión del imputado para llegar a un alto 

grado de certeza, esto es, se necesita de otros elementos de convicción que 

puedan otorgar solidez probatoria al contenido de la confesión, de conformidad 

con la base de la mínima actividad probatoria. La Corte Suprema tiene asentado 

que la confesión solo tiene un valor relativo contra quien la presta y, además, no 

constituye suficiente prueba contra los coacusados32; asimismo, ha establecido 

que no es elemento suficiente para fundar una sentencia condenatoria, una 

declaración autoinculpatoria sin elemento fáctico que la corrobore ni prueba de 

cargo que la avale33. 

El fundamento del presupuesto consagrado en el artículo 160.2.a del CPP radica, 

en el alto valor de uno de los bienes en juego del acusado, cual es la libertad, 

                                                      
30 Rubén A. CHAIA. La prueba en el proceso penal. Hammurabi, Buenos Aires, 2010, pg. 582 
31 Giammpol TABOADA PILCO, “Código Procesal Comentado Tomo II”, Gaceta Juridica, Lima, 2020, pg. 223. 
32 Exp. Nº 125-81, Cuzco. Ejecutoria Suprema de fecha 22 de abril de 1981 (TARAMONA, José R. Compendio de 

Ejecutorias Supremas. T. I, Jamse, Lima, 1982, pp. 135-135). 
33 Exp. Nº 398-93, Ica. Ejecutoria Suprema de fecha 6 de mayo de 1994. 



 

 

37 

 

incluso a veces su vida, la que puede ser restringida o eliminada injustamente 

por una pena inmerecida si no se logra plena certeza sobre su responsabilidad, 

resultando insuficiente su sola autoincriminación34. 

Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas 

(artículo 160.2.b del CPP). 

La confesión debe ser producto de acto emanado de la voluntariedad y 

espontaneidad de la psique del imputado, perdiendo toda eficacia a estos 

efectos, cuando es obra de error, de la violencia, de la intimidación o cualquier 

otro método vedado que implique una inducción voluntaria, los cuales se 

constituyen en vicios de la voluntad; entonces, debe asegurarse que se produzca 

en el estado normal de las facultades psíquicas del imputado. La confesión debe 

realizarse de forma libre y espontánea, es decir, debe ser una manifestación de 

voluntad libre, sin presiones, lo cual excluye las confesiones realizadas bajo 

coacción o bajo alguna sustancia que altere el estado mental del imputado35. 

Entre las condiciones subjetivas, se requiere que el imputado cuando confiese 

deba hacerlo en perfecto uso de sus facultades mentales, concretamente 

intelectivas y volitivas. Su facultad de memoria, conjuntamente con las de 

comprender y querer, deben estar intactas, en la medida en que debe relatar, 

reconstruir mentalmente, un hecho del pasado, un accionar pretérito36. Quien 

confiesa debe estar en condiciones intelectuales como para producir una 

manifestación de conocimiento y voluntad jurídicamente atendible. 

Subjetivamente, se debe proscribir el error y la inverosimilitud del relato 

incriminador. Se la debe prestar con el propósito de confesar, no se admite como 

tal la denominada confesión ficta (derivada de la fuga del imputado) o implícita 

(extraída, v. gr., de la transacción extrajudicial sobre el daño ocasionado por el 

delito), tampoco la lograda mediante preguntas capciosas o sugestivas. Las 

primeras inducen a error al sujeto que responde, favoreciendo de este modo a la 

parte que las formula, las segundas sugieren o fuerzan el contenido de las 

                                                      
34 José Antonio NEYRA FLORES, Manual del nuevo procesal penal y de litigación oral. Idemsa, Lima, 2010, pg. 562. 
35 Alonso Raúl PEÑA CABRERA FREYRE, “Exégesis del Nuevo Código Procesal Penal, Rodhas, Lima, 2006 pg. 440 
36 César SAN MARTÍN CASTRO, Derecho Procesal Penal Vol. II Grijley, Lima, 2001, pg. 624. 



 

 

38 

 

respuestas, quien declara en definitiva es el abogado, poniendo palabras en la 

boca de su propio declarante. 

Como hemos indicado líneas arriba, la confesión debe producirse en forma libre, 

sin presiones de cualquier índole, incluidas las morales, tales como las 

advertencias por no prestar declaración o no decir la verdad, así como tampoco 

juramentos o promesas. Las presiones no solo pueden venir de los operadores 

del sistema, sino también de extraños al mismo, como puede ser uno de los 

responsables del hecho punible, aunque no esté formalmente procesado. Una 

organización criminal o cualquier otra persona o entidad, pueden amenazar al 

procesado o comprar su autoincriminación para desplazar la responsabilidad de 

otro hacia él; esto, en gran medida, tiene mucho que ver con el concepto de 

sinceridad37. 

La libertad de la declaración es una condición de carácter formal; la confesión es 

descalificada cuando fuera prestada sin estar el imputado “en completo estado 

de tranquilidad”, o bajo la coacción moral que importa el juramento, o mediante 

apremios ilegales, tales como amenazas, torturas, dádivas o promesas; por 

consiguiente, es de rechazar la confesión violentada (ejercicio de violencia física 

o moral contra el imputado) y la confesión comprada, otorgada por dádivas y 

promesas; resulta, igualmente inaceptable, la confesión fraudulenta38, arrancada 

mediante una celada o con artificios o disimulo que llevó a engaño al imputado 

tendido por la propia autoridad. Estas tres formas ilegítimas de confesión, en 

puridad, constituyen condiciones subjetivas de invalidez de esta. 

La mayor cantidad de las falsas confesiones surgen, como es concebible, por 

influjo del temor o de la intimidación. La validez de la confesión, como lo sostiene 

Carlos Enrique Edwards, está subordinada a que no haya mediado coacción que 

vicie la voluntad del imputado. Se entiende por coacción a la violencia o fuerza, 

a la que es sometida una persona para que haga o diga algo, existen dos tipos 

de coacción. 

                                                      
37 Pablo TALAVERA ELGUERA. La prueba en el nuevo proceso penal. Manual del Derecho probatorio y de la valoración de las 

pruebas Academia de la Magistratura, Lima, 2009 pg. 127 
38 César SAN MARTÍN CASTRO, Derecho Procesal Penal Vol. II Grijley, Lima, 2001, pg. 624. 



 

 

39 

 

a) Física o psíquica: Que opera sobre el cuerpo o la mente a fin de obtener 

algo; se manifiesta en diversos actos, desde la tortura hasta los interrogatorios 

capciosos o sugestivos; y 

b) Inherente: Se da en el interrogatorio en sede policial sin mediar coacción en 

el sentido tradicional, pero que resulta coaccionante por la atmósfera de 

intimidación que rodea al individuo (sometido a custodia policial, incomunicado, 

sin abogado defensor, sin hacerle conocer su derecho a guardar silencio y 

sometido a interrogatorio de personas que presentan especial celo en la 

represión del delito). 

No es posible obligar al imputado a brindar información sobre lo que conoce. Ello 

es lo que expresa, muy claramente, la garantía que reza: “Nadie puede ser 

obligado a declarar contra sí mismo” (nemo tenetur se ipsum accusare)39. De 

estas afirmaciones, no se debe deducir que el imputado no tenga facultad de 

confesar; sí la tiene, pero esta facultad de confesar es personalísima, se funda 

exclusivamente en la voluntad del imputado y no puede ser inducida por el 

Estado en ningún modo40. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5, ha 

reconocido que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral” (inciso 1). “Nadie debe ser sometido penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” (inciso 2). 

Por su parte, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes, en su artículo 1, ha definido como tortura “a todo acto 

por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos 

graves, ya sean físicos o mentales, con el fi n de obtener de ella o de un tercero 

información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de 

intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en 

cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean 

infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones 

                                                      
39 Julio B.J. MAIER. Derecho Procesal Penal argentino. T. I, Hammurabi, Buenos Aires, 1989, pg. 434. 
40 Fernando UGAZ ZEGARRA. “Estudio introductorio sobre la prueba en el nuevo Código Procesal Penal”. En: 

Selección de lecturas. Instituto de Ciencia Procesal penal, Lima, pg. 258. 



 

 

40 

 

públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se 

considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia 

únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a 

estas. 

En este contexto normativo internacional, la Constitución Política del Perú en su 

artículo 2.24.h prescribe: “Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o 

física, ni sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede 

pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella 

imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las 

declaraciones obtenidas por violencia. Quien la emplea incurre en 

responsabilidad”. 

El CPP ha establecido como derechos del imputado en su artículo 71.1.e. que 

“no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su 

dignidad, ni ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre 

voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley”. Asimismo, 

como garantía de la declaración del imputado, en su artículo 88, se exige que 

“durante la diligencia no podrá coactarse en modo alguno al imputado ni inducirlo 

o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le hará cargos o 

reconvenciones tendientes a obtener la confesión” (numeral 4). Tales son los 

derechos y garantías de protección de su declaración indagatoria en libertad y 

en estado normal de las facultades psíquicas que “si por la duración del acto se 

noten signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaración se 

suspenderá, hasta que ellos desaparezcan” (numera 6). 

Desde la perspectiva objetiva, la confesión ha de referirse a un hecho 

objetivamente creíble, aceptable para el común de las personas. La versión ha 

de ser lógica y coherente, así como referirse a una transmisión de conocimientos 

adquiridos directamente por el imputado, no por noticias de terceros. Se exige 

que el relato que exponga el declarante deba ser adecuado a la realidad y, por 

tanto, ha de haber sido prestado con base en lo que él ha presenciado con sus 

sentidos, sin que puedan admitirse deducciones o presunciones. La posibilidad 

y verosimilitud pueden equivaler a la idea de normal comportamiento de las 

personas y de las cosas. 



 

 

41 

 

Sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado (artículo 

160.2.c del CPP). 

Finalmente, para que la confesión tenga valor probatorio, debe ser prestada ante 

el juez o el fiscal, en presencia de su abogado. La confesión se produce durante 

la investigación, ante el fiscal competente, sin embargo, se puede producir en la 

etapa de juzgamiento (tiene que prestarse ante el órgano judicial con 

atribuciones concretas para la investigación y el juzgamiento del asunto: es lo 

que se denomina garantía de judicialidad). Solamente es aceptable la confesión 

intra proceso, esto es, la realizada por el imputado en el marco de instauración 

de un proceso penal, recepcionada por el fiscal o juez competente, según la 

etapa del proceso en que se produce. Carece de valor probatorio suficiente la 

declaración prestada ante la policía para enervar la presunción de inocencia, 

aunque venga corroborada con datos o elementos periféricos que la sostengan, 

a efectos de asegurar la legalidad de la diligencia: la confesión que se produce 

en sede policial con ausencia del fiscal, juez y abogado defensor, no tienen valor 

probatorio, es nula ipso iure, al producirse en afectación del principio de 

legalidad, del control jurisdiccional de la instancia y del irrestricto derecho de 

defensa41. Según San Martín Castro dentro del sistema acusatorio garantista, 

“cuando se haya declarado a nivel policial, tienen que ratificarse judicialmente 

para que tenga validez probatoria42. 

La presencia del juez o fiscal y abogado defensor, es sumatoria y no alternativa, 

en la medida que pretendemos constituir un acusatorio 

 sobre todo garantista para los justiciables. El derecho de defensa se materializa 

en el proceso cuando el imputado cuenta con todos los mecanismos para poder 

resistir válidamente la imputación, en este caso, mediante la asesoría que solo 

el abogado defensor le puede brindar. El fundamento primero de la presencia de 

defensor técnico, que se reconoce constitucionalmente como derecho 

fundamental de la persona a la asistencia del abogado, hay que buscarlo 

                                                      
41 Alonso Raúl PEÑA CABRERA FREYRE, “Exégesis del nuevo Código Procesal Penal”, Rodhas, Lima, 2006, pg. 

440 
42 César SAN MARTÍN CASTRO. “Estudio crítico del nuevo Código Procesal Penal”. En: Estudios de Derecho 

Procesal Penal. Lima, 1993, pg. 215. 



 

 

42 

 

precisamente como la consagración positiva de un derecho garantizador de la 

libertad de la persona que se ve sometida a un proceso penal, al imputársele la 

comisión. 

de hechos presuntamente delictivos, garantías que tras un gran esfuerzo 

doctrinal para obtener una intervención cada vez más amplia de la defensa 

técnica en interés del defendido, encuentra hoy general reconocimiento y 

tutela43. En este caso, al ser la confesión un medio de prueba de efectos 

trascendentales para el imputado, este derecho debe ser plenamente 

garantizado a partir de la tutela efectiva que debe importar el procedimiento penal 

en todas sus etapas desarrollativas. En tal virtud, los órganos de persecución 

deben dar conocimiento al imputado, que tiene el derecho irrestricto e 

irrenunciable de ser asistidos por un abogado defensor, antes de prestar su 

confesión, a efectos de conocer con exactitud las consecuencias jurídicas que 

de ella puedan derivarse44. 

El desconocimiento o la ignorancia pueden llevar a resultados arbitrarios; el 

poder público de las agencias de persecución no puede ser utilizado para 

manipular la voluntariedad del imputado. 

La presencia del abogado defensor en la declaración del imputado, brindada ante 

la autoridad fiscal o judicial en el marco de una investigación penal resulta 

imprescindible a efectos de que pueda ser informado previamente de los efectos 

jurídicos de renunciar a su derecho a la no autoincriminación y para darle validez 

a la confesión como medio de prueba lícito. La presencia del abogado tiene lugar 

desde los actos iniciales de la investigación, esto es, desde que su patrocinado 

fuere citado o detenido por la autoridad fiscal o policial (artículos 71.2.c y 84.1 

del CPP). Durante la investigación preparatoria el imputado, sin perjuicio de 

hacerlo en la policía, prestará declaración ante el fiscal, con la necesaria 

asistencia de su abogado defensor, cuando este lo ordene o cuando este lo 

solicite (artículo 86.2 del CPP). De otro lado, se garantiza la defensa gratuita a 

todos aquellos imputados o acusados que dentro del proceso penal, por sus 

                                                      
43 Víctor MORENO CATENA. “La defensa en el proceso penal”, Civitas, Madrid, 1982, pg. 40 
44 Alonso Raúl PEÑA CABRERA FREYRE. “Exégesis del nuevo Código Procesal Penal”, Rodhas, Lima, 2006, pg. 

441. 



 

 

43 

 

escasos recursos, no puedan designar abogado defensor de su elección, o 

cuando resulte indispensable el nombramiento de un abogado defensor de oficio 

para garantizar la legalidad de una diligencia y el debido proceso (artículo 80 del 

CPP)45. 

2.1.2.7. LA CONFESIÓN SINCERA. 

La confesión sincera es una institución procesal que se aplica como un premio 

(Derecho Penal premial) para el imputado que confiesa su delito, ya que al 

hacerlo permite que la investigación se centre en la verificación de los datos que 

proporciona, evitando con ello una infructuosa dilación de esta. 

Normalmente, la confesión se presume sincera, porque así sucede en la mayoría 

de las veces, si se presta o se recibe en condiciones regulares y porque se 

requiere una razón grave para que una persona sana de espíritu y consciente de 

sus declaraciones se reconozca culpable sin motivo; no es natural mentir en 

contra de uno, y resulta contrario al instinto de conservación el acusarse 

falsamente. Sin embargo, fuera de los casos patológicos o de los supuestos de 

violencia, se encuentran confesiones mendaces por razones diversas, por lo que 

interesa diagnosticarlas46. Las falsas confesiones, más todavía que las 

verdaderas, pueden provenir de motivos muy diversos, dejando aparte los 

supuestos de constreñimiento físico o moral y los de autoacusación patológica, 

se encuentran confesiones por interés (real o supuesto), y otras por abnegación, 

algunas por desesperación o por jactancia, etc. 

En el examen de la confesión sincera interesa distinguir dos casos que se 

confunden en mayor o menor grado en la práctica: De una parte, la confesión 

propiamente dicha del acusado y, por otra, la autodenuncia de quien no figura 

todavía en el sumario, y que quizás no sea aun ni siquiera sospechoso. La 

primera constituye un acto normal del proceso, más o menos provocado por el 

interrogatorio; la segunda es un acto espontáneo e imprevisto, opuesto al instinto 

de conservación y, por lo mismo, sospechoso. 

                                                      
45 Giammpol TABOADA PILCO, “Código Procesal Penal Comentado Tomo II”, Gaceta Jurídica, Lima, 2020, pg. 

222. 
46 Francois GORPHE. De la apreciación de las pruebas. Trad. de Luis Alcalá Zamora y Castillo, Bosch, Buenos 

Aires, 1950, pg. 219 



 

 

44 

 

En la declaración que contenga una confesión, no todo resulta digno del mismo 

crédito. Debe creerse más fácilmente en el hecho principal que el acusado 

reconozca que en las circunstancias secundarias, en las cuales existe más 

riesgo de error. La confesión para que sea sincera no debe ser falseable, en ese 

sentido se entiende la sinceridad de la confesión como sinónimo de 

verificabilidad, lo que no es lo mismo que la confesión sea verdadera, sino que 

tal sinceridad pueda ser corroborada mediante el cumplimiento de los requisitos 

ya de existencia o de validez de la confesión y de otros requisitos particulares47. 

Ningún testigo conoce lo pasado tan bien como el mismo autor del hecho; y, en 

ese aspecto, el imputado que quiere decir la verdad se constituye en el mejor 

testigo; no deja por eso de estar menos sujeto a error, especialmente en aquello 

en que ha podido ser turbado por la emoción, cegado por la pasión o el interés, 

o absorbido por la idea de su acto y la preocupación de su huída48. 

Es indudable que la confesión para detentar efectos probatorios válidos, debe 

ser producto de una manifestación de sinceridad y espontaneidad por parte del 

imputado, mas no llevado por las circunstancias adversas a su situación jurídica, 

por eso, la confesión debe producirse preferentemente desde el inicio de las 

investigaciones, y debe ser coherente, fluida y homogénea a lo largo de todo el 

proceso penal. Asimismo, la confesión no tendrá efectos positivos para el 

imputado, cuando se produce, a instancias de una actividad probatoria 

incriminatoria suficiente por parte del fiscal, por cuanto no podría ser considerada 

sincera y espontánea, sino más bien motivada por actos ajenos a su voluntad; o 

en su defecto, cuando esta sea producto de un supuesto en flagrancia, quiere 

decir, cuando el agente es detectado in situ en plena realización típica. Es lógico 

que no tenga sentido una confesión cuando los hechos son lo suficientemente 

delatores para acreditar la responsabilidad penal del imputado49. 

La sinceridad consiste en explicar alguna cosa de la que uno se cree culpable, 

es sinónimo de veracidad, entendido para fines de la confesión, como la 

                                                      
47 Fernando UGAZ ZEGARRA. “Estudio introductorio sobre la prueba en el nuevo Código Procesal Penal”. En: 

Selección de lecturas. Instituto de Ciencia Procesal penal, Lima, p. 258. 
48 Francois GORPHE. Ob. cit., p. 248. 
49 Alonso Raúl PEÑA CABRERA FREYRE. “Exégesis del nuevo Código Procesal Penal”, Rodhas, Lima, 2006, pgs. 

441-442. 



 

 

45 

 

verificabilidad de la información de los hechos proporcionados por el imputado 

sobre el evento delictivo, a partir de su confrontación con otros medios de 

prueba. El valor de la confesión se examina siempre en relación con la 

sinceridad, porque es lo esencial, sin que por eso se haga de la exactitud una 

cuestión aparte, como en los documentos. Puede acontecer, no obstante, que 

una confesión sea sincera e inexacta; y, en verdad, la sinceridad no impide 

equivocarse, como se ve con tanta frecuencia en los testimonios. 

La espontaneidad puede ser definida como la expresión natural y fácil que se 

materializa cuando se da inicio a un acto (en este caso la declaración confesando 

el delito) sin que exista una circunstancia anterior que conmine de algún modo a 

ello. La falta de espontaneidad se basa en que el sujeto al ser encontrado in 

fraganti, tiene sobre él una presión que lo encamina a confesar su delito. 

La flagrancia supone el descubrimiento del acontecer delictivo del imputado en 

el momento mismo en que cometía el ilícito penal o dentro de un corto lapso de 

tiempo posterior a haberlo cometido. Es así que al ser descubierto “con las 

manos en la masa”, su reflexión puede orientarse a que no le quede opción 

adicional a la aceptación del delito50. Sobre la base de lo anterior, la Corte 

Suprema expresa que cuando hay flagrante delito no es de aplicación el 

beneficio de la confesión sincera, toda vez que no se cumple con el requisito de 

espontaneidad, por lo que la pena no podrá ser reducida51. 

La judicatura en varias oportunidades ha expresado que si carece de 

espontaneidad el beneficio de atenuación de la pena no se aplicará (“si el 

procesado recién confiesa su autoría en el acto oral, o a insistencia del 

colegiado52”); sin embargo, la jurisprudencia no es pacífica al respecto. Así, se 

expresa en otra resolución que “cuando los autores se declaren confesos en el 

juicio oral y existan pruebas que lo corroboren, debe aplicarse una pena por 

debajo del mínimo legal53”. Ugaz Zegarra considera que esta segunda postura 

                                                      
50 Mariela RODRÍGUEZ JIMÉNEZ. “El requisito de la espontaneidad en la confesión sincera”. En: Diálogo con la 

Jurisprudencia. N° 112. Gaceta Jurídica, enero de 2008, Lima, p. 228. 
51 Este criterio ha sido seguido por el Tribunal Supremo en múltiples fallos, entre los que tenemos: R.N. N° 3494-

2003-Cono Norte-Lima, del 29 de marzo de 2004; R.N. N° 2724-2003-Lima, del 1 de diciembre de 2003; R.N. N° 

3416-2002-Loreto, del 3 de marzo de 2003. 
52 Ejecutoria Suprema, Exp. N° 1847-96-Huancayo de fecha 4 de junio de 1996. En: ROJASSI PELLA, Carmen. 

Ejecutorias Supremas penales. 1993-1996. Legrima, Lima, 1997, p. 347. 
53 Ver Sentencia de la Quinta Sala Penal de Lima de fecha 16 de mayo de 1997. Exp. N° 1053-94. 



 

 

46 

 

es la más correcta, y mesurada puesto que, de acuerdo a la naturaleza jurídica 

procesal de la confesión, esta puede ser divisible y compleja, permitiéndose al 

declarante de la confesión poder otorgar nuevos datos a esta (por ejemplo, sobre 

los agentes del delito), o poder surgir la confesión del verdadero responsable del 

hecho, muy bien debe admitirse el beneficio, siempre y cuando se cumplan con 

los requisitos de validez antes señalados y esta sea valorada con el criterio de 

conciencia. 

2.1.2.8. EFECTOS DE LA CONFESIÓN. 

Los efectos que podemos precisar en orden a la admisión de cargos tienen que 

ver, en primer lugar, con el procedimiento, y, en segundo lugar, con la sanción 

penal. 

Aspectos de Procedimiento. 

Desde una perspectiva exclusivamente procedimental, cuando la admisión de 

cargos se produce dentro del proceso, caben dos situaciones54: 

a) Frente a una confesión solitaria, el juez está en la obligación de practicar 

diligencias que acrediten su veracidad y la realidad del cuerpo del delito; 

y 

b) Si se está ante una confesión corroborada, el juez puede dar por concluida 

la investigación, en tanto con ello no se perjudique a los coimputados y 

esta aparezca como sincera, descartándose que se pretenda la 

impunidad de otras personas, respecto de quienes existen sospechas de 

culpabilidad. 

Confesión y medición de la Pena. 

El artículo 161 del CPP, establece que “si la confesión, adicionalmente, es 

sincera y espontánea, salvo los supuestos de flagrancia y de irrelevancia de la 

admisión de los cargos en atención a los elementos probatorios incorporados en 

el proceso, el juez, especificando los motivos que la hacen necesaria, podrá 

disminuir prudencialmente la pena hasta en una tercera parte por debajo del 

                                                      
54 César SAN MARTÍN CASTRO, “Estudio Crítico del Nuevo Código Procesal Penal”, En Estudio de Derecho 

Procesal Penal, Lima, 1993, pg. 626. 



 

 

47 

 

mínimo legal”. Esta reducción de la pena que establece el CPP, marca la 

diferencia respecto de la legislación procesal anterior, que posibilitaba de 

manera indeterminada la reducción a límites inferiores al mínimo conminado en 

la ley penal55. 

Si la confesión es sincera, esto es, veraz y compatible con los recaudos 

probatorios de la causa, se convierte en un factor de atenuación excepcional de 

la pena. No obstante, cabe destacar que dicha atenuación es facultativa, esto 

es, siempre queda a discrecionalidad del juez con base en su apreciación de lo 

referido por el imputado y de su real arrepentimiento de ahí la exigencia de 

sinceridad en su confesión, el reducir o no la pena hasta en una tercera parte del 

mínimo legal. En la exigencia de espontaneidad se afirma que solo resulta 

admisible una disminución de la pena cuando se trata de una confesión prestada 

fuera de los supuestos de delito flagrante o cuando no exista abundante prueba 

de cargo contra el imputado. Este requisito, absolutamente necesario, viene a 

concordar con lo prescrito por el código sustantivo en materia de medición de la 

culpabilidad por el hecho delictivo; en efecto, el inciso 10 del artículo 46 del 

Código Penal56 menciona entre los aspectos que tiene que valorar el juez para 

la determinación de la pena a la confesión del autor, pero condicionada a que se 

produzca antes de haber sido descubierto el delito57. 

La disminución de la pena constituye un beneficio o premio al imputado que ha 

confesado su delito impidiendo así poner en marcha el aparato judicial al dar 

inicio a un proceso, evitando a su vez los costos y el desgaste que ello implica, 

centralizando la investigación únicamente en la verificación de los datos que 

proporciona el declarante. 

                                                      
55 Artículo 136 del Código de Procedimientos Penales.- La confesión del inculpado corroborada con prueba, releva al 

juez de practicar las diligencias que no sean indispensables, pudiendo dar por concluida la investigación siempre que 

ello no perjudique a otros inculpados o que no pretenda la impunidad para otro, respecto del cual existan sospechas de 

culpabilidad. La confesión sincera debidamente comprobada puede ser considerada para rebajar la pena del confeso a 

límites inferiores al mínimo legal, salvo que se trate de los delitos de secuestro y extorsión, previstos en los artículos 

152 y 200 del Código Penal, respectivamente, en cuyo caso no opera la reducción 
56 Artículo 46 del Código Penal.- Para determinarla pena dentro de los límites fijados por la ley, el juez atenderá la 

responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas del hecho 

punible o modificatorias de la responsabilidad, considerando especialmente: (…) 10. La confesión sincera antes de 

haber sido descubierto (…) 
57 César SAN MARTÍN CASTRO, “Estudio Crítico del Nuevo Código Procesal Penal”, En: Estudio de Derecho 

Procesal Penal, Lima, 1993, pg. 627. 



 

 

48 

 

La jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido, con toda corrección, que 

no resulta de aplicación la atenuación excepcional de pena cuando el imputado 

no ha dado una versión uniforme desde el inicio de la investigación58. En otra 

decisión se ha precisado que, si el encausado incurre en una serie de 

contradicciones, negando los cargos en un lugar y aceptándolos en otro, esta 

última versión a lo sumo podría ser considerada como mera admisión o 

adjudicación de cargos que no surten los efectos de una confesión sincera59. 

Asimismo, ha insistido en sancionar que, si no hay uniformidad en todo el curso 

del proceso, incorporando en él la fase extraprocesal o policial, no es de 

aplicación la pena excepcionalmente atenuada, fijando al respecto como 

requisitos de la confesión: la sinceridad, la espontaneidad y el arrepentimiento60. 

El Supremo Tribunal también ha sostenido que “no puede considerarse sincera 

confesión cuando esta se produce en el último tramo del proceso”. 

La uniformidad implica que la versión que proporciona el imputado si se ha 

fraccionado en varias declaraciones– debe ser, en términos generales, 

coincidente una con otra en sus aspectos elementales (debe ser coherente), 

estableciéndose una relación de semejanza o complemento. No obstante lo 

expuesto, la confesión no debe descartarse si durante la investigación el 

imputado inicialmente negó los hechos incriminatorios y luego en el juicio los 

admite, sin antes valorar las causas que tuvo el imputado para recomponer lo 

declarado, como podría ser el temor o presión o incluso la ignorancia de su 

característica premial; por ejemplo, cuando el potencial confesante durante la 

investigación. 

preparatoria es amenazado por los demás imputados para negar los hechos 

delictivos, temor superado posteriormente por diversos factores que lo llevan a 

confesar recién en la etapa final del juicio. 

La Corte Suprema, en reiterados pronunciamientos, también ha fijado un 

concepto muy preciso de la sinceridad de la confesión, en tanto requisito 

indispensable para una atenuación excepcional de la pena, sosteniendo que “la 

                                                      
58 Ejecutoria Suprema de fecha 22 de febrero de 1995, Exp. N° 166-95-Lima  
59 Ejecutoria Suprema de fecha 4 de marzo de 1988, Exp. N° 2681-97-Lima. 
60 Ejecutoria Suprema de fecha 4 de junio de 1996, Exp. N° 1847-96-Huánuco. 



 

 

49 

 

confesión sincera es la declaración del imputado en la que reconoce ser autor o 

partícipe de un delito o falta, prestada espontánea, veraz y coherentemente, ante 

una autoridad competente y con la formalidad y garantías correspondientes61”. 

Asimismo, ha establecido que si el acusado omite proporcionar en forma 

sistemática la identidad de los demás agentes delictivos no puede otorgársele a 

su declaración la calidad de una confesión sincera62. En esta perspectiva, se ha 

señalado que las declaraciones de los imputados omitiendo la identidad de uno 

de los agentes no constituyen confesiones sinceras al no ser veraces. 

Si bien es cierto que el artículo 160.1 del CPP alude únicamente a la confesión 

en sentido estricto, cuando prescribe: “La confesión para ser tal, debe consistir 

en la admisión de los cargos o imputación formulada en su contra por el 

imputado”, ello no obsta de calificar como confesión para fines prémiales, aquella 

información proporcionada por el confeso que además de su autoinculpación, 

también sirva para identificar la participación de otros sujetos en el mismo evento 

delictivo; una interpretación en contrario, desnaturalizaría su calidad jurídica de 

medio de prueba, limitada a la concreta participación del imputado, sino ampliada 

a todo el hecho delictivo, que eventualmente puede comprender la conducta de 

los demás imputados. 

Sobre la conducta procesal del reo como factor de atenuación de la pena, 

Jescheck63 apunta que solo cuando la confesión permita sacar deducciones 

sobre el índice de la culpabilidad personal o el grado de peligrosidad del 

imputado es posible que se tenga en cuenta a la hora de determinar la pena. Sin 

embargo, Patricia Ziffer64 contradice dicha posición por no asumir el 

arrepentimiento como eje de la atenuación, dado que el efecto atenuante debe 

verse en la actitud del imputado para contrarrestar el efecto de deslegitimación 

de la norma generada por su quebrantamiento; con todo, la mencionada autora 

señala que el criterio anterior genera más riesgos que beneficios, sobre todo en 

lo que al respeto del derecho de defensa se refiere. 

                                                      
61 Ejecutoria Suprema de fecha 16 de marzo de 1998, Exp. N° 264-98-Arequipa. 
62 Ejecutoria Suprema de fecha 25 de noviembre de 1997, Exp. N° 4932-97-Lima. 
63 JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal. Parte general. Vol. II, Bosch, Barcelona, 1981, pg. 1213. 
64 Patricia ZIFFER. Lineamientos de la determinación de la pena. Ad Hoc, Buenos Aires, 1995, pgs. 171- 195. 



 

 

50 

 

Una cosa es la confesión como elemento de prueba a ser valorado por el juez, y 

otra, la oportunidad en que se formula y si hay pruebas de cargo en contra del 

acusado; estos dos últimos supuestos son los factores que el juez debe evaluar 

para estimar si es procedente la reducción de la pena en tanto premio por la 

confesión. Cabe advertir que la valoración probatoria de la confe