“año de la DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN” 

 

 

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ 

 

 

 

Trabajo de suficiencia profesional 2014 - II 

 

 

 

para OBTENER EL Título DE ABOGADO 

 

 

 

 

LA VULNERACIÓN DE 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

EN LAS DETENCIONES POR 

FLAGRANCIA EN LA CIUDAD 

DE IQUITOS 
 

 

 

 

AUTOR: 

Wesley ITAMAR ALBERTO Pizango Sias 

 

 

 

Iquitos –Perú  

 

 

2014 



 3 

ÍNDICE GENERAL 
 

DEDICATORIA 

 

AGRADECIMIENTO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA FLAGRANCIA 

1.2. CONCEPTO DE FLAGRANCIA 

1.3. CARACTERISTICAS DE LA FLAGRANCIA 

1.4. LA FLAGRANCIA EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

1.5. SUPUESTOS DE FLAGRANCIA DELICTIVA 

1.6. LA POLICIA NACIONAL Y LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA 

1.7. DERECHOS FUNDAMENTALES AFECTADOS POR LA 

FLAGRANCIA 

1.8. TRASCENDENCIA DE LA FLAGRANCIA EN DETERMINADOS 

DELITOS 

1.9. FLAGRANCIA DELICTIVA Y ARRESTO CIUDADANO 

1.9.1. LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARRESTO CIUDADANO 

1.9.2. CARACTERISTICAS  DEL ARRESTO CIUDADANO 

1.10. LA FLAGRANCIA EN LATINOAMERICA 

1.10.1. LA FLAGRANCIA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 

CHILE 

1.10.2. LA FLAGRANCIA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 

COLOMBIA 

1.10.3. LA FLAGRANCIA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 

BOLIVIA 

 

CAPITULO II: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 



 4 

 

2.1. DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

2.2. OBTENCIÓN DE LOS DATOS Y MUESTRAS RELACIONADOS CON 

EL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.3. LA FLAGRANCIA SEGÚN EL TC 

 

CAPITULO III: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A los estudiantes y egresados de la 

Universidad Científica del Perú, 

interesados en el estudio del 

derecho penal y procesal penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Al Ministerio Público de Loreto, a 

nuestros padres y amigos que con sus 

valiosos aportes hicieron posible la 

realización de la presente 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 7 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda en modo concreto el tema de la 

flagrancia delictiva y su aplicación en la ciudad de Iquitos por parte de  la 

Policía Nacional del Perú, quienes son los que precisamente tienen la facultad 

constitucional de detener a las personas en flagrancia delictiva. 

 

Cabe señalarse que la flagrancia es una institución de naturaleza procesal de 

larga data, su presencia es tan antigua como la historia del proceso y ha 

mantenido su vigencia durante el paso de los años y sistemas judiciales con 

marcada normatividad, casuística y jurisprudencia especializada. En nuestro 

derecho nacional se inicia su desarrollo constitucional con leyes promulgadas 

en los últimos años y especialmente con el nuevo Código Procesal Penal, el 

mismo que ha sufrido modificaciones en este ámbito. La doctrina nacional ha 

expuesto sus opiniones y posiciones al respecto y la jurisprudencia –ya desde 

antes- ha logrado plasmar sus principios y características más resaltantes. 

 

En ese contexto, el presente trabajo comprende una aproximación al tema de 

la flagrancia, describiendo su tratamiento desde la antigüedad, para luego 

señalar los conceptos que se esbozan al respecto, sus características y el 

modo en que se encuentra comprendido y regulado en nuestra jurisprudencia 

y normatividad vigente. 

 

Con todo ello, se pretende comprender el modo en que la Policía Nacional 

viene aplicando la flagrancia delictiva en la ciudad de Iquitos, a fin de emitir 

una posición sobre lo adecuado de las prácticas relacionadas a dicha 

institución jurídica en el marco de los derechos fundamentales de las 

personas; por lo que seguidamente pasamos a desarrollar el trabajo, 

esperando que resulte ser lo más práctico y entendible posible. 

 

 

 



 8 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA FLAGRANCIA 

 

La flagrancia es una institución que proviene desde los inicios de la 

civilización, por lo que se dice que es de naturaleza procesal de larga data y 

que ha ido evolucionando con el tiempo. 

 

En ese sentido, se tiene que la figura de la flagrancia, desde los tiempos más 

antiguos se ha visto directamente ligada a la detención por el delito cometido, 

tal es así que se han establecido diversas modalidades o supuestos de 

flagrancia. 

 

En la antigüedad 

 

Las conductas que se consideraban delitos en la antigüedad, aplicando las 

normas de hecho del grupo social se castigaban en el acto, no existen 

investigaciones detalladas o juicios por lo que se afirma que se impartía una 

inmediata “justicia” ante un hecho delictivo. 

 

En esta época encontramos ciertas normas de notable importancia, que en 

cierto modo comprendían la flagrancia delictiva, entre los cuales cabe 

destacar el Código Laico de Hammurabi, la Ley del Talión y el Código de 

Manú de la India. 

 

Es así como con el desarrollo de la humanidad y la creación de normas que 

regulan la convivencia, se puede observar que antes de Cristo ya se hablaba 

al respecto, conforme a GARRIDO MUÑEZ1, quien sobre este tema haciendo 

alusión de un texto de la edad antigua que se encuentra “en la Biblia, en el 

                                                           
1
 GARRIDO MUÑOZ, Oswaldo; La flagrancia en la comisión de un delito. 
http://flagranciaendelito.blogspot.com/. 



 9 

Libro de Eclesiastés en sus Capítulos 1, 2 y 3, referidas al Rey Qohelet – hijo 

de David – señala que no hay nada nuevo bajo el sol, desde que existen la 

sociedades humanas en nuestro orbe, ésta ha tenido que sacrificar la libertad 

individual, entendida como el querer hacer todo y de todo por el bienestar 

común, que se ajuste a nuestra conducta y aplaquen los instintos naturales de 

supervivencia más arraigado en nuestra personalidad consciente e 

inconsciente”. 

 

Pero la primera referencia al delito flagrante, la encontramos en el derecho 

romano, conocido como manifestum, en oposición al no manifiesto (furtum)y 

esta distinción tenía importancia, en razón de que el primero era punidono 

sólo en forma más severa sino también de oficio. La razón de la mayor 

sanción la explica CARRARA “por” a) la culpabilidad es evidente, y, b) más 

intenso el espíritu de venganza. 

 

El Derecho Canónico por su parte equipara el hecho notorio al manifiesto (que 

incluía al flagrante) a los que era aplicable el procedimiento ex officio (de 

oficio). 

 

En el derecho de la época medioeval, se estudió ampliamente la flagrancia, 

especialmente en relación con el arresto, el rito y las pruebas. El 

procedimiento inquisitorio de dicha época hacía lugar a un proceso inquisitorio 

sumario, cuando la culpabilidad del reo aparecía evidente, en razón de los 

resultados de la inquisición en general o por haber sido sorprendido el reo in 

franganti. 

 

En la edad media 

 

En esta época es donde se empieza a discutir la detención por flagrancia 

versus detención con orden judicial o por funcionario competente. Durante la 

Edad Media aparecieron normas que se refirieron a los delitos flagrantes, 

como son el Código de Alarico II, o Breviario de Alarico, que responde a la 



 10 

necesidad que tiene el pueblo hispano romano de disponer de un cuerpo de 

leyes claro y actual por el que se habría de regir el pueblo vencido frente a los 

visigodos, que ya disponían del Código de Eurico. Se conservan castigos, 

para los casos tales como el robo en flagrancia, un ejemplo lo pone el Código 

cuando castiga el hecho de robar un tarro de miel por parte de un esclavo que 

podía costarle la horca mientras que la muerte era castigada en numerosas 

ocasiones con el pago de una suma de dinero. Matar a uno de los miembros 

de la guardia del rey costaba 600 monedas de oro, la multa más alta en 

cuestiones de asesinato. 

 

ESCRICHE2 nos dice que “El Código Alfonsino, o la célebre colección de 

leyes compiladas en tiempo del rey don Alfonso El Sabio, llamadas las Siete 

Partidas, porque consta de siete partes. En la primera se trata de las cosas 

pertenecientes a la fe católica, y al conocimiento de Dios por creencia; en la 

segunda, de los emperadores, reyes y señores de la tierra que deben 

mantenerla en justicia; en la tercera, de la justicia, y del modo de administrarla 

ordenadamente en juicio para la expedición de pleitos; en la cuarta, de los 

desposorios y matrimonios; en la quinta, de los contratos; en la sexta, de los 

testamentos y herencias; y en la séptima, de las acusaciones, delitos y 

penas”. La flagrancia estuvo prevista en éste último libro. 

 

En la edad moderna 

 

Como se advierte el delito flagrante se trasladó a las leyes contemporáneas,  

siendo contemplado en diversas situaciones; sin embargo es necesario 

referirnos a la época moderna especialmente en el viejo continente, que es de 

donde generalmente importamos las instituciones de nuestro derecho 

procesal penal. 

 

 

                                                           
2 

Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 1991. Pág. 
266. 



 11 

En la edad contemporánea 

 

La Edad Contemporánea es el nombre con el que se designa el periodo 

histórico comprendido entre la Revolución francesa y la actualidad. 

 

De este época se señala como referente la legislación europeo continental, 

cuando se afirma “que las leyes de enjuiciamiento criminal (española de 1872, 

art. 382, italiana de 1930 y de diversos países) autorizaban a cualquier 

persona particular a proceder al arresto del delincuente sorprendido in fraganti 

o en forma cuasi flagrante, en dichos casos la facultad que se le concedía se 

restringía, en cuanto tenía la obligación inmediata de poner al reo en manos 

de la autoridad competente3. 

 

1.2. CONCEPTO DE FLAGRANCIA 

 

La flagrancia delictiva está vinculada al preciso momento en que es percibido 

o apreciado la ejecución de un delito, lo cual proporciona en términos procesal 

penal, una mayor convicción tanto respecto al delito mismo como de la 

responsabilidad del presunto autor. 

 

Conforme lo enseña CARNELUTTI, flagrancia es el delito en general, 

mientras se ve, o sea para quien lo ve cometer; en otras palabras, para quien 

está presente a su cumplimiento. Esto quiere decir que la flagrancia “no es un 

modo de ser del delito en sí, sino del delito respecto a una persona; y, por 

eso, una cualidad absolutamente relativa; el delito puede ser flagrante 

respecto a Ticio y no flagrante respecto a Cayo”4. 

 

En ese contexto, puede establecerse que la flagrancia del delito coincide con 

la posibilidad para una persona de comprobarlo mediante una prueba directa; 

                                                           
3  

ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1957. Tomo VI, pág. 
299. 

4 
CARNELUTTI, Francesco, Lecciones sobre el proceso penal, T. II, traducida por Santiago Sentís 
Melendo, ediciones jurídicas Europa-América, Bosch, Bs. As., 1950, pág. 77. 



 12 

lo cual nos puede conducir erróneamente a afirmar que el delito es flagrante 

en cuanto constituya la prueba de sí mismo, ello significaría que el delito 

flagrante es “… el delito que se comete actualmente”, en este sentido no 

habría delito que no sea o que al menos no haya sido flagrante, porque todo 

delito tiene su actualidad; pero la flagrancia no es la actualidad sino la 

visibilidad del delito. 

 

Por su lado, CHIOSSONE5, sostiene que “delito infraganti” … es el que se 

comete actualmente o acaba de cometerse”, y agrega que “ también “ se 

tendrá como delito in fraganti aquel por el cual se vea al culpable perseguido 

de la autoridad policial, de la persona agraviada o del clamor público, o en el 

que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar 

o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos 

que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el 

delincuente (…). 

 

Para SAN MARTIN CASTRO, el delito flagrante es aquel cuyo autor es 

sorprendido en el momento de cometerlo6. 

 

Aun con la riqueza de las definiciones citadas, no se debe perder de vista que 

la palabra “flagrar” (del latín flagrare) significa arder o resplandecer, fuego o 

llama. De manera que etimológicamente, flagrante delito equivale a delito 

flameante o resplandeciente, para dar idea de un hecho vivo y palpable cuya 

realidad se impone claramente, y subsiste ante los ojos del observador7. 

  

                                                           
5 

CHIOSSONE, Tulio. Manual de Derecho Procesal Penal. Universidad Central de Venezuela. Caracas: 
1967. pág. 116.

 

6
 SAN MARTIN CASTRO, César, Derecho Procesal Penal Vol. II, Grijley, Lima, 1999, pág. 806.

 

7 
SANCHEZ VELARDE, Pablo, Manual de Derecho Procesal Penal, Idemsa, Lima, 2004, pág. 823. 



 13 

 

1.3. CARACTERISTICAS DE LA FLAGRANCIA 

 

De la doctrina y la normatividad existente, se desprenden ciertas 

características propias de la flagrancia, pudiéndose mencionar las siguientes: 

 

a) Inmediatez temporal, que consiste en que la persona esté cometiendo 

el delito, o que se haya cometido momentos antes. El elemento central lo 

constituye el tiempo en que se comete el delito. Lo inmediato es en el 

momento mismo, lo que se está haciendo o se acaba de hacer. 

 

b) Inmediatez personal, es decir, que la persona se encuentre en el lugar 

de los hechos en situación que se infiera su participación en el delito o con 

objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo. 

 

c) Necesidad urgente, se da ante un conocimiento fundado, directo e 

inmediato del delito, por el cual, resulta urgente la intervención de la policía 

para que actúe conforme a sus atribuciones y ponga término al delito. Esto se 

da ante la imposibilidad de obtener una orden judicial previa. La característica 

propia de la inmediatez exige la intervención policial en el delito. 

 

1.4. LA FLAGRANCIA EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

 

Nuestra actual Constitución en su título I, hace referencia a la flagrancia en 

forma específica en los artículos 2 inciso 24 parágrafo f), al referirse como un 

límite de la libertad locomotora y de excepción a la detención sin mandato 

judicial; así como en el mismo artículo 2 inciso 9, al referirse al derecho a la 

inviolabilidad del domicilio, en el cual, una excepción a dicho derecho, es la 

flagrancia. 

 

El señalado artículo 2 inciso 24 parágrafo f de la Constitución Política peruana 

de 1993, en efecto tiene establecido que “Nadie puede ser detenido sino por 



 14 

mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en 

caso de flagrante delito”. Pero allí queda el tema, no se dice nada más sobre 

ello. 

 
En realidad como concepto legal, hasta antes del Código Procesal Penal de 

2004, no existía ordinaria norma alguna que definiera el concepto de 

“flagrancia”, por lo que, pese a que se le mencionaba en las Constituciones, 

siempre se debía de acudir a la doctrina y a la jurisprudencia para conocer su 

contenido y alcances. 

 
El actual Código Procesal Penal, promulgado mediante el D. Leg. 957, el 22 

de julio de 2004 y publicado el 29 de julio del mismo año, se ocupa de la 

flagrancia al regular la facultad de detención que tiene la autoridad policial en 

su artículo 259°, ello sin perderse de vista que esta facultad se encuentra 

reconocida constitucionalmente en el artículo 2 inciso 24 literal f) de nuestra 

Carta Política. 

 
Sin embargo, es el caso que dicho dispositivo ha soportado diversas 

variaciones pese al poco tiempo de vigencia que tiene el nuevo Código 

Procesal Penal, el cual, inclusive aún no se encuentra vigente en todo el país. 

 
a) Redacción original del artículo 259° del Código Procesal Penal 

 

Teniéndose en cuenta lo expuesto, se aprecia que la primera redacción de 

dicho dispositivo en su versión original fue la siguiente: 

 
“Artículo 259 Detención Policial.- 

1. La Policía detendrá, sin mandato judicial, a quien sorprenda en 

flagrante delito. 

2. Existe flagrancia cuando la realización del hecho punible es actual y, 

en esa circunstancia, el autor es descubierto, o cuando es perseguido y 

capturado inmediatamente de haber realizado el acto punible o cuando 

es sorprendido con objetos o huellas que revelen que acaba de 

ejecutarlo. 



 15 

3. Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una pena no 

mayor de dos años de privación de libertad, luego de los interrogatorios 

de identificación y demás actos de investigación urgentes, podrá 

ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad”. 

 
Del tenor de dicha disposición se aprecia que la detención en flagrancia por 

parte de la autoridad policial se encontraba permitida, siempre que concurra el 

supuesto de flagrancia definido por el numeral 2, según el cual, se requería 

que: 

 
 El hecho punible sea actual (elemento temporalidad de la 

inmediatez) y dentro de dicho contexto, el presunto autor sea 

descubierto. 

 Cuando el presunto autor es perseguido y capturado 

inmediatamente de haber realizado el hecho punible; y  

 Cuando el presunto autor sea sorprendido con los objetos o 

huellas que revelen que acaba de ejecutar el hecho punible. 

 

b) Primera modificación 

 
Posteriormente, tal dispositivo fue modificado por el Artículo 3 del Decreto 

Legislativo Nº 983, publicado el 22 julio 2007, bajo el siguiente texto: 

 

“Artículo 259.- Detención Policial 

 

1. La Policía detendrá, sin mandato judicial, a quien sorprenda en 

flagrante delito. Existe flagrancia cuando el sujeto agente es descubierto 

en la realización del hecho punible, o acaba de cometerlo, o cuando: 

 

a) Ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la 

perpetración del hecho punible, sea por el agraviado, o por otra 

persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual 

o análogo que haya registrado imágenes de éste y, es 



 16 

encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho 

punible. 

 
b) Es encontrado dentro de las 24 horas, después de la 

perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes 

de aquél o que hubieren sido empleados para cometerlo o con 

señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable 

autoría o participación en el hecho delictuoso. 

 

2. Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una pena no 

mayor de dos años de privación de libertad, luego de los interrogatorios 

de identificación y demás actos de investigación urgentes, podrá 

ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad”. 

 
De la disposición antes glosada se tiene que en ella se efectúa una 

definición de flagrancia más específica en el numeral 1, señalando que esta 

se produce cuando: 

 
 El agente es descubierto en la realización del hecho punible; 

 Cuando acabe de cometerlo; y 

 Cuando se produzca cualquiera de las siguientes dos 

circunstancias: 

 

 Ha huido y ha sido identificado inmediatamente después 

de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado, o por 

otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio 

audiovisual o análogo que haya registrado imágenes de éste, 

para lo cual se requiere que sea encontrado dentro de las 24 

horas de producido el hecho punible; y, 

 

 Es encontrado dentro de las 24 horas, después de la 

perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes 

de aquél o que hubieren sido empleados para cometerlo o con 

señalas en sí mismo o en su vestido que indique su probable 

autoría o participación en el hecho delictuoso. 



 17 

 

Como puede notarse, bajo esta redacción el dispositivo deja de mencionar 

como una exigencia de la flagrancia de que el hecho punible sea actual 

(elemento temporal de la inmediatez), quedando solo como elemento 

definidor de la flagrancia que el descubrimiento del presunto autor en la 

realización del hecho punible. 

 

Ello implica una flexibilización del concepto de flagrancia, por cuanto con tal 

disposición se incluía a la identificación inmediatamente posterior a la 

perpetración del delito, del que ha huido, por parte del agraviado o de otra 

persona que haya presenciado el acto, lo cual puede entenderse cuestionable 

en la medida que podría detenerse bajo supuesto de flagrancia a alguien haya 

sido sindicado maliciosamente. 

 

Esta falta de interés en la inmediatez como elemento de la flagrancia al 

amparo de esta disposición fue cuestionada y puesta de manifiesta porel 

Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. Nº 6142-2006-

PHC/TC (Caso Rodríguez), mediante el cual dicho Tribunal sostiene y 

reafirma como uno de los elementos indispensables de la flagrancia a la 

inmediatez, en el cual además de ello señaló que el paso de casi 10 horas 

desde la ocurrencia de los hechos hasta la captura del sindicado, no encuadra 

en ningún supuesto de inmediatez temporal o personal8. 

 

Segunda modificación 

 

Dentro de un contexto de crítica a la modificación del artículo 259 del Código 

Procesal Penal por el D. Leg. Nº 983, por no exigir la inmediatez para que se 

configure la flagrancia, aquél dispositivo del Código Procesal Penal, es 

nuevamente modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 29372, publicada el 09 

junio 2009, cuyo texto es el siguiente: 
                                                           
8 

Así lo resalta mucho estudiosos del derecho procesal penal en el Perú, entre ellos, NEYRA FLORES, 
José Antonio, Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral, Idemsa, 2010, Lima – Perú, pág. 
497. 



 18 

“Artículo 259.- Detención policial 

1. La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien 

sorprenda en flagrante delito. 

2. Existe flagrancia cuando la realización de un hecho punible es actual y 

en esa circunstancia, el autor es descubierto o cuando es perseguido y 

capturado inmediatamente después de haber realizado el acto punible o 

cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de 

ejecutarlo. 

3. Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una pena no 

mayor de dos años de privación de libertad, luego de los interrogatorios 

de identificación y demás actos de investigación urgentes, puede 

ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad”. 

 
En esta segunda modificación al dispositivo aludido, se puede apreciar que la 

definición de la flagrancia se encuentra contenida en el numeral 2, de cuya 

redacción aparece que el legislador retoma la exigencia de que el hecho 

punible sea actual (elemento temporal de la inmediatez). 

 

Asimismo, se establece que esta disposición, salvo por la palabra “después” a 

continuación de la palabra “inmediatamente”, resulta siendo una copia 

idéntica de la redacción original del artículo 259 del Código Procesal Civil. 

 

Bajo estos lineamientos la flagrancia allí definida se encuentra comprendida 

por los siguientes elementos: 

 

 El hecho punible sea actual (elemento temporalidad de la 

inmediatez) y dentro de dicho contexto, el presunto autor sea 

descubierto. 

 Cuando el presunto autor es perseguido y capturado 

inmediatamente después de haber realizado el hecho punible; y,  

 Cuando el presunto autor sea sorprendido con los objetos o 

huellas que revelen que acaba de ejecutar el hecho punible. 

 



 19 

 

c) Tercera y última modificación 

 

Finalmente, el dispositivo materia de análisis es materia de una última 

modificación por el Artículo 1 de la Ley Nº 29569, publicada el 25 agosto 

2010, quedando el dispositivo en cuestión de la siguiente forma: 

 

“Artículo 259.- Detención Policial 

La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien 

sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando: 

1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible. 

2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. 

3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente 

después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por 

otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, 

dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su 

imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de 

producido el hecho punible. 

4. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después 

de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de 

aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en 

sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o 

participación en el hecho delictuoso”. 

 

Bajo esta última redacción, se aprecia que nuevamente desaparece la 

exigencia de que el hecho punible sea actual (elemento temporal de la 

inmediatez), retornándose o guardando gran similitud con la modificación de 

dicho dispositivo efectuada por el D. Leg. 983 del 22 de julio de 2007, lo cual 

se puede considerar como un nuevo retroceso al no exigirse como un 

elemento esencial de la flagrancia a la inmediatez. 

 

A diferencia de aquella modificación, la última y actual definición aparece 

haber sido redactada con una mayor técnica legislativa al definir la  flagrancia 



 20 

delictiva, apreciándose que con tal propósito, ya no se refiere a los casos de 

faltas ni a los supuestos referidos a delitos sancionados con una pena no 

mayor de dos años de privación de la libertad, como se hace en las demás 

disposiciones. 

 

Es así que según la actual redacción del artículo en cuestión, estaremos ante 

un supuesto de flagrancia, cuando concurra cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

 

 El agente es descubierto en la realización del hecho punible. 

 El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. 

 El agente ha huido y ha sido identificado durante o 

inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea 

por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, 

o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología 

se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las 

veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible. 

 El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas 

después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos 

procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para 

cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen 

su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. 

 

Bajo éste último supuesto se tiene que al igual que en el D. Leg. Nº 983, se 

permite detener por flagrancia a una persona hasta después de  veinticuatro 

(24) horas de cometida el delito. Dicho período de tiempo implícitamente 

otorga a la autoridad policial por un lado, la realización de actos de 

investigación para lograr la identificación del presunto autor de delito y por 

otro, actos de investigación para encontrar los efectos que fueron materia del 

delito o los instrumentos empleados para cometerlo, que ya no constituye 

propiamente un supuesto de flagrancia delictual, desnaturalizándola, 

permitiéndose una detención no sustentada en ella, sino en actos de 



 21 

investigación policial, lo cual, puede entenderse como inconstitucional por 

vulnerarse el espíritu del artículo 2 inciso 24 literal f) de nuestra Constitución. 

 

1.5. SUPUESTOS DE FLAGRANCIA DELICTIVA 

 

En nuestro ordenamiento jurídico se ha previsto a la flagrancia como una 

regla de excepción al derecho a la libertad personal, en el que se permitirá la 

detención de una persona a fin de evitar eventuales consumaciones 

delictivas, la fuga o desaparición del delincuente o de los efectos del delito, y 

se encuentra previsto en nuestra Carta Magna en su artículo 2 inciso 24 literal 

f), disposición constitucional que tiene como norma de desarrollo al Código 

Procesal Penal de 2004, en su artículo 259°, sobre lo cual se ha hecho 

mención en líneas precedentes. 

 

De las normas citadas, es factible afirmarse, teniéndose en cuenta asimismo 

lo establecido en la doctrina y jurisprudencia, que existen en nuestro 

ordenamiento jurídico los siguientes supuestos de flagrancia delictiva: 

 

a. Flagrancia en sentido estricto: 

 

Al respecto, se puede advertir que efectivamente el legislador peruano, ha 

optado por el sentido estricto de flagrancia, cuando el agente es descubierto 

en la realización del hecho punible, y que de acuerdo a la configuración de 

cada tipo penal, se determinará la consumación del delito, o estaríamos ante 

el grado de tentativa, así por ejemplo en el delito de robo, el delincuente 

(propiamente dicho, presunto autor) es descubierto una vez que despojo del 

bien a la víctima, considerándose que la punición del iter criminis comienza 

con los actos iniciales de ejecución (tentativa), la Policía podrá detener a 

quien sospeche incluso que recién está empezando a ejecutar el delito. 

 



 22 

En reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional, interpretando 

directamente la Constitución, ha dicho que la flagrancia en la comisión de un 

delito presenta 2 requisitos insustituibles: a) la inmediatez temporal, es decir, 

que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; b) la 

inmediatez personal, esto es, que el presunto delincuente se encuentre ahí, 

en ese momento en situación; y con relación al objeto o a los instrumentos del 

delito, que ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el hecho 

delictivo9. 

 

b. Cuasi flagrancia 

 

Se ha determinado como supuesto de flagrancia, cuando el agente acaba de 

cometer el hecho punible y es descubierto. Al respecto, el magistrado 

supremo NEYRA FLORES, señala que la intervención policial “…es posterior 

al momento que fue descubierto cometiendo el hecho por el mismo agraviado, 

parientes o terceros o cuando la misma víctima reduce al agresor, logrando 

escapar éste, circunstancia en la que se incorpora a perseguirlo la policía, 

logrando capturarlo”10; por su parte , el Fiscal Supremo SANCHEZ VELARDE 

considera nos encontramos ante una cuasi flagrancia: “cuando el agente 

acaba de cometerlo, es decir, es capturado inmediatamente de haber 

realizado el hecho punible”. 

 

Si bien, en nuestra legislación no se indica cuando estamos ante la 

circunstancia de ser descubierto cuando se acaba de cometer el delito; 

acertadamente, en doctrina se señala que la aprehensión debe ser inmediata, 

pues precisamente, de ello deriva el sentido de una flagrancia. 

 

                                                           
9
 Cfr. Las sentencias del Tribunal Constitucional recaída en los expedientes 01957-2008-PHC/TC, caso 
Félix Hilario Cruz, del 31 de octubre de 2008, fundamento jurídico 6; 2096-2004-HC/TC, caso Eleazar 
Camacho Fajardo, del 27 de diciembre de 2004, fundamento jurídico 4; 06646-2006-PHC/TC, caso 
Alberto Vega Sánchez, del 24 de agosto de 2006, fundamento jurídico 3; Exp. N° 6142-2006-PHC/TC, 
caso James Yovani Rodríguez Aguirre, del 14 de marzo de 2007, fundamento jurídico 3. 

10 
NEYRA FLORES, José Antonio: Manual del Nuevo proceso penal, Idemsa, Lima 2010, pág. 497 



 23 

c. Presunción de Flagrancia: flagrancia virtual 

En nuestra legislación se ha incorporado este supuesto de flagrancia, en el 

que el detenido ha sido identificado durante o inmediatamente después de la 

perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que 

haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos 

con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de 

las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible. Al no tratarse 

propiamente de situaciones de flagrancia delictiva, la doctrina ha llamado a 

estos supuestos como presunciones legales de flagrancia, a su vez, cabe 

mencionar que si la vinculación de los hechos con un sujeto determinado se 

llega mucho después, con ayuda de las investigaciones realizadas, por más 

que haya hasta certeza de su participación, la flagrancia se habrá esfumado, 

más aún si se ha previsto un amplio margen para producir. 

 

Al respecto, CABALLERO GUEVARA, refiere que “…el lapso de veinticuatro 

horas introducido por la norma modificatoria, desnaturaliza la propia esencia 

de esta institución. Facultar a la policía a detener a una persona hasta un día 

después (dentro de las 24 horas) de ocurrido el hecho, con la sola sindicación 

del agraviado o de un testigo, ya no presenta ese nivel de convicción que 

justifica la detención”11. Efectivamente, resulta inadecuado extender el lapso 

de tiempo para efectuar una detención, si se tiene en cuenta que una de las 

características de la flagrancia es la inmediatez, lo que definitivamente con 

esta disposición se desnaturaliza esta institución. 

 

Por su parte, el juez supremo NEYRA FLORES, señala que habrá presunción 

de flagrancia cuando existen “motivos racionalmente suficientes para concluir 

que nos hallamos ante un ilícito temporalmente próximo o material”, pero cabe 

preguntarse cuando nos encontramos ante estos indicios para vincular a un 

sujeto con la comisión de un delito, para lo cual, se han presentado varios 

presupuestos, por sindicación de una persona o víctima, identificación por 
                                                           
11 

CABALLERO GUEVARA, Rosa Magaly: La actual regulación de la flagrancia delictiva en el 
ordenamiento peruano- un flagrante desacierto. EN: Gaceta Jurídica Tomo 185, Abril – 2009. Pág 
147. 



 24 

medio audiovisual, sindicación que en ese amplísimo plazo pueda ser 

detenido el sospechoso, puede realizarse por cualquier persona que lo logre 

identificar aun viéndolo por televisión simplemente. De allí que se le llame 

también flagrancia virtual12. 

 

En cuanto a este último, encontrarse registrado la imagen mediante medio 

audiovisual, dispositivos o equipos con tecnología, sin que se haya 

establecido cuando nos encontramos ante un medio audiovisual, para lo cual, 

recurriremos a su definición y corresponde a medios de comunicación social 

que tienen que ver directamente con la imagen como la fotografía y el audio. 

 

Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos que, 

con imágenes y grabaciones, sirven para comunicar un mensaje 

especialmente específico. Entre los medios audiovisuales más populares se 

encuentra la diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos, los 

diaporamas, el video y los nuevos sistemas multimediales de la informática, 

siendo necesario establecer taxativamente cuales son estos medios, y de ese 

modo no exista discrecionalidad de la autoridad que efectivizará la detención 

de una persona. 

 

d. Presunción de Flagrancia. Flagrancia diferida 

 

Se efectuara la detención de una persona dentro de las 24 horas de 

producido el delito, y el agente es encontrado con efectos o instrumentos 

procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con 

señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o 

participación en el hecho delictuoso. Se describe que pueden ser detenidos a 

                                                           
12 

NEYRA FLORES, José Antonio, Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral, Idemsa, 2010, 
Lima – Perú, pág. 497. 

 



 25 

quien se sospeche que ha participado de su comisión, por tener objetos 

relacionados al hecho, por ello se le ha llamado también flagrancia diferida13. 

 

Esta laxitud permite una corroboración indiciaria muy deficiente: Conforme el 

inciso 4 del artículo comentado, basta poseer un objeto posiblemente 

sustraído de un lugar para ser involucrado con el delito y detenido. 

 

No obstante, cabe mencionar que en nuestra jurisprudencia se ha establecido 

cuando nos encontramos ante los efectos o instrumentos de la infracción 

penal, en el Acuerdo Plenario 5-2010/PJ-116, ello con motivo de unificar 

criterios ante una medida de incautación que prevé el Código procesal penal, 

es así que se tiene que:  

 

 Los efectos del delito o producta scaeleris son los objetos 

producidos mediante la acción delictiva, como el documento o la moneda 

falsa, así como las ventajas patrimoniales derivadas del hecho punible, 

como el precio del cohecho, el del delincuente a sueldo, o la 

contraprestación recibida por el transporte de droga, etcétera. 

 

 Los instrumentos del delito o instrumenta scaeleris son los 

objetos que, puestos en relación de medio a fin con la infracción, han 

servido para su ejecución, tales como el vehículo utilizado para el 

transporte de la mercancía, los útiles para el robo, el arma empleada, 

maquinarias del falsificador, etcétera”. 

 

Sin embargo, podrían suscitarse algunos problemas en su aplicación, así 

por ejemplo, cuando se realiza un rol de acuerdo a tu competencia, lo 

que en doctrina se denomina conducta neutra, y se brinda un servicio de 

transporte y a través del vehículo se transportaron las sustancias ilícitas. 

 
                                                           
13  

Rodríguez Hurtado, Mario; Schönbohm, Horst; Ugaz Zegarra, Fernando, y Gamero Calero, Lorena; 
La investigación preparatoria del proceso penal común, 1era ed., 1era reimpresión, GTZ – 
Cooperación Técnica Alemana, Lima, 2009, p. 86. 



 26 

1.6. LA POLICÍA NACIONAL Y LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA 

 

El Capítulo XII de la Constitución Política regula las funciones de la Policía 

Nacional, señalando que son garantizar, mantener y restablecer el orden 

interno, prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad, 

garantizar la seguridad del patrimonio público y privado. 

 

Por su parte a partir de la Carta de 1993, el Tribunal Constitucional ha 

precisado que dichas funciones se deben efectuar con estricta sujeción,  

garantía y respeto a los derechos humanos y de otro lado que son las 

funciones básicas de la Policía Nacional según nuestro supremo interprete, 

preventiva e investigativa (represiva), añadiendo que por la segunda la Policía 

investiga y combate la delincuencia”14. 

 

Esta última de las labores es la que ha regido la actividad policial, pero las 

tendencias actuales giran en torno al modelo policial que basa su actuación 

más en la prevención que en la represión, que es más propia de un estado 

absoluto que de un estado democrático de derecho15. 

 

Como se sabe la etapa de la investigación del delito es la más delicada desde 

el punto de vista del ciudadano, puesto que en el inicio de la investigación, en 

donde el legítimo poder del Estado de investigar el hecho criminal y perseguir 

a sus autores se manifiesta con mayor intensidad y es ahí precisamente en 

donde los también legítimos derechos de los ciudadanos necesitan de una 

mayor protección16. 

 

                                                           
14

 Exp. N° 0022-2004-AI/Tribunal Constitucional , Caso Ley de la Policía Nacional.
 

15 
Informe Defensorial – Informe N° 142: Fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú: Cinco áreas 
de atención urgente, Defensoría del Pueblo, Adjuntía en Asuntos Constitucionales, Segunda 
Edición, 2009. Pág. 66

 

16
 GÓMEZ COLOMER Juan Luis. “La Investigación Criminal: Problemas actuales y perspectivas de 

unificación internacional”. En La Prueba: Reforma del Proceso Penal y derechos humanos” En 
Jurista Editores, Lima, 2007, pág. 204. 



 27 

Debe advertirse que la actividad policial pública tiene que legitimar su 

actuación y mantener el equilibrio entre el derecho a la seguridad ciudadana 

y el respeto a la retórica de los derechos fundamentales y la legalidad. 

 

Para prevenir la eventual vulneración de derechos es que se ha buscado 

responsabilizar a dos instituciones de la investigación del delito: a la Policía 

Nacional y al Ministerio Público, sin embargo siempre se han presentado 

dificultades, sobre todo en un asunto tan delicado como es el caso de la 

detención en flagrancia. 

 

Siendo el Ministerio Público el titular de la acción penal parece lógico que se 

le haya entregado la conducción de la investigación del delito a los fiscales, 

pues son ellos los que asumen la responsabilidad de probar a través de los 

elementos de convicción reunidos, tanto la realización del hecho ilícito como 

la responsabilidad del presunto autor. 

 

Sin embargo dirigir no es estar presente, más aún en casos donde es la 

propia Constitución la que autoriza la detención en flagrancia a cargo de la 

Policía Nacional. En efecto la presencia física del fiscal en todas y cada una 

de las actuaciones policiales no constituye algo urgente o relevante o abona a 

la verosimilitud de lo hecho por la Policía17. 

 

El rol de la Policía Nacional en la investigación del delito aparece consagrado 

en el nuevo Código Procesal Penal, siendo la policía el organismo 

institucionalizado que concentra y ejerce el mayor espacio de poder respecto 

al control penal, pues es la agencia más grande y la que emplea más 

integrantes que cualquier otra entidad estatal18. 

 

                                                           
17  

ANGULO ARANA Pedro Miguel, LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO, EL FISCAL Y LA POLICÍA, En Gaceta 
Penal, Tomo 24, Junio 2001. Pág. 213.

 

18  
ANGULO ARANA Pedro, LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, 
Editorial Gaceta Jurídica, Primera Edición, Lima Perú, Pág. 40. 



 28 

1.7. DERECHOS FUNDAMENTALES AFECTADOS POR LA 

FLAGRANCIA 

 

Del estudio de lo señalado en nuestra actual Constitución de 1993, se 

advierte que como consecuencia de las detenciones en flagrancia se permite 

la afectación de ciertos derechos fundamentales, como son los siguientes: 

 

 La libertad individual: Libertad ambulatoria 

 

Este punto en su desarrollo no se refiere a la afectación de la libertad 

ambulatoria sino a la legitimidad de la detención preliminar. 

 

En efecto, nuestra Carta Política en su artículo 2 inciso 24, señala que toda 

persona tiene derecho a la “libertad y seguridad personal”, precisando en su 

parágrafo f, que como consecuencia de ello: 

 

“Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del 

juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. 

El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, 

dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. 

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico 

ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden 

efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un 

término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al 

Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de 

vencido dicho término”. 

 

De la citada disposición constitucional se tiene que esta contiene una norma 

implícita, la cual consiste en que la misma Constitución admite la posibilidad 

de la detención de una persona o ciudadano por parte de las autoridades 

policiales en caso de flagrante delito. En este sentido, se puede afirmar en 

líneas generales que el primer derecho de la persona que puede afectarse 



 29 

ante la existencia de una flagrancia delictiva es la libertad personal 

propiamente dicha, es decir como aquella libertad ambulatoria o de 

circulación, por la cual un persona puede desplazarse de un lugar a otro, con 

lo cual uno puede residir e incluso permanecer en el lugar que se elige. 

 

BERNALES BALLESTEROS19, al comentar el dispositivo antes glosado 

señala que en su párrafo primero se establece las dos formas de detención 

constitucionalmente correcta, la primera por mandato escrito y motivado del 

juez, que debe ser producido no arbitrariamente, sino de acuerdo a los 

procedimientos preestablecidos. La segunda entendida como la detención 

directa por la autoridad policial en caso de flagrante delito, la cual la entiende 

como el momento en el cual el agresor comete la acción criminal. Es por ello 

que teniendo en claro que éstos dos supuesto de detención son los permitidos 

por la Constitución, toda aquella detención que no se encuadre dentro de 

ambas, constituiría una detención arbitraria. 

 

De otro lado, cabe mencionarse que el plazo de la detención por flagrancia en 

los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas puede ser de 

hasta quince días de acuerdo a la disposición constitucional, sin embargo, 

existe la obligación por parte de las autoridades policiales de dar cuenta al 

Ministerio Público y al juez competente, lo cual se complementa con la 

facultad que tiene el juez de asumir jurisdicción antes de vencido dicho plazo, 

el cual tiene como intención el permitir el control jurisdiccional de la 

investigación cuando el juez lo considere conveniente ya sea por razones 

vinculadas estrictamente al desarrollo de la investigación como a temores 

sobre la seguridad del detenido o por cualquier otra razón surgida de la 

evaluación discrecional del órgano jurisdiccional. 

 

 

 
                                                           
19  

BERNALES BALLESTEROS, Enrique, La Constitución de 1993. Análisis Comparado, Constitución y 
Sociedad, 3ra Edición Lima, 1997. pág. 178-181.

 

 



 30 

 La inviolabilidad del domicilio 

 

Otro de los derechos que pueden verse afectados con la institución procesal 

penal de flagrancia y que deriva de la afectación a la libertad locomotora 

comentado en líneas anteriores, es la inviolabilidad del domicilio, la cual se 

encuentra prevista en la Constitución, que lo regula en el artículo 2, en su 

inciso 9, según el cual toda persona tiene derecho: “A la inviolabilidad del 

domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros 

sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo 

flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por 

motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley”. 

 

Bajo lo antes indicado, se asume que la inviolabilidad del domicilio consiste en 

la imposibilidad de entrada, investigación o registro del recinto que se habita, 

salvo las excepciones señaladas expresamente en la Constitución, de la 

autorización de quien habita el domicilio, mandato judicial, flagrante delito o 

muy grave peligro de su perpetración, por lo que se recomienda que se 

asuma un concepto de domicilio constitucional de manera que se incluya 

como actos violatorios no solo los utilizados en forma física por otras 

personas sino por medio de aparatos electrónicos, mecánicos u otros 

análogos. 

 

En lo que respecto a la afectación que pudiera generar la flagrancia al 

derecho a la inviolabilidad del domicilio, el cual consiste en una de las 

excepciones previstas en nuestra Constitución en la defensa de este derecho, 

por lo tanto, no constituye supuesto de excepción relevante para los fines del 

presente trabajo, las excepciones referidas a la entrada legítima en el 

domicilio por consentimiento del titular ni a los supuesto de un mandato 

judicial que lo autorice, sin embargo, a nuestro criterio resulta imprescindible 

evaluar y diferenciar los otros dos supuestos de excepción que prevé la 

Constitución, por estar vinculados entre sí en cuanto a la comisión de un ilícito 



 31 

penal, los cuales consisten en: a) la existencia de un flagrante delito y b) un 

grave peligro de la perpetración de un delito. 

 

En lo que se refiere a la flagrancia delictiva, existe opiniones que señalan que 

en estos casos, sólo se permitiría el ingreso al domicilio en caso que sea 

necesario para alcanzar los fines legítimamente previstos, como serían 

impedir la consumación del ilícito penal, la huida del delincuente o la 

desaparición de los efectos o instrumentos del delito. Al respecto, debe 

tenerse en cuenta la señalado por RUBIO CORREA20, quien señala que 

ambos supuestos de excepción deben ser utilizados muy excepcionalmente 

porque si no se estaría violando lo que la Constitución quiere proteger. 

 

Por otro lado, de acuerdo a una interpretación literal, el último supuesto de 

grave peligro o peligro inminente de perpetración de un delito, debe ser 

entendido como una circunstancia distinta a la flagrancia, más precisamente 

vinculado a una peligrosidad que merece ser aclarada para no sea confundido 

con aquella, por cuanto existe consenso por parte de los constitucionalista al 

considerar este grave peligro o peligro inminente, como un término bastante 

indeterminado e impreciso. Es por ello que MESIA RAMÍREZ, considera que 

concurriría este supuesto cuando se tenga el conocimiento fundado de la 

comisión inminente de un hecho ilícito, por lo que no estaría incluido la mera 

sospecha, presunciones o prejuicios, con lo cual se requiere que los agentes 

policiales tengan motivos y razones suficientes, certeza clara, manifiesta y 

perceptible de la futura comisión de un ilícito penal. 

 

 El derecho a la intimidad 

 

La posibilidad de verse afectado este derecho por la flagrancia delictiva, 

conforme ha sido indicado en el punto precedente deriva de la afectación que 

pudiera darse al efectuarse a la inviolabilidad del domicilio por causa de la 

                                                           
20 

RUBIO CORREA, Marcial, Para conocer la Constitución de 1993, Fondo Editorial Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2001, Primera reimpresión, Lima – Perú. pág. 38. 



 32 

flagrancia, por lo que la afectación de este derecho por causa de esta  

flagrancia si bien no resultaría directa también lo es que sí resulta en forma 

indirecta, que deriva la conectividad que tiene este derecho a la intimidad con 

el de la inviolabilidad del domicilio, por ser al interior de un domicilio y la 

privacidad que representa, en donde la persona o el ciudadano desenvuelve 

su personalidad y realiza con mayor libertad todos las acciones y omisiones 

que desea que sean conocidas por los demás. 

 

Este derecho se encuentra previsto en el artículo 2 inciso 7 que señala que 

toda persona tiene derecho a “Al honor y a la buena reputación, a la intimidad 

personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias”. 

 

Sobre este derecho RUBIO CORREA21, señala que “la intimidad personal y 

familiar es aquella esfera de la vida de una persona en la que ningún extraño 

puede interferir, además que es reservada con plena autonomía a la persona 

misma y a sus familiares más cercanos, siendo los asunto íntimos y de 

familia, es decir todo aquello llamamos vida privada”. 

 

En el caso en concreto la posibilidad de verse afectado este derecho o verse 

en conflicto con otros derechos, se encuentra vinculado a los casos 

excepcionales de afectarse la inviolabilidad del domicilio como consecuencia 

de la flagrancia delictiva, en el cual toda aquello que para el ciudadano 

respondía a su estricta intimidad al estar dentro de su propio domicilio, resulta 

de interés público por responder a la necesidad del Estado por intermedio de 

sus autoridades policiales de perseguir el delito en forma inmediata a su 

comisión, distinto a los mecanismos en los cuales media un mandato judicial 

autoritativo que tiene efectos tanto para evitar la comisión como la 

persecución del delito, claro está en el caso que puede ser entendido como 

un supuesto de flagrancia. 

 

 

                                                           
21

 RUBIO CORREA, Marcial, ob. cit., 2001, pág. 35. 



 33 

 La inviolabilidad del derecho de propiedad 

 

Finalmente, aunque no se trata de un derecho fundamental, existen casos en 

los cuales existe la posibilidad de que en vía excepcional afecte 

legítimamente el derecho a la inviolabilidad del domicilio por la existencia de 

flagrancia delictiva, sin embargo, debido a los mecanismos u operativos de 

permisibilidad a la excepción de aquél derecho por parte de la policía así 

como por mecanismos de protección o autoprotección de los efectivos que 

intervienen en la ejecución de la diligencia policial, puede verse afectados 

bienes de propiedad de la persona o ciudadano afectado, con lo cual, se 

vulnera su derecho a la propiedad. Esta afirmación, si bien no aparece ser 

aceptada por los diversos autores, también lo es que, merece tenerse en 

cuenta. 

 

La inviolabilidad del derecho a la propiedad se encuentra prevista en el 

artículo 70 de la Constitución, según el cual “El derecho de propiedad es 

inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y 

dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, 

exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, 

declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada 

que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder 

Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado 

en el procedimiento expropiatorio”. 

 

1.8. LA TRASCENDENCIA DE LA FLAGRANCIA EN DETERMINADOS 

DELITOS” 

 

 La Flagrancia en los delitos permanente y de consumación 

instantánea 

 

Dado que la noción de permanencia, en un primer momento suele ser 

indicativa de una acción o de un estado que se mantiene o subsiste en el 



 34 

tiempo, es decir, de un comportamiento que se está ejecutando o 

perpetrando, o en todo caso, de algo que acaba de cesar en su permanencia, 

podríamos concluir en la compatibilidad de dicha noción con la institución 

procesal de la flagrancia, concretamente, en orden a la definición legal del 

delito que se está cometiendo o acaba de cometerse. Así las cosas, de la 

particularidad de los delitos permanentes y los delitos de consumación 

instantánea y efectos permanentes resulta la aparente compatibilidad entre la 

noción de permanencia que los caracteriza y la flagrancia, lo que nos lleva en 

un primer momento, a la conclusión de que todos los delitos caracterizados 

por tal noción son flagrantes. 

 

En este orden de ideas, Para Piug, el concepto de la flagrancia, es 

trascendente en cuanto a la clasificación de los delitos en instantáneos y 

permanentes, pues como se afirma “… la flagrancia existe mientras dura la 

permanencia...”. 

 

Por ejemplo, el delito de violación sexual a una menor habiéndose llevado en 

varias ocasiones durante un tiempo determinado. Esta postura, sustenta la 

tesis en virtud de la cual se afirma que la noción de permanencia, presente en 

los delitos permanentes y los de consumación instantánea y efectos 

permanentes, conlleva por siempre a considerar la existencia de la flagrancia. 

En tal sentido, se concibe la situación flagrante a partir de la noción de 

permanencia de tales delitos, razón por la cual la flagrancia se configura como 

todo hecho punible que se está cometiendo, acaba de cometerse o en fin, de 

aquél que ha cesado en su continuidad o permanencia. 

 

Se advierte entonces, que para el autor Piug lo primordial a los efectos de la 

flagrancia y su configuración no son los elementos que la integran, sino la 

noción de permanencia de dichos delitos. 

 

Sin embargo, de lo argumentado por el autor Piug, es de verse que no se ha 

tenido en cuenta los elementos que integran el concepto de flagrancia, esto 



 35 

es, la inmediatez, la percepción sensorial y la necesidad y urgencia de 

intervención, puesto que la noción de permanencia, propia de los delitos 

permanentes y de efectos permanentes, no es suficiente o determinante en la 

verificación de la flagrancia delictiva. Puede darse el hecho de que aún 

existiendo la permanencia de una acción delictiva o de un estado antijurídico 

como por ejemplo el de una violación sexual continua en el tiempo, no se esté 

ante la flagrancia. 

 

 La ejecución de un delito permanente como el secuestro o la 

privación ilegítima de libertad 

 

Donde se mantiene al secuestrado o al sujeto privado ilegítimamente de su 

libertad, en el interior de un domicilio o un recinto privado; o en el caso de un 

delito instantáneo y efectos permanentes, como la posesión de sustancias 

estupefacientes para la distribución por parte de quien se encuentra en su 

domicilio. En ambos supuestos, al no contarse con la percepción sensorial 

acerca de la ocurrencia de estos comportamientos criminosos, no podrá 

hablarse de flagrancia a pesar de la nota de permanencia. 

 

En relación al secuestro, pensemos que la autoridad policial adquiere o tiene 

el conocimiento de que la persona secuestrada se encuentra en un domicilio 

determinado: ¿Podrá en este caso hablarse de flagrancia teniendo en cuenta 

que el delito de secuestro es permanente?, ¿Resultaría conforme a derecho 

ingresar sin orden judicial al domicilio donde se presume que se está llevando 

a cabo el secuestro, con el sólo dato de que se trata de un delito permanente? 

 

Creemos que tal situación no encuadra en la definición legal de flagrancia, 

dado que “existe flagrancia cuando la realización de un hecho punible es 

actual y en esa circunstancia, el autor es descubierto o cuando es perseguido 

y capturado inmediatamente después de haber realizado el acto punible o 

cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de 

ejecutarlo”, por lo que considero que la sola naturaleza del secuestro, como 



 36 

delito permanente, no constituye un aspecto integrante de la flagrancia, 

mucho menos que la defina, si tenemos en cuenta que el Tribunal 

Constitucional, se había pronunciado sucesivamente sobre este tema, en 

concordancia con una flagrancia tradicional o strictu sensu, estableciendo la 

relación inviolable entre la flagrancia y su inmediatez temporal y personal: 

“Según lo establecido por el Tribunal en reiterada jurisprudencia, la flagrancia 

en la comisión de un delito presenta dos requisitos instituibles: a) La 

inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya 

cometido instantes antes; b) La inmediatez personal, esto es, que el presunto 

delincuente se encuentre ahí, en ese momento en situación; y con relación al 

objeto o a los instrumentos del delito, que ello ofrezca una prueba evidente de 

su participación en el hecho delictivo”, asimismo es necesario la exigencia de 

un tercer requisito o elemento, para que se configure a la Flagrancia como tal, 

esto es: la Percepción sensorial directa por un tercero del hecho delictuoso, 

es decir solo podrá ser detenido el delincuente in fragante si un tercero 

percibe a través de los sentidos o descubre, que esa persona está 

cometiendo o acaba de cometer un hecho delictivo, pues las ideas de 

descubrimiento, sorpresa y percepción sensorial del hecho delictivo deben 

ocupar in primer plano en la noción de delito flagrante, pues si bien todo 

hecho delictivo pasa por una fase de ejecución, sólo podrá ser detenido el 

delincuente in fraganti si un tercero descubre, que esa persona está 

cometiendo o acaba de cometer un hecho delictivo, pues no sería 

necesariamente una percepción evidente el simple conocimiento fundado que 

lleva a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer un 

delito. 

 

Asimismo, no cabe duda que la flagrancia puede configurarse en el delito 

permanente de secuestro, verbigracia, cuando percibidos los secuestradores 

en la ejecución del secuestro se les persiga para su aprehensión, por la 

autoridad policial o por las víctimas, pero esta situación nada tiene que ver 

con el carácter permanente del secuestro. En este ejemplo, se trata de la 



 37 

concurrencia de los elementos de la flagrancia, a saber: la percepción 

sensorial, la inmediatez y la necesidad de urgencia de intervención. 

 

Considerar la sola noción de permanencia en orden a la existencia de la 

flagrancia, desatendiendo su principal elemento, como lo es la percepción 

sensorial, implicaría una valoración a partir del mero conocimiento, de la 

intuición o de la simple sospecha de que se está cometiendo un delito, siendo 

suficiente que los funcionarios policiales estén informados acerca de la 

presunta ocurrencia de un delito permanente o de efectos permanentes. 

Dicho de otro modo, se ampliaría el concepto y con ello el alcance de la 

flagrancia para restringir la libertad personal, el domicilio, cualquier recinto 

privado en el que se desarrolle la intimidad de las personas o cualquier otro 

derecho, sin la correspondiente orden judicial a partir del conocimiento, en 

lugar de la percepción sensorial del delito que se esté cometiendo o acabe de 

cometerse. 

 

Valga en este orden de ideas, lo expresado por el Tribunal Supremo español, 

en la sentencia del 29 de septiembre de 1994, en la que se diferencia la 

permanencia de la percepción o evidencia sensorial, en tanto que la primera 

alude a la consumación del delito permanente, por estarse realizando en todo 

momento mientras dure la situación antijurídica, siendo que la percepción o 

evidencia sensorial, característica de la flagrancia, alude al delito que se 

está realizando o acaba de realizarse y es percibido por alguien. 

 

Por consiguiente, la permanencia del delito o del estado antijurídico del mismo 

y la evidencia –percepción- sensorial, no son coincidentes en la concreción de 

la flagrancia delictiva, entre otras razones, porque ésta no la determina la 

estructura o naturaleza del delito, sino la percepción que se tiene de una o 

varias personas que lo cometen o acaban de cometerlo y, en el supuesto de 

la cuasiflagrancia, por la presunción fundada acerca de una o varias personas 

que por encontrarse en el mismo lugar donde se ha cometido el delito o cerca, 



 38 

con objetos, armas o instrumentos, en una relación de tiempo inmediata –a 

poco de haberse cometido el hecho-, se consideran autores o partícipes. 

 

Significa entonces, que la permanencia en el tiempo, tanto de la acción 

delictiva, en lo que respecta a los delitos permanentes, como del estado 

antijurídico, en cuanto a los delitos de consumación instantánea y efectos 

permanentes, por sí sola no es determinante para hablar de la presencia o de 

la percepción sensorial de la situación flagrante. En este sentido, merece 

especial atención lo referido por Manzini, quien a pesar de afirmar que la 

permanencia de un delito no es suficiente en orden a la flagrancia, es del 

criterio que se configuraría si se sorprende al agente de delito en el acto de 

cometerlo: “... en el acto de mantener, activa o pasivamente, el estado de 

permanencia...”. Como se advierte, este planteamiento hace depender la 

flagrancia de la noción de permanencia. Como se ha advertido, según nuestra 

ley procesal, la flagrancia propiamente dicha ocurre cuando el agente es 

sorprendido en el acto de cometer el delito. 

 

El concepto de flagrancia está dado, pues, por una idea de relación entre el 

hecho y el delincuente (...) Tal condición existe en los delitos continuados, 

cuando el agente es sorprendido en el acto de cometer el último delito ligado 

a los precedentes mediante el nexo de la continuación; y en los delitos 

permanentes, cuando el autor es sorprendido durante la permanencia 

del delito mismo. En este último caso, para tener la flagrancia no es 

suficiente que se trate de delito permanente, si el delincuente no es 

sorprendido en el acto de mantener, activa o pasivamente, el estado de 

permanencia.(resaltado nuestro). 

 

Lo afirmado por Brichetti y Manzini, en cuanto sostienen que la flagrancia 

puede consistir en la sorpresa o el descubrimiento de quien mantiene el 

estado de permanencia de un delito, guarda relación con la definición legal 

contenida en la norma procesal referida por el primero, en la que se ha 

previsto “... El delito permanente es flagrante hasta tanto haya cesado la 



 39 

permanencia...”. A partir de esta norma, podría reconocerse la validez del 

razonamiento al que arriban los autores. Sin embargo, esta previsión legal –

ajena al CPP- desconoce la esencia de la flagrancia, entendida como noción 

fáctica, objetiva, inmediata, presente y necesitada de urgente intervención, 

cuya concreción sólo puede partir de la percepción sensorial en relación a una 

o varias personas que comenten o acaban de cometer un delito, o de la 

presunción con respecto a quienes por encontrarse en el mismo lugar de su 

comisión o cerca de éste, con objetos, instrumentos o armas, se presumen 

son sus autores o partícipes, todo ello con independencia de si el delito es 

permanente o no. 

 

Por tanto, la flagrancia no versa sobre la sorpresa o el descubrimiento de una 

persona en el acto de mantener, activa o pasivamente, el estado de 

permanencia de un delito; “...flagrante es el hecho que se está realizando o 

ejecutando por alguien y es observado por un funcionario o particular”. 

 

Pensemos en el supuesto del secuestro arriba mencionado, en el de la 

persona que mantiene oculta sustancias estupefacientes en su domicilio, el de 

quien detenta o posee un arma de fuego sin porte, en su domicilio o entre sus 

pertenencias, al igual que la hipótesis de la tenencia de sustancias 

estupefacientes en el interior del domicilio, cualquier recinto privado o entre 

sus pertenencias. En todos estos casos, se trata de delitos en los que tiene 

lugar la permanencia de un estado antijurídico, bien que se los considere 

como delitos permanentes o de efectos permanentes, no obstante, ante la 

comisión de cualquiera de estos comportamientos criminosos lo que importa, 

a los efectos de la definición legal de flagrancia y su dimensión constitucional, 

no es la permanencia sino, en primer lugar, la percepción sensorial de manera 

directa y por cualquier sentido de que se cometen o acaban de cometerse, lo 

que excluye el conocimiento o la sospecha fundada acerca de su comisión. 

 

 



 40 

En estos supuestos, generalmente se accede al descubrimiento, vale decir, al 

hallazgo de lo buscado en virtud del conocimiento o la sospecha, después de 

una indagación previa, por lo que no se tiene la percepción sensorial de que 

se está cometiendo un delito. 

 

Tal como se señala en la sentencia del Tribunal Supremo español de 29 de 

septiembre de 1994 “...la permanencia significa que la infracción se está 

consumando todo el tiempo en que dura la situación antijurídica, en tanto que 

la flagrancia exige la evidencia sensorial de que el delito se está produciendo, 

siendo así que el flagrante es tan evidente como perceptible para cualquiera, 

porque no hay evidencia, cuando únicamente concurran sospechas de su 

existencia, las que precisamente, se pretenden confirmar o rechazar con el 

registro...”. 

 

 La tenencia, la posesión o la detentación, como hechos punibles 

que implican el “tener” una cosa incriminada. 

 

Ello da cuenta de que lo punible se encuentra referido a una relación 

antijurídica entre una persona y una cosa u objeto, que luego de haberse 

consumado a partir del momento mismo en que la cosa incriminada –la 

sustancia o el objeto ilícito- entra en el dominio personal, se mantiene en el 

tiempo, dada la noción de permanencia o subsistencia del estado que 

adquiere la persona con respecto a la sustancia o el objeto ilícito. 

 

En este sentido, puede afirmarse que los delitos que implican la tenencia, 

posesión, detentación de objetos y/o sustancias ilícitas, son de consumación 

instantánea y efectos permanentes, puesto que ellos se consuman de manera 

instantánea desde el primer acto ejecutivo de la tenencia, la posesión o la 

detentación, manteniendo sus efectos en el tiempo mientras dure el estado 

antijurídico de ellos. Un ejemplo de tales delitos: el porte ilícito de armas, la 

posesión de drogas ilícitas, el ocultamiento de drogas ilícitas, así como 



 41 

otros delitos previstos en la ley antidrogas que tienen como punto de partida 

la ineludible posesión. 

 

Dada la particularidad de los delitos de ocultamiento y transporte de 

sustancias ilícitas en cuanto a su ejecución y consumación, la flagrancia no 

puede considerarse verificada ante el descubrimiento de la permanencia o su 

mantenimiento, en los casos de registro, exámenes e inspecciones, 

personales o de vehículos. En estas situaciones, no puede hablarse de la 

sorpresa del delito que se está cometiendo, menos aún el que acaba de 

cometerse, por cuanto la permanencia del estado antijurídico que tiene lugar 

en el ocultamiento no es objeto de la sorpresa, sino de una indagación previa 

que da lugar a una “percepción sensorial” posterior; lo que ocurre de igual 

manera en relación al transporte y otros delitos permanentes y de efectos 

permanentes. 

 

Así las cosas, los delitos de tenencia, posesión o detentación de 

sustancias ilícitas u objetos de tráfico prohibido, no obstante la nota de 

permanencia o continuidad, si bien podrían dar lugar a la flagrancia, ello sería 

excepcional en razón de la imposibilidad de su percepción sensorial dada la 

esencia misma de tales delitos, entre otras cosas, porque al tratarse de 

tenencias, posesiones y detentaciones ilícitas, difícilmente se materializan de 

modo que permitan la evidencia sensorial propia de la situación flagrante y 

porque la tenencia, posesión o detentación de objetos o de sustancias ilícitas, 

comporta el mantenimiento en el tiempo de una situación antijurídica que 

requiere de una indagación o de un conocimiento previo, lo que 

evidentemente riñe con la noción presente de la situación flagrante en 

relación a quien la percibe de manera directa e inmediata. 

 

De otra parte, equiparar la noción de permanencia a la expresión normativa 

del delito que se está cometiendo, en razón de la naturaleza de los delitos o 

del verbo (núcleo) rector del tipo penal, implica una interpretación extensiva 

del concepto normativo de la flagrancia, propicia para permitir entradas y 



 42 

registros domiciliarios sin orden judicial, así como restricciones de la libertad 

personal contrarias a la exigencia constitucional y normativa, bien a partir de 

sospechas, presunciones o del conocimiento de la presunta permanencia sin 

la verificación de la percepción sensorial, como ocurre en situaciones en las 

que, luego de una indagación previa mediante allanamientos sin orden judicial 

y ante el hallazgo de los objetos ilícitos buscados, se concluye que hay 

flagrancia. 

 

Tampoco puede aceptarse la tesis en virtud de la cual se sustituye la 

percepción sensorial ante la sospecha de que alguien está cometiendo un 

delito o acaba de cometerlo, acompañada de la consideración de la 

permanencia: se está o estaba ocultando drogas ilícitas, transportando drogas 

ilícitas, portando el arma ilícita, tesis que tiene utilidad en materia de registros 

o intervenciones corporales que confirman las sospechas. 

 

La flagrancia, “… no es constancia, sino que se ve sin necesidad de 

indagación previa (…) No es suficiente que exista sospecha o presunción 

como consecuencia de una investigación previa, porque el hecho ya no es 

inmediato, inesperado, imprevisto (…) De lo que se trata es de que la policía 

alcance el conocimiento de la perpetración de un delito, no por utilizar un 

procedimiento normal de investigación, sino porque se percibe directa, 

personal y con toda certeza de su realización…”. 

 

La prevención del delito y su persecución penal es función del Estado, este le 

ejerce a través del Ministerio Público, que a su vez tiene como institución 

colaboradora en dicha labor a la Policía Nacional. Es obvio que tanto una 

como otra en el desarrollo de esta área debe someterse a la Constitución 

Política y a las leyes de la República. 

 

 

 

 



 43 

 La Flagrancia en delito de Hurto 

 

La flagrancia en el delito de hurto se presenta: i) En principio, cuando la 

realización del hecho punible es actual y, en esa circunstancia, el autor es 

descubierto. Sin embargo, también puede considerarse un supuesto de 

flagrancia; ii) aquel en el que el agente es perseguido y detenido 

inmediatamente de haber realizado el hurto o, incluso, iii) cuando es 

sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo (conf. 

Artículo 4 de la Ley No. 27934-Ley que regula la intervención de la Policía y el 

Ministerio Publico en la investigación preliminar del delito del 12-02-2003). 

 

Es decir, existe flagrancia cuando el evento delictivo se encuentra aún en su 

fase ejecutiva (v.gr. el agente es descubierto en plena sustracción ilegítima de 

los bienes ajenos), y puede extenderse a aquellos supuestos en los que el 

sujeto se encuentra en proceso de hacer suya la cosa, para lo cual debe 

escapar de todas las posibilidades de persecución inmediata (v.gr. el autor del 

hurto que huye es perseguido y atrapado por la Policía) e, incluso, a aquellos 

casos en los que el agente es aprehendido inmediatamente después de haber 

hecho ingresar los bienes sustraídos a su esfera de dominio (flagrancia pos 

ejecutiva). Según ello, el estado de flagrancia no coincide exactamente con el 

tiempo de la fase ejecutiva del delito, sino que es más amplio. La propia Ley 

N° 27934 señala como un supuesto de flagrancia aquel en el que el agente es 

sorprendido con objetos o huellas que revelan que “acaba de ejecutarlo”. Es 

decir, si el delito acaba de ejecutarse, entonces la flagrancia puede afirmarse 

también en una fase posterior a la ejecutiva, o sea, una vez consumado el 

delito. 

 

Asimismo puedo señalar que en caso que sea importante la intervención 

policial y que se persiga al supuesto infractor penal y finalmente este ingresa 

a su domicilio, una vez consumado el hurto en la cual los bienes ya se 

encontraban en la esfera de dominio delincuente y que después de haber 

transcurrido un regular lapso temporal desde que ella se produjo, incluso más 



 44 

allá del agotamiento delictivo y la víctima da aviso a la autoridad policial para 

que ingrese a dicho domicilio entonces los efectivos policiales en ese caso ya 

no podrá ingresar al domicilio del delincuente. 

 

Conforme al marco constitucional, si no concurre flagrancia delictiva, la policía 

aun teniendo la sospecha o sabiendo (v.gr. por la información de la víctima, 

de testigos o en virtud a las primeras diligencias) del paradero de los autores 

del delito y de los objetos sustraídos, debe abstenerse de efectuar un 

allanamiento sin orden judicial, porque ello significaría una intromisión 

arbitraria en la esfera personal del individuo y una lesión a su derecho a la 

inviolabilidad domiciliaria. Pues parece claro que este no queda abolido para 

las personas que han cometido un delito, sino que, aunque con ciertas 

excepciones, aún está constitucionalmente garantizado. Empero, ello no debe 

traducirse absolutamente en impunidad para los delincuentes, pues la 

persecución penal está siempre asegurada dentro de los cauces de la ley. 

 

Una vez capturado el delincuente cometiendo Flagrancia del Delito, se debe 

proceder a su detención en forma inmediata. La detención corporal del 

procesado se hace necesaria cuando existe gravedad de la comisión delictiva, 

indicios probatorios fehacientes que persuadan de la directa responsabilidad 

del encausado y necesidad de asegurar el juzgamiento sin posibilidad 

razonable de elusión por parte del inculpado. 

 

Sin la presencia de estos elementos basta el mandato de comparecencia 

(Exp. N° 578-LIMA, 11/04/91). Que, el mandato de detención como medida de 

coerción personal extrema, procede ante la concurrencia conjunta de los tres 

presupuestos exigidos por el artículo ciento treinticinco del Código Procesal 

Penal, cuales son, suficiencia probatoria, pena probable superior a los cuatro 

años y peligro procesal; que, en garantía al principio de presunción de 

inocencia establecido en el literal “e” del inciso veinticuatro del artículo 

segundo de la Constitución Política del Estado, nuestro ordenamiento 

procesal penal en el rubro de las medidas de coerción personal, contempla 



 45 

como regla general al mandato de comparecencia, por cuanto el artículo 

ciento cuarentitrés de la norma adjetiva establece que el juez dictará dicha 

medida cuando no proceda la medida extrema acotada (Exp. N° 6507-98-A-

LIMA, 09/12/98). 

 

 Cuando se justifica su mandato de detención? 

 

En materia de detención la condición de legalidad está claramente 

determinada en el literal f del inciso 24 de la Constitución Política del Estado, 

pues nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del 

juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Así, se 

justifica la privación de la libertad en razón de que se requiere la presencia del 

sujeto sometido a investigación, debiendo en todo caso responder esta 

detención de manera rigurosa a las condiciones y características no solo 

legales sino también de legitimidad que sustenten válidamente la privación de 

la libertad (Exp. N° 5333-98-A, 18/12/98). 

 

Las causas que justifican el dictado de una medida de detención son 

básicamente, la presunción de que el acusado ha cometido un delito (como 

factor sine qua non, pero en sí mismo insuficiente), el peligro de fuga, la 

posibilidad de perturbación de la actividad probatoria (que pudiera 

manifestarse en la remoción de las fuentes de prueba, colusión, presión sobre 

los testigos, entre otros supuestos), y el riesgo de comisión de nuevos delitos. 

Cabe enfatizar que cada una de las razones que permiten presumir la 

existencia del denominado peligro procesal, deben permanecer como 

amenazas efectivas mientras dure la detención preventiva pues, en caso 

contrario, esta, automáticamente, deviene en ilegítima (STC Exp. N° 2915-

2004-HC/TCL). 

 

 

 

 



 46 

 Cuáles son los requisitos del mandato de detención? 

 

Para que se establezca la medida coercitiva de detención se requiere que se 

den de manera concurrente los presupuestos materiales y formales de: a) 

prueba suficiente de la comisión del delito y de la responsabilidad el 

procesado; b) que la sanción a imponerse será mayor a 4 años, lo cual obliga 

al juez a hacer una prognosis de la sanción, teniendo en cuenta no solo la 

pena conminada, sino otros elementos como la condición del autor, grado de 

participación y móviles, entre otros; y c) que por la naturaleza y circunstancias 

pueda presumirse que el imputado va a rehuir el juzgamiento o va a perturbar 

la acción probatoria (Exp. N° 4342-98-A, 27/11/98). 

 

El juez puede dictar mandato de detención, si existen suficientes elementos 

de prueba que vinculen al inculpado con el hecho que se le imputa, si la 

sanción a imponerse supera los cuatro años de pena privativa de libertad y, 

en razón de sus antecedentes, considere que el procesado tratará de eludir la 

acción de la justicia o perturbará la actividad probatoria. Tanto el primero 

como el tercero de los supuestos aludidos permiten una apreciación subjetiva 

del juzgador, pero el segundo de los requisitos mencionados es meramente 

objetivo y debe considerarse lo expresamente señalado en el ordenamiento 

sustantivo para cada una de las conductas delictivas que contempla (Exp. N° 

1945-93-LIMA). 

 

Que, conforme lo establece el artículo ciento treinticinco del Código Procesal 

Penal, el juez puede dictar mandato de detención cuando de los primeros 

recaudos sea posible determinar que existen suficientes elementos 

probatorios de la comisión de un delito doloso que vincule al imputado como 

autor o participe del mismo; que, la sanción a imponerse sea superior a cuatro 

años de pena privativa de la libertad y que, el imputado en razón de sus 

antecedentes y otras circunstancias, tratase de eludir la acción de la justicia o 

perturbar la actividad probatoria (R.N. N° 1328-96 - CONO NORTE- LIMA, 

21/08/97). 



 47 

1.9. FLAGRANCIA DELICTIVA Y ARRESTO CIUDADANO 

Los ordenamientos jurídicos actuales para garantizar el derecho a la libertad 

individual han establecido el principio de reserva judicial o reserva de 

jurisdicción. En virtud de tal principio las limitaciones a la libertad personal 

sólo pueden provenir, por regla general, de actos emanados de autoridades 

encargadas de administrar justicia, en aplicación de normas de rango legal en 

las cuales se encuentran señalados con precisión, los motivos y los 

procedimientos para afectar la espontánea determinación de las personas en 

el plano físico. Es por ello que el derecho a la libertad personal en cuanto 

derecho subjetivo, garantiza que no se afecte la libertad física de las 

personas, esto es, su libertad locomotora mediante detenciones informales o 

condenas arbitrarias conforme lo establece nuestra Constitución y la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, por ende para su restricción 

debido a que es una medida excepcional, se deben de cumplir expresamente 

los requisitos establecidos por ley a fin de no caer arbitrariedades. 

En cuanto al arresto ciudadano como novel figura jurídica, no existe 

antecedentes en nuestra legislación procesal penal que haya regulado esta 

institución, pero lo cierto es que en nuestra realidad social, ello ocurre 

frecuentemente, sobre todo en los lugares donde es escasa la presencia 

policial. En el plano internacional esta figura legal tiene sus referencias en las 

legislaciones de México, Bolivia, Argentina, España y Alemania, en  donde ya 

se ha establecido el arresto ciudadano o aprehensión por particulares. “En 

nuestro país, el arresto domiciliario [recién] aparece prescrito en el artículo 

106º inciso 8) del Código Procesal Penal (1991), al establecer que los 

particulares están autorizados a practicar la aprehensión, debiendo entregar 

inmediatamente al afectado a la autoridad policial más cercana”. “Siendo que 

el arresto ciudadano o detención por particulares constituye una facultad que 

asiste a todo ciudadano a privar de la libertad deambulatoria a otro en los 

casos de delito flagrante”.  



 48 

 Ahora, el arresto ciudadano regulado en el artículo 260º del Nuevo Código 

Procesal Penal22, constituye una institución jurídica del ámbito procesal penal 

que se ha incorporado a nuestro quehacer legal en un adelanto de vigencia 

en todo el territorio nacional, en ese extremo del referido Código adjetivo. “En 

cuanto a las notas generales del instituto del arresto ciudadano -que en 

puridad no es una modalidad de la medida coercitiva procesal de detención-, 

debe indicarse que mediante la autorización legal dada se habilita a todas las 

personas para arrestar a un presunto delincuente, siempre que la comisión 

delictiva sea en estado de flagrancia, debiéndose entregar inmediatamente al 

arrestado a la autoridad policial más cercana y prohibiéndose el encierro o 

privación de la libertad del arrestado sea en lugar público o privado 

(generalmente, bajo la probable excusa de mantener tal situación hasta su 

entrega a la autoridad policial)”. “Esta medida encuentra justificación en el 

hecho de que el particular no tiene facultades de investigación o de 

identificación que le permita prolongar la aprehensión más allá del tiempo 

razonable y necesario para la entrega del detenido a la dependencia policial 

más cercana o del policía que se encuentre por el lugar. De no hacerlo la 

detención se tornaría ilegal”. A diferencia de la detención policial, que es una 

obligación, el arresto ciudadano constituye una facultad de los particulares en 

orden a la colaboración con la administración de justicia en la aprehensión de 

quien ha sido sorprendido en la realización del hecho punible. Puede ser 

efectivizado por la propia víctima, un testigo de los hechos e inclusive por 

personal de serenazgo u organizaciones vecinales de seguridad. Entonces, 

en estos términos se entiende que la principal razón para que la ley autorice 

este tipo de arresto o aprehensión por particulares, es la invocación a la 

solidaridad social, el llamamiento a colaborar con la administración de justicia. 

                                                           
22

 Artículo 260º NCPP: Arresto Ciudadano.- 1.- En los casos previstos en el artículo anterior, toda 
persona podrá proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva. 2. En este caso debe entregar 
inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el cuerpo del delito a la Policía más 
cercana. Se entiende por entrega inmediata el tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia 
policial más cercana o al Policía que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún caso el arresto 
autoriza a encerrar o mantener privada de su libertad en un lugar público o privado hasta su 
entrega a la autoridad policial. La Policía redactará un acta donde se haga constar la entrega y las 
demás circunstancias de la intervención. 



 49 

1.9.1. LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARRESTO CIUDADANO 

La figura del arresto ciudadano, ha generado un debate en torno a su 

constitucionalidad, pues como es sabido la Constitución del Estado en 

su artículo 2º inciso 24), literal f), establece dos supuestos: la detención 

policial en caso de flagrancia (detención prejudicial) y la detención por 

orden escrita de Juez (detención judicial)23. Al respecto, tenemos dos 

interpretaciones posibles. La primera, basándose en la literalidad del 

referido dispositivo constitucional, sostiene que sólo existen dos 

posibilidades de detención: una detención judicial, es decir, por 

mandamiento escrito y motivado del juez en un proceso penal, y la otra 

detención policial, que sólo procede en casos de delito flagrante. De 

acuerdo con esta interpretación se habría incorporado un supuesto de 

detención no previsto constitucionalmente y que ha sido introducido 

mediante una ley ordinaria. La segunda, y que consideramos la 

interpretación más adecuada, es que el arresto ciudadano si bien es una 

innovación respeto al recorte de la libertad, no es una detención 

propiamente dicha sino una aprehensión hecha por particulares que 

consiste en coger, prender, o asegurar a una persona cuando está 

cometiendo un delito flagrante; por lo cual no contradice el mandato 

constitucional, además que para su ejecución requiere de ciertos 

requisitos; y si bien la interpretación constitucional de los derechos 

fundamentales es restrictiva, también es cierto que la propia Norma 

Fundamental autoriza la restricción de la libertad personal en los casos 

previstos expresamente en la ley en tal sentido no se le puede hacer 

reparos de inconstitucionalidad. 

                                                           
23 

EGUIGUREN PRAELI, Francisco: El Derecho Fundamental a no auto incriminarse y su aplicación ante 
comisiones del congreso; en Estudios Constitucionales, ARA Editores, Lima 2002. p. 49: “Cuando un 
ciudadano procede a realizar la captura del delincuente in fraganti, efectúa un acto de 
colaboración con la justicia que no constituye, propia o estrictamente, una detención sino una 
restricción  de la libertad. Se trata de un supuesto excepcional, justificado en la ausencia de las 
autoridades policiales, donde la conducta del particular sólo se dirige a aprehender  
temporalmente al delincuente, hasta que la policía se constituya al lugar para conducirlo 
inmediatamente ante la autoridad”. 



 50 

1.9.2. CARACTERISTICAS  DEL ARRESTO CIUDADANO 

El arresto ciudadano, como figura legal, está provista de ciertos 

requisitos indispensables para su configuración, pues, de no ser así 

dicha institución carecería de legitimidad y validez, al margen de que se 

podría generar abusos y arbitrariedades con la consecuente limitación 

de la libertad ambulatoria. Es pues, que, en este contexto, se diferencian 

como condiciones normativas necesarias las siguientes características: 

 Debe realizarse por particulares cuando exista flagrancia 

delictiva en la forma que el artículo 259º establece. Aquí no existe 

distingo en quien y cuantos pueden realizar la aprehensión, pudiendo 

recaer dicha acción en un testigo, personal de la municipalidad 

(serenazgo), personal policial que no se encuentre de servicio, 

agrupaciones u organizaciones vecinales de seguridad pública, 

vigilantes particulares y hasta la propia víctima. 

 

 Una vez realizado el arresto ciudadano, la persona aprehendida 

debe ser entregada junto con los objetos vinculados con el delito a la 

autoridad policial más cercana. Esto se justifica en el sentido que la 

conducta del particular sólo se dirige a aprehender temporalmente al 

delincuente cuando está cometiendo un delito flagrante, para 

posteriormente conducirlo a la autoridad policial que es la encargada de 

la investigación pertinente; y, 

 

 Se debe elaborar un acta, donde conste la entrega y las 

circunstancias de la intervención. Entiéndase que la elaboración del acta 

debe ser realizada por la autoridad policial, en donde se consignará las 

circunstancias del hecho y los objetos encontrados que vinculan al 

aprehendido, las condiciones físicas y de salud del mismo y la identidad 

de ciudadano que realizó el arresto. 

 

 



 51 

1.10. LA FLAGRANCIA EN LATINOAMERICA 

 

1.10.1. LA FLAGRANCIA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 

CHILE 

 

En el ordenamiento Chileno, el art. 130º CPP, en el marco del Título V 

regula las medidas cautelares personales, puede leerse lo siguiente: 

“Situación de flagrancia se entenderá cuando se encuentra en la 

situación de flagrancia: 

 

Artículo 130.- Situación de flagrancia. 

a) El que actualmente se encontrare cometiendo el delito; 

b) El que acabare de cometerlo; 

c) El que huyere del lugar de comisión del delito y fuere designado 

por el ofendido u otra persona como autor o cómplice; 

d) El que, en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito, 

fuere encontrado con objetos procedentes de aquél o con señales, 

en sí mismo o en sus vestidos, que permitieren sospechar su 

participación en él, o con las armas o instrumentos que hubieren 

sido empleados para cometerlo, y 

e) El que las personas asaltadas, heridas o víctimas de un robo o 

hurto, que reclamaren auxilio, señalaren como autor o cómplice de 

un delito que acabare de cometerse”. 

 

Se puede deducir igualmente de estas circunstancias fácticas que 

implican una inmediatez temporal, que necesariamente el presunto autor 

debe encontrarse al menos en los alrededores del lugar de comisión del 

delito y en una relación tal con el objeto e instrumentos utilizados que 

permiten evidenciar su participación en el mismo; pero a su vez, “se 

puede interpretar que la detención en flagrancia no sólo sirve a la 

necesidad de evitar que prosiga la lesión del bien jurídico, ya que es 

posible efectuarla también cuando se ha consumado el delito”. 



 52 

 

Pero además, en Chile, en situación de flagrancia “cualquiera” –art. 129 

CPP chileno– se puede practicar una detención. 

 

Artículo 129.- Detención en caso de flagrancia. 

“Cualquier persona podrá detener a quien sorprendiere en delito 

Flagrante, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la 

policía, al ministerio público o a la autoridad judicial más próxima. 

Los agentes policiales estarán obligados a detener a quienes 

sorprendieren in fraganti en la comisión de un delito. No obstará a 

la detención la circunstancia de que la persecución penal requiere 

instancia particular previa, si el delito flagrante fuere de aquellos 

previstos y sancionados en los artículo 361 a 366 quater del Código 

penal. 

 

La policía deberá, asimismo, detener al sentenciado a penas 

privativas de libertad que hubiere quebrantado su condena, al que 

se fugare estando detenido, al que tuviere orden de detención 

pendiente, a quien fuere sorprendido en violación flagrante de las 

medidas cautelares personales que se le hubieren impuesto y al 

que violare la condición del artículo 238, letra b), que le hubiere 

sido impuesta para la protección de otras personas.” 

 

En los casos de que trata este artículo, la policía podrá ingresar a un 

lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual 

persecución del individuo a quien debiere detener, para el solo efecto de 

practicar la respectiva detención. 

 

Ahora bien, como la detención en los supuestos que analizamos – Arts. 

129 y 130 CPP chileno– no va precedida de una imputación judicial, el 

legislador exige la evidente participación de una persona en un hecho 

punible, que necesariamente deberá ser apreciada por el que detiene, 



 53 

constituyendo el título de imputación el sorprendimiento en flagrancia, es 

decir, la percepción sensorial directa de la comisión del delito por un 

tercero, existiendo además inmediatez temporal y personal. 

 

Lo decisivo para constatar una comisión flagrante en Chile no es que 

una persona “actualmente se encontrare cometiendo el delito” –art. 130 

a) CPP- o que “acabare de cometerlo” –art. 130 b) CPP–, ya que todos 

los hechos delictivos se están cometiendo o se acaban de cometer en 

algún momento, pudiendo sólo ser flagrantes si un tercero percibe tal 

perpetración directamente a través de los sentidos. 

 

La facultad del fiscal para dejar sin efecto la detención y ordenar la 

inmediata libertad del detenido puede tener su fundamento en varias 

circunstancias, tales como el hecho de tratarse de un delito que sólo 

hace procedente la citación por flagrancia (art. 134 CPP), la 

imposibilidad de conducir al detenido inmediatamente ante el juez, o 

cualquier otro motivo que lo mueva a considerar improcedente la 

detención. Que el fiscal disponga de esta facultad se explica porque, 

como hemos visto, el ministerio público dirige y tiene el control de la 

investigación, siendo además responsable de las actuaciones de la 

policía. Se trata de una derivación del principio de responsabilidad y de 

la función de dirección de la investigación. 

 

En cualquier caso, si ante la comunicación policial el ministerio público 

nada manifestare en el sentido de dejar en libertad inmediata al detenido 

u ordenar su conducción ante el juez, corresponde a la policía presentar 

al detenido ante éste dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

detención (art. 131 inc. 2”CPP) . 

 

 

 



 54 

1.10.2. LA FLAGRANCIA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 

COLOMBIA 

 

Antes de ingresar al análisis de cómo se encuentra legislada en 

Colombia la flagrancia, es oportuno en primer lugar describir la 

concepción y requisitos que tiene este país para considerar cómo se 

percibe a este instituto: “Tanto los funcionarios de policía, como los 

particulares, pueden capturar a quien sea sorprendido cometiendo un 

hecho punible, o posteriormente, en posesión de objetos o instrumentos 

de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido 

la infracción. 

 

Para la Corte, “lo que justifica la excepción al principio constitucional de 

la reserva judicial de la libertad en los casos de flagrancia es la 

inmediatez de los hechos delictivos y la premura que hace imposible 

esperar la orden judicial previa”, debiendo ésta adicionalmente cumplir 

cuatro requisitos: el de actualidad, el de individualización del autor, el del 

ejercicio de discrecionalidad razonable por el funcionario y el de la 

ponderación entre las garantías del sujeto y los hechos realizados”. 

 

Teniendo en cuenta ello, pasemos a ver cómo el Código de 

Procedimiento Penal de Colombia, del 31 de agosto de 2004, expedido 

mediante Ley número 906, describe a la Flagrancia: “Artículo 2°: … En 

las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de 

la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la 

oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá 

ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor 

tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes”. 

 

Luego, en otro de sus artículos, indica lo siguiente: 

 

 



 55 

Artículo 301°: Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: 

1. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de 

cometer el delito. 

2. La persona es sorprendida o individualizada al momento de 

cometer el delito y aprehendida inmediatamente después por 

persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho. 

3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, 

instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que 

momentos antes ha cometido un delito o participado en él. 

 

Advirtiéndose claramente y a diferencia de nuestra normatividad, que 

para cualquier tipo de delito en Colombia la detención no deberá exceder 

las 36 horas, siendo éste su plazo máximo para presentarlo ante el Juez 

de Control de Garantías. En cambio, en nuestro país se tiene como 

plazo máximo 24 horas, salvo que se tratase de delitos de Tráfico Ilícito 

de Drogas, Terrorismo o Espionaje, que para el caso es de 15 días como 

máximo, encontrándose normado en nuestra Constitución Política, en el 

artículo 02°, inciso 24) numeral f) y no mediante una Ley como se ha 

visto en líneas arriba en Colombia. Lo que quiere decir, que para 

nosotros poder cambiar el plazo de detención, se tendría que hacer toda 

una reforma constitucional, con los procedimientos burocráticos que ya 

conocemos. 

 

Asimismo, en la legislación colombiana, encontramos las siguientes 

características acerca de este instituto: 

 

Flagrancia Estricta: Cuando se indica en el inciso 1) del artículo 301° 

del Código de Procedimiento Penal acotado, que se encuentra en 

flagrancia cuando la persona es sorprendida y aprehendida al momento 

mismo de cometer el delito. 

 



 56 

Cuasiflagrancia: Al señalarse en los incisos 2 y 3 del artículo en 

mención, si la persona es aprehendida inmediatamente después por 

persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho o capturada 

con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca 

fundadamente que momentos antes ha cometido un delito o participado 

en él. 

 

Estas características son reconocidas en la doctrina constitucional 

colombiana: “A la población del Estado se le garantiza la inviolabilidad 

de domicilio y la seguridad personal, la cual se restringe o se suspende 

sólo por mandato escrito de autoridad competente, respetando las 

formalidades legales y los motivos previamente determinados en la ley, 

salvo en los casos de flagrancia o cuasiflagrancia en que la persecución 

derivada permite su retención por parte de las autoridades, sin previa 

orden judicial”. 

 

De lo que podemos apreciar que tanto en la normatividad peruana como 

la colombiana, se reconoce a los requisitos de inmediatez temporal y 

personal. 

 

Sin embargo, existe una característica más que se admite en nuestra 

actual legislación, es decir la Ley N° 29569, que modifica al artículo 259° 

del Código Procesal Penal de 2004 y que admite lo siguiente.  

Presunción de Flagrancia: Ya que se acepta como flagrancia, ya no a 

la percepción directa o persecución inmediata sino al hecho que se 

encuentre a un individuo dentro de las 24 horas de cometido el delito, 

con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido 

empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido 

que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuo