FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE DERECHO 

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

MÉTODO DE CASO JURÍDICO 

 

VIGENCIA DE LA UNIÓN DE HECHO PROPIA ESTABLECIDA DESDE LA 

SENTENCIA DE DIVORCIO: CASACIÓN N°1189-2018-LIMA 

 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO 

 

AUTORES: 

CARLOS ENRIQUE CANAQUIRI CANAYO  

MARJORI ACOSTA CHANCHARI 

 

ASESOR: 

DR. CESAR AUGUSTO MILLONES ANGELES 

 

SAN JUAN BAUTISTA – MAYNAS – LORETO – PERU 

2023 

 



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DEDICATORIA 

 

 

 

Este trabajo está dedicado a todas aquellas personas que nos dieron impulso 

durante nuestra vida académica como estudiantes de la carrera de Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Un agradecimiento inmenso a nuestras madres por inculcar en nosotros el 

deseo de superación, pese a los obstáculos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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INDICE DE CONTENIDO 

 

Dedicatoria…………………………………………………………………………  03 

Agradecimiento……………………………………………………………………. 04 

Resumen…………………………………………………………………………… 08 

Introducción………………...……………………………………………………… 09 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de estudio…………………………………………………      11 

1.1.1. Antecedentes internacionales…………………………………………..       11 

1.1.2. Antecedentes nacionales………………………………………………..      12 

1.1.3. Antecedentes jurisprudenciales…………………………………………      13 

 

1.2. Marco normativo…………………………………………...……………..      16 

1.2.1. Constitución Política del Perú……………………………………………      16 

1.2.2. Código Civil……………………………………………………………......     18 

 

1.3. Bases teóricas…………………………………………………………….      19 

1.3.1. Breve reseña histórica……………………………………………………     19 

1.3.2. Antecedentes legislativos………………………………...……………...     23 

1.3.3. Definición de términos básicos...........................................................     25 

1.3.4. Consideraciones generales………………………………………..…….     28 

1.3.5. Causas que motivan la unión de hecho…………………………………..    33 

1.3.6. Teorías legislativas sobre su regulación legal……………………………   36 

1.3.7. Elementos que configuran la unión de hecho………………………….     39 

1.3.8. Finalidad que persigue la unión de hecho……………………………..      45 

1.3.9. Naturaleza jurídica……………………………………………………….      46  

1.3.10. Principios que rigen la unión de hecho…………………………     47 

1.3.10. Clasificación de la unión de hecho…………………………….……….     55 

1.3.11. Efectos jurídicos de la unión de hecho…………………………………..    57 

1.3.12. Extinción de la unión de hecho…………………………………………… 67 



9 
 

1.3.13. Proceso de reconocimiento de la unión de hecho………………………  70 

1.3.14. Prueba de la unión de hecho y posesión constante de estado……….    79 

1.3.15. ¿Cuál es el estado civil que deriva de la unión de hecho?...................    81 

1.3.16. Registro de las uniones de hecho……………………………………….      82 

1.3.17. Unión de hecho y su relación con el divorcio…………………………...     83 

 

 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Contexto del problema…………………………………………………….     91 

 

2.2. Formulación del problema……………………………………………...       92 

2.2.1. Problema general………………………………………………………….     92 

2.2.2. Problema específico………………………………………………………      92 

 

2.3. Objetivos de la investigación…………………………………………….      92 

2.3.1. Objetivo general…………………………………………………………...      92  

2.3.2. Objetivos específicos……………………………………………………..      92 

2.3.3. Justificación e importancia…………………………………………………  93 

 

2.4. Variables…………………………………………………………………....    94 

2.4.1. Variable independiente……………………………………………………     94 

2.4.2. Variable dependiente……………………………………………………...     94 

2.5. Supuestos de investigación………………………………………………     94 

2.5.1. Supuesto general………………………………………………………….     94 

2.5.2. Supuestos específicos…………………………………………………….     95 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Método de estudio…………………………………………………………   96 

3.2. Muestra……………………………………………………………………..   97 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos…………………….    97 



10 
 

3.4. Procedimiento de recolección de datos………………………………...    97 

3.5. Validez y confiabilidad……………………………………………………    98 

3.6. Plan de análisis, rigor y ética…………………………………………….    98 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Consideraciones preliminares…………………………………………...    99 

4.2. Del análisis casacional………………………………………….………    101 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Discusión……………………………….......…………………………..      103  

5.2. Conclusiones……………………………………………………………      107 

5.3. Recomendaciones……………………………………………………..      110 

 

Referencias bibliográficas……………………………………………………....    112 

Anexos 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Anexo 2: Casación 1189-2018-LIMA 

Anexo 3: Proyecto de ley 

 

 

 

 

 

 



11 
 

RESUMEN 

La presente investigación viene motivada por el análisis del caso expuesto y 

resuelto en la Casación N°1189-2018-Lima, emitida por la Sala Civil Permanente 

de la Corte Suprema de Justicia de la República, respecto a la determinación de 

la vigencia de la unión de hecho propia en relación si su cómputo inicia desde la 

emisión de una sentencia de divorcio o ante la inscripción de la misma en la 

RENIEC, esto en el marco de la existencia de un vínculo matrimonial por parte 

de uno de los miembros de una unión de hecho, el cual posteriormente fue 

disuelto mediante la emisión de una sentencia de divorcio, convirtiendo la unión 

de hecho impropia a propia.  

Esta investigación tiene como objetivo principal; establecer si la unión de hecho 

propia se computa desde que se emitió la sentencia de divorcio o desde su 

inscripción en el RENIEC. En relación a los materiales y métodos de 

investigación, se empleó el fichaje para el análisis de los documentos; teniendo 

en cuenta que la presente investigación es un trabajo de suficiencia profesional, 

está desarrollada dentro de un enfoque cualitativo de tipo socio jurídico, en la 

que el nivel de investigación es de tipo descriptiva. 

Asimismo, se obtuvo como resultado que; la vigencia de la unión de hecho 

propia se computa desde la emisión de la sentencia de divorcio y su respectiva 

notificación a las partes procesales; de ello, se concluye, además, desde aquel 

momento de la expedición de la sentencia se contabiliza el plazo que exige el 

Código Civil para que la relación convivencial constituya una de carácter propio 

o pura, en tanto, la inscripción ante el RENIEC es para poner en conocimiento a 

los terceros de la disolución del vínculo conyugal. 

Palabras claves: unión de hecho, relación convivencial, divorcio, 

concubinato, RENIEC. 

 

 

 

 



12 
 

ABSTRACT 

The present research is motivated by the analysis of the case presented and 

resolved in Cassation N.° 1189-2018-Lima, issued by the Permanent Civil 

Chamber of the Supreme Court of Justice of the Republic, concerning the 

determination of the validity of the facto union in relation to whether its 

computation starts from the issuance of a divorce judgment or its registration in 

RENIEC. This inquiry occurs within the context of the existence of a matrimonial 

bond on the part of one member of the facto union, subsequently dissolved 

through the issuance of a divorce judgment, thereby transforming the improper 

facto union into a proper one. 

The primary objective of this research is to establish whether the proper facto 

union is computed from the moment of the divorce judgment or its registration in 

RENIEC. In terms of research materials and methods, document analysis was 

employed. Given that this research constitutes a professional sufficiency 

endeavor, it is developed within a qualitative socio-legal framework, employing a 

descriptive research methodology. 

Furthermore, the outcome obtained reveals that the validity of the proper facto 

union is computed from the issuance of the divorce judgment and its subsequent 

notification to the involved parties. Consequently, it is deduced that the period 

stipulated by the Civil Code for the cohabitational relationship to transform into 

one of a proper or pure nature commences from the date of the judgment. The 

registration with RENIEC serves the purpose of informing third parties about the 

dissolution of the marital bond. 

Keywords: de facto union, cohabitational relationship, divorce, concubinage, 

RENIEC. 

 

 

 

 



13 
 

INTRODUCCIÓN 

La unión de hecho constituye una institución jurídica reconocida tanto a nivel 

constitucional como legal y cuyo texto legal se asemejan de modo que resaltan 

los requisitos que exige para su configuración, esto es: a) unión libre y voluntaria 

entre un varón y una mujer; b) libres de impedimento matrimonial; c) alcanzar 

finalidades y deberes semejantes al matrimonio; y, d) que la relación convivencial 

haya durado por lo menos dos años continuos; debiéndose resaltar que tales 

elementos del concubinato deben concurrir de manera copulativa para su 

reconocimiento judicial o notarial y su posterior inscripción en los Registros 

Públicos. 

La concepción de la unión de hecho, también denominado como concubinato, 

ha ido variando con el transcurrir de los años, pues su data viene desde el 

derecho romano siendo identificado inicialmente con el término de 

“concubinatus”, entendido como la unión entre un varón y una mujer sin la 

intención de constituir vínculo matrimonial; dicha concepción ha ido conmutando 

en el tiempo llegando a desprender de su seno una doble manifestación de 

concubinato, esto es, propio o puro e impropio, impuro o negativo, sobre cual se 

ha tenido problemas en la actualidad en relación a los elementos que conforman 

y su reconocimiento antes las instancias judiciales. 

Siendo así, la identificación de la realidad problemática surge sobre la 

clasificación de la unión de hecho, concretamente, sobre la unión de hecho 

propia y el cómputo de su vigencia en relación al plazo que la ley exige para su 

reconocimiento judicial o notarial, la misma que se desarrolla en la sentencia 

objeto de análisis: Casación N°1189-2018-Lima, teniendo como planteamiento 

del problema, la siguiente interrogante: ¿La vigencia de la unión de hecho 

propia se computa desde que se emitió la sentencia de divorcio o desde su 

inscripción en el RENIEC?, y como problemas específicos, se plantean los 

siguientes: ¿El impedimento matrimonial desaparece desde la emisión de la 

sentencia de divorcio o a su inscripción en el RENIEC?, ¿Cuáles son los efectos 

jurídicos de la sentencia de divorcio? Y ¿Vulnera el principio de congruencia 

pronunciarse sobre régimen de sociedad de gananciales en un proceso sobre 

unión de hecho propia, según a la Casación N°1189-2018-Lima? 



14 
 

En ese contexto, consideramos que la presente investigación resulta importante 

en razón a que va permitir establecer criterios pacíficos sobre el cómputo de 

vigencia de la unión de hecho propia debido a que en la realidad se aprecia una 

insistencia por parte de los abogados en considerar que el reconocimiento de la 

unión de hecho se da con la inscripción de la resolución que deriva de algún otro 

proceso vinculado a la unión de hecho ante el RENIEC, por ejemplo, en un 

proceso de divorcio, cuando ya la jurisprudencia ha establecido que la vigencia 

del período que exige la norma se computa desde la emisión del proceso judicial 

accesorio. 

Por lo expuesto, el objetivo general en el estudio de la sentencia casatoria 

objeto de examen, estriba en establecer si la unión de hecho se computa desde 

que se emitió la sentencia de divorcio o desde su inscripción en el RENIEC; 

teniéndose como objetivos específicos que: 1. Determinar si el impedimento 

matrimonial desaparece con la emisión de la sentencia de divorcio o a su 

inscripción en el RENIEC; 2. Delimitar los efectos jurídicos de la sentencia de 

divorcio; y, 3. Identificar si se vulnera el principio de congruencia pronunciarse 

sobre régimen de sociedad de gananciales de un proceso sobre reconocimiento 

de unión de hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de estudio 

 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

Robles Zaruma, A. L. (2017). En su monografía “Efectos jurídicos personales y 

patrimoniales de la unión de hecho en el Ecuador”, sustentada para optar el título 

profesional de Abogada. 

La presente investigación analiza los efectos jurídicos personales y 

patrimoniales de la unión de hecho, abordando aspectos legales que se 

desprenden del tema principal, como la regulación de la unión de hecho en los 

distintos cuerpos legales del Ecuador, sin dejar de mencionar lo concerniente a 

los efectos personales de la unión de hecho (como estado civil, la situación de 

los hijos y el derecho de alimentos) así como los patrimoniales (disolución y 

liquidación de los bienes y terminación de las uniones de hecho). (Pág. 2). 

Siendo así, el estudio tiene como principal conclusión que, tanto la unión de 

hecho como el matrimonio se tratan de instituciones generadoras de familias y 

sus relaciones que de ella se desprenden, en función a ello es que el 

ordenamiento jurídico regula y protege lo relacionado al estado civil y lo relativo 

a los bienes. 

El estudio resulta pertinente por cuanto explica desde diversas aristas los 

efectos jurídicos personales y patrimoniales de la unión de hecho, visto desde 

una perspectiva comparada, esto es, desde el derecho civil ecuatoriano, lo que 

va permitir conocer la realidad extranjera en relación a la situación personal de 

los convivientes que conforman la unión de hecho y los bienes que traen consigo, 

situaciones que van a influir al momento de estudiar el ordenamiento jurídico 

comparado. 

 

 



16 
 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Ramos Hernández, W. (2018). En su tesis “La separación de patrimonios de 

hecho”, sustentada en la Universidad Pedro Ruíz Gallo, para optar su Maestría 

en Derecho Civil y Comercial. 

La investigación tiene como problema identificado si es que en los concubinatos 

resultaría posible la variación del régimen patrimonial durante la relación 

convivencial, es decir, si es que podría variarse la sociedad de gananciales a la 

separación de patrimonio, esto por cuanto la normativa civil establece de manera 

imperativa que las uniones de hechos tienen como régimen patrimonial la 

sociedad de gananciales que se rigen por las reglas de la copropiedad, siempre 

que dicha unión haya durado por lo menos el plazo de los dos años, por lo tanto, 

la norma sustantiva niega el cambio de régimen patrimonial en las uniones de 

hecho (16ágs.. 19 y ss.) 

El estudio tiene como conclusión principal que, si resulta posible un cambio de 

régimen patrimonial en una unión de hecho, esto podría efectuarse mediante 

pactos o acuerdos entre los convivientes luego de la relación convivencial por el 

plazo de dos años, debido a que jurídicamente no existe una norma que prohíba 

tal medida entre los convivientes, por lo que será posible realizar un cambio de 

régimen patrimonial de sociedad de gananciales variando a la separación de 

patrimonios, para ello es menester seguir la teoría de la equiparación del 

matrimonio, es decir, que las normas civiles que regulan la institución del 

matrimonio sean aplicables a los convivientes de la unión de hecho (Pág. 50). 

El trabajo resulta pertinente por cuanto permite exponer la propuesta de un 

cambio de régimen patrimonial en la unión de hecho debido al carácter 

imperativo de la norma que lo establece (de sociedad de gananciales a la 

separación de patrimonios), esto cuando haya transcurrido los dos años que se 

exige, lo que garantizará la libertad de los convivientes para optar por el régimen 

patrimonial que vara acorde a los intereses familiares y personales. 

Gómez Rojas, C. K. (2021). En su tesis “La unión de hecho como causal de 

impedimento matrimonial”, sustentada en la Universidad Privada del Norte para 

optar el título profesional de Abogada. 



17 
 

El estudio reconoce como problema que, es posible que una persona que tenga 

una unión de hecho formal, cuyo estado civil es soltero, pueda contraer 

matrimonio con persona distinta a su conviviente debido a que la normatividad 

civil no prevé la unión de hecho como impedimento matrimonial, por lo que dicho 

comportamiento si bien no resulta contravenir el ordenamiento jurídico, sin 

embargo, contraer matrimonio con persona distinta al conviviente estando en 

unión de hecho colisionaría contra la protección de la familia al ser la unión de 

hecho una familia constitucionalmente reconocida Págs. 9 y ss.) 

La investigación tuvo como principal conclusión que, la persona que integra una 

unión de hecho propia sigue teniendo el estado civil de “soltero”, ya que no existe 

el estado civil de “conviviente”, por lo que no estaría prohibido que uno de los 

convivientes contraiga matrimonio con persona distinta a su conviviente, por lo 

que se vulneran los principios de protección de la familia, de reconocimientos de 

las uniones estables y de igualdad (Pág. 86). 

Resulta pertinente este trabajo en razón a que pone en relieve un vacío legal 

que la normativa civil no cubre sobre la situación de contraer matrimonio cuando 

la persona se encuentre en una unión de hecho formal debido a que su estado 

civil es de soltero, un aspecto fundamental que el legislador nacional debe tomar 

en cuenta en aras de respetar la protección de este tipo de familia que tiene 

fundamento constitucional, pues dicho vacío legal permite un daño al conviviente 

afectado al no regularse la unión de hecho como impedimento para contraer 

matrimonio. 

1.1.3. Antecedentes jurisprudenciales 

Tribunal Constitucional – Sentencia recaída en el Expediente N°0498-1999-

AA/TC 

Se ha establecido: “Que, el artículo 5º de la Constitución establece que: “La unión 

estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman 

un hogar de hecho, da lugar a una comunidad bienes sujeta al régimen de la 

sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.” Por su parte, el artículo 326º 

del Código Civil: “La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por 

un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar 



18 
 

finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una 

sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en 

cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos 

años continuos […]”. Por tanto, debe quedar claramente establecido que no es 

indispensable que exista un matrimonio civil para que la unión de hecho pueda 

hallarse bajo el régimen de sociedad de gananciales, sino que las uniones de 

hecho, como tales, se hallan bajo dicho régimen, y no simplemente por voluntad 

de la ley, sino por virtud del propio mandato constitucional; “en consecuencia”, 

de acuerdo con los dispositivos citados, en especial, según la Constitución, la 

unión de hecho de un varón y una mujer origina una comunidad de bienes sujeta 

al régimen de sociedad de gananciales” (Fundamento 2°). 

“Que, de conformidad con las disposiciones del Código Civil, el surgimiento de 

la unión de hecho para tales efectos se da “siempre que dicha unión haya durado 

por lo menos dos años continuos” (artículo 326º, primer párrafo, in fine). Ahora 

bien, seguidamente precisa el citado dispositivo: “La posesión constante de 

estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los 

medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba 

escrita”. Por consiguiente, de los dispositivos citados se concluye que para que 

se repute la existencia de una unión de hecho sujeta al régimen de sociedad de 

gananciales, se halla supeditado, primero, a un requisito de temporalidad mínima 

de permanencia de la unión (dos años) y, segundo, que ese estado (posesión 

constante de estado) requiere su probanza “con cualquiera de los medios 

admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita” 

(Fundamento 3°). 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema – Casación N°359-2017-Lima 

Norte 

Se ha establecido que: “En el caso de autos, se denuncian defectos de 

motivación, porque se habría tomado como inicio del cómputo de la unión de 

hecho, la inscripción en los Registros Públicos de la disolución del matrimonio 

vía judicial, fecha desde la cual la convivencia dejaba de ser impropia; sin 

embargo, tal situación no constituye propiamente un defecto de motivación, 

pues, el órgano jurisdiccional ha puesto de manifiesto los fundamentos básicos 



19 
 

del razonamiento que conllevó a la formación del juicio jurisdiccional. Ahora bien, 

el hecho que la decisión sea contraria a los intereses de la recurrente no implica 

la existencia de un defecto en la motivación, y, por tanto, no se verifica afectación 

al debido proceso. En todo caso, la interpretación de la norma material que regla 

los elementos de la unión de hecho será materia de análisis en los fundamentos 

siguientes, atendiendo a que se ha denunciado también dicha infracción 

normativa, empero, la infracción normativa procesal debe ser desestimada” 

(Fundamento Tercero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

1.2. Marco normativo 
 

1.2.2. Constitución Política del Perú 

La unión de hecho o también denominado concubinato, constituye un tipo de 

familia similar a la institución del matrimonio, y como tal, goza de protección 

constitucional regulando su existencia en el Título I – “De la persona y la 

sociedad”, Capítulo II – “De los derechos sociales y económicos”, 

concretamente, en el Artículo 5° con el nomen iuris “unión de hecho”, de la 

Constitución Política del Estado, de cuya redacción normativa se desprende el 

concepto, los elementos, las características y los efectos patrimoniales que 

conforma la unión de hecho; en tal sentido, el referido articulado reza: 

Artículo 5°. Unión de hecho. Consecuencias 

“La unión de hecho establece de un varón y una mujer, libres de 

impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una 

comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en 

cuanto sea aplicable”. 

Nuestra constitución vigente a través de un concepto pluralista de familia, 

establece un modelo constitucional de familia que sin enmarcarse en un tipo 

específico de familia, se enmarca en toda asociación humana estable y pública, 

donde sus integrantes se unen en comunidad de vida a través de la convivencia, 

satisfacen sus necesidades, alcanzan sus aspiraciones, desarrollan sus 

proyectos de vida, comparten afecto, perpetúan la especie y cuidan de la prole 

generalizada; las uniones de hecho reúnen todas y cada una de estas 

características (Calderón Beltrán, 2016, pág. 52). 

El reconocimiento constitucional de la unión de hecho es concordante con el 

Artículo 4° de la Carta Magna, que regula el principio de protección a la familia, 

pues se hace extensivo al concubinato en la línea que el Estado reconoce y 

respeta los derechos y deberes que se desprende de toda unión convivencial 

como una manifestación de la familia ante la sociedad, ya que persigue fines 

similares al matrimonio en tanto se deben aplicar mecanismos legales que 

ayuden a su crecimiento e integración de sus miembros. 



21 
 

Al respecto, el máximo intérprete de la Carta Magna ratifica el reconocimiento 

constitucional de la unión de hecho, pues en la Sentencia recaída en el 

Expediente N°06572-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional ha señalado que: 

“De lo expuesto hasta el momento se deduce que, sin importar el tipo de familia 

ante la que se está, ésta será merecedora de protección frente a las inferencias 

que pueden surgir del Estado y de la sociedad. No podrá argumentarse, en 

consecuencia, que el Estado solo tutela a la familia matrimonial, tomando en 

cuenta que existen una gran cantidad de familiar extramatrimoniales. Es decir, 

se comprende que el instituto de la familia trasciende al del matrimonio, pudiendo 

darse la situación de que extinguido este persista aquella. Esto no significa que 

el Estado no cumpla con la obligación de la Constitución en cuanto promover la 

familia matrimonial, que suponen mayor estabilidad y seguridad de hijos” 

(Fundamento 11). 

Agrega el máximo intérprete de la Constitución que: “(…) esta 

constitucionalización de la entidad, también implica el reconocer ciertos efectos 

jurídicos entre quienes conforman la unión de hecho. Si bien se está ante una 

institución que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de quienes la 

integran y que en puridad se caracteriza por su informalidad en cuanto a su inicio 

y su desarrollo, no es menos cierto que el Estado puede intervenir y regular 

conductas a fin de evitar situaciones no deseadas en la sociedad. Así pues, la 

Constitución reconoce una realidad, pero al mismo tiempo, la encausa dentro de 

los valores constitucionales a fin de hacerla compatible con el resto del 

ordenamiento. En tal sentido, a fin de evitar que el aporte realizado por la pareja 

durante la convivencia sea apropiado por uno de ellos, es desmedro del otro, la 

constitución reconoce expresamente el régimen de gananciales a estas uniones, 

en cuanto les sea aplicable. Con esto, fenómenos como el comentado se verían 

refrenados, brindando una dimensión de equidad a las uniones fácticas. Pero 

este no sería la única obligación que se generaría entre los convivientes, como 

observaremos más adelante, la propia dinámica de la convivencia encuadrada 

en la disposición constitucional, implica el cumplimiento de ciertas acciones, por 

parte de los integrantes de la unión” (Fundamento 13). 

 



22 
 

1.2.3. Código Civil 

La unión de hecho como manifestación de la familia importa una institución 

propia del derecho familiar, y como tal, su regulación en el Código Civil no resulta 

un criterio improvisado pues al tener un fundamento constitucional – art. 5° de la 

Carta Magna – es coherente que goce además de un reconocimiento legal que 

se manifieste en la norma sustantiva y se justifique en los principios que protege 

a la familia. 

En ese entender, la unión de hecho se encuentra ubicado sistemáticamente en 

el Libro Tercero – “Derecho de Familia”, Sección Segunda – “Sociedad 

conyugal”, Título Tercero – “Régimen patrimonial”, Capítulo Segundo – 

“Sociedad de gananciales”, artículo 326° bajo la nomenclatura de “uniones de 

hechos”, del Código Civil. De regulación se puede apreciar que el concubinato 

se aloja dentro de la institución del matrimonio, en concreto, sobre la sociedad 

de gananciales, lo que demuestra que su régimen patrimonial viene establecido 

por ministerio de la ley, esto es, la sociedad de gananciales. 

Una de las principales novedades del Código Civil en materia de relaciones de 

familia se refiere a la regulación integral de otra forma de organización familiar, 

alternativa y diferencial a la figura matrimonial, a la que el legislador nomina 

“unión convivencial”. “unión”, en tanto refleja la idea de proyecto de vida 

compartido en el marco de una relación de pareja asignada por el afecto; 

“convivencial” como denotación de uno de los rasgos distintivos y estructurales 

de este tipo familiar no formal o “sin papales”: la convivencia (De La Torre, 2015, 

pág. 194). 

Siendo así, podemos apreciar que la estructura normativa de la unión se 

compone de la siguiente manera: Primer párrafo, establece el concepto, 

elementos, características, régimen patrimonial y el plazo de validez de la unión 

de hecho; Segundo párrafo, delimita la manera de como probar la unión 

convivencial; Tercer Párrafo, las causales que extinguen la unión de hecho; 

Cuarto Párrafo, regula la pretensión de enriquecimiento indebido en caso que la 

unión de hecho no cumpla con los requisitos; Quinto párrafo, los derechos y 

deberes sucesorios que se desprenden de la unión de hecho. 



23 
 

1.3. Bases teóricas 
 

1.3.1. Breve reseña histórica 

Históricamente, a la unión de hecho se le conocía como concubinato, 

denominación que hasta el día de hoy es aceptable por la doctrina y utilizado 

indistintamente para hacer alusión a la relación convivencial; si recurrimos a 

fuentes romanistas la unión de hecho será identificada como “concubinatus”, en 

tanto su evolución proviene desde tiempos remotos que, inclusive, es anterior a 

la institución del matrimonio. 

1.3.1.1. Derecho romano 

El concubinato en la época romana se concebía como la unión establece entre 

un varón y una mujer sin intención de tener vida matrimonial permanente y 

recíproca (el affectio maritalis), en el caso de personas que no tienen el derecho 

de conubium, su unión se consideraba como injusto (Moranchel Pocaterra, 2017, 

pág. 67). 

Son las acepciones y prácticas sociales, y la unión con determinadas personas 

de clase inferior las que distinguen un matrimonio de un concubinato. La 

concubina no participa como la mujer de la dignidad del marido ni entra en su 

familia (honor matrimonii) y sus hijos no son legítimos. El matrimonio entre 

esclavos o con uno que sea esclavo se considera contuberium y soló se le 

reconocen determinados efectos morales (García Garrido, 2015, pág. 229). 

No se trataba de una situación socialmente reprobable y su fundamento surge 

con la legislación caducaría de Augusto con la Lex Iulia et Papia Poppaea y la 

Lex Iulia de Adulteriis, con el fin de restringir el número de mujeres con quien 

contraer matrimonio (Moranchel Pocaterra, 2017, pág. 67); la Lex Iulia de 

Adulteriis castigaba toda unión sexual fuera del matrimonio o como stuprum y 

enumeraba toda una serie de mujeres y penas previstas para estos delitos. Por 

su lado, la Lex Iulia Papia et Poppaea establecía que no podías ser considerados 

matrimonios aquellas uniones con determinadas mujeres, con las que se 

favorece la unión de concubinato. En la práctica, el concubinato se daba también 

con mujeres ingenuas (García Garrido, 2015, pág. 229). 



24 
 

1.3.1.2. Derecho canónico 

En la Biblia encontramos pasajes que hacen referencia al concubinato. En el libro 

de Génesis se cuenta que Abraham tomó a la esclava Agar como concubina, en 

vista que su esposa Sara no había podido concebir, en su misma esposa Sara 

quien ofrece a su esclava Agar para que esta le dé un heredero, es entonces 

que Agar dio a luz a Ismael; asimismo en el libro de Reyes se cuenta que el Rey 

Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, el Rey tuvo setecientas esposas 

oficiales y trescientas concubinas. Como se puede apreciar de estos pasajes del 

antiguo testamento, el concubinato era una práctica común de los patriarcas y 

reyes (Calderón Beltrán, 2016, pág. 25). 

La iglesia primitiva consideró al concubinato como una forma de matrimonio en 

sucesivos Concilios, desde Nicea (325), Cartago (397) hasta que el Concilio de 

Trento (1545-1563) estableció prohibiciones sobre el establecimiento progresivo 

de las relaciones fuera del matrimonio (Varsi Rospigliosi, 2011, pág. 375). Con 

el Concilio de Trento, los concubinos fueron castigados con la excomunión si, 

advertidos tres veces, permanecían en la relación informal. Esta posición refleja 

la reacción contra la Reforma protestante que amenazaba el poder de la Iglesia. 

Hasta el Concilio de Trento, la prohibición de la Iglesia tenía como único 

propósito el concubinato cualificado (sacrílego, adúltero, incestuoso y familiar) 

pero con este Concilio hasta el propio concubinato sencillo se convirtió en objeto 

de castigo (Varsi Rospigliosi, 2011, pág. 376). 

1.3.1.3. Derecho liberal – Francia 

La Revolución Francesa, que dejó a la iglesia debilitada, anunció una nueva 

mentalidad respecto a las uniones extramatrimoniales. Dijo Napoleón: “Les 

concubins se pasent de la loi, la loi se désinrerésse d’eux” (los concubinos 

prescinden de la ley, la ley no está en ellos) (Varsi Rospigliosi, 2011, pág. 376). 

El Código Napoleónico que estableció este silencio respecto del concubinato, 

irradió a todo el derecho moderno, teniendo gran influencia sobre las 

legislaciones y los Códigos de los Estados de los Siglos XIX y XX. Los avances 

del concubinato en este tiempo se dieron principalmente a través de la 

jurisprudencia (Calderón Beltrán, 2016, pág. 26). 



25 
 

1.3.1.4. Derecho español 

En el derecho de la Península Ibérica la barraganía, como era conocido el 

concubinato, fue considerada como una forma de matrimonio. Las ordenanzas 

atribuyeron un importante relieve. Solo la castigaba cuando era sacrílega, 

adúltera, incestuosa o familiar. Otras veces, le daba algunos efectos legales. En 

situaciones distintas, la barraganía no se castigaba a menos que el barragano 

sea frecuentador de la Corte y allí lleve a su concubina, demandándola. En este 

caso, perdía su mantenimiento mientras estuviera amancebado o, en caso que 

no existiera tal derecho, era degradado en la Corte – con el pregón –, él y su 

concubina (Varsi Rospigliosi, 2011, pág. 377). 

1.3.1.5. Derecho Chino 

En algunas culturas especialmente en China, el concubinato se presentó al lado 

del matrimonio en el sentido de que el varón tenía una esposa legítima y al mismo 

tiempo una o varias concubinas, la condición social y jurídica de la concubina es 

inferior a la de la esposa, pero es importante descartar que los hijos de las 

concubinas tenían los mismos derechos que los legítimos en la sucesión del 

padre (Calderón De Buitrago et al, 1995, pág. 429). 

1.3.1.6. Derecho nacional 

1.3.1.6.1. Etapa preincaica 

Las relaciones familiares en las culturas preincaicas como Chavín, Tiahuanaco, 

Mochica, Chimú, Nazca y Paracas estuvieron regidas por normas 

consuetudinarias (Castro Avilés, 2014, pág. 48). Se conocía la figura del 

servinakuy para identificar los vínculos de pareja entre los miembros de un 

pueblo. 

El servinakuy era una institución prematrimonial, si quiere llamarse en otras 

palabras un “matrimonio de prueba”, se basaba en un conocimiento previo de 

pareja, en un trato intersexual previo, la pareja convivía por un tiempo, si la 

convivencia no funcionaba, la pareja se separaba y la doncella simplemente 

regresaba a su casa, en caso contrario se pasaba a la etapa del matrimonio 

(Calderón Beltrán, 2016, pág. 27). 



26 
 

1.3.1.6.2. Etapa incaica 

De la poca literatura que existe sobre el tema, señalaremos que al inca le era 

permitido la poligamia y el concubinato incestuoso. Hay quienes afirman que el 

inca se casaba con una hermana paterna según la costumbre basada en el 

incesto del Sol y la Luna. La Colla era la mujer principal, pero el Inca se rodeaba 

de concubinas de sangre real, las pallas y de concubinas extrañas conocidas 

como mamakunas (Aguilar Llanos, 2010, pág. 29). 

A la nobleza inca también le era permitido contraer matrimonio poligámico. Cada 

cierto tiempo, el inca casaba a los nobles en la ciudad del Cuzco. El soberano 

se colocaba en medio de los contrayentes, los llamaba y los tomaba de la mano 

para juntarlos. Este matrimonio se denominaba “entregados por las manos del 

inca” y sus esposas eran mujeres legítimas (Castro Avilés, 2014, pág. 48). 

1.3.1.6.3. Etapa colonial 

En la época colonial, al prohibirse el matrimonio de españoles con personas de 

las tierras conquistadas, se originaron las convivencias. Práctica que pudo 

erradicarse pese a la protesta de los evangelizadores y persecución de la Santa 

Inquisición (Yarleque-Escobar, 2019, pág. 3). Esta realidad se da en un contexto 

de desigualdad social entre españoles y los incas, sin embargo, teniéndose como 

castigo la Santa Inquisición los conquistadores no eran ajenos a relacionarse con 

las mujeres del incanato. 

1.3.1.6.4. Etapa republicana 

En los inicios de la República, el único matrimonio reconocido por la norma civil, 

era el matrimonio religioso, por ello cualquier relación mantenida al margen de la 

unión era inmoral; la discriminación no solo se dio a expensas de la pareja 

convivencial, sino también a expensas de sus hijos, quiénes al no haber nacido 

en una unión formal para la sociedad de aquel tiempo, eran considerados con el 

término de “ilegítimos”, poco afortunada fue la regulación jurídica de los hijos 

ilegítimos, quienes vieron degradados sus derechos en relación a los hijos 

legítimos (Calderón Beltrán, 2016, 26ágs.. 27 y ss.). 

 



27 
 

1.3.2. Antecedentes legislativos 

La unión de hecho es una figura de larga data que opera en el ordenamiento 

jurídico desde el Código Civil de 1936 en cuyo artículo 369° se expresaba: “en 

los casos de los artículos 366 y 367, la madre tiene derecho a alimentos durante 

los sesenta días anteriores y los sesenta días siguientes al parto, así como al 

pago de todos los gastos ocasionados por este y por el embarazo”; y, con 

respecto a los hijos señalaba: “la paternidad ilegítima puede ser judicialmente 

declarada cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre 

durante la época de la concepción”. 

En aquel entonces la norma civil lo regulaba bajo la denominación de “sociedad 

de hecho” concebido entre un varón y una mujer, pero resaltaba la 

independencia social y económica de dicho vínculo debido a que no se trataba 

puramente de un matrimonio; vale decir, como se aprecia de la descripción 

normativa, que el reconocimiento de la unión de hecho hacía énfasis en sus 

efectos civiles en relación a la concubina cuando ésta se encontraba gestando y 

sobre el hijo recién nacido. 

Sin embargo, es con la Constitución Política de 1979 que la unión de hecho 

adquiere reconocimiento constitucional y sobre ello centra las bases de la figura 

en la que se convertiría hoy en día, pues es el artículo 9° de la Carta Magna que 

regula lo siguiente: “la unión establece de un varón y una mujer, libres de 

impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho por el tiempo y en las 

condiciones que señala la ley, da lugar a una sociedad de bienes que se sujeta 

al régimen de sociedad de gananciales en cuanto es aplicable”. 

El motivo de su fundamento constitucional ha sido expuesto y objeto de 

pronunciamiento por el Tribunal Constitucional, pues en el Expediente N°06572-

2006-PA/TC señala que, su aceptación constitucional obedece a la percepción 

negativa de cierto sector de la sociedad que la calificaba como una forma de vida 

inmoral en la que estaban involucrados un gran número de peruanos. Además, 

resalta la problemática que surgía al momento de la separación relacionado al 

aspecto patrimonial, donde generalmente eran los varones que se apoderaban 

de los bienes adquiridos por la pareja durante la convivencia, que si bien dicha 



28 
 

circunstancia había sido observado por los órganos jurisdiccionales 

entendiéndose que se encontraban frente a un enriquecimiento ilícito, no 

resultaba suficiente para enfrentar la dificultad, es por el ello que el constituyente 

se ha valido de dicho contexto para reconocer constitucionalmente de manera 

taxativa la unión de hecho en el ordenamiento jurídico nacional. (Cfr. 

Fundamento 12°). 

Así, la vigencia y regulación legislativa del concubinato se ha mantenido hasta la 

dación de la Constitución Política de 1993 que ha mantenido la descripción 

normativa de la unión de hecho sin modificación alguna, siendo el artículo 5° de 

la Carta Magna que lo redacta en los siguientes términos: “La unión de hecho 

establece de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que 

forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen 

de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable”.  

Como explica el Tribunal Constitucional en el Expediente N°06572-2006-PA/TC, 

que, razones similares justificaron que el constituyente de 1993 mantuviera la 

unión de hecho, por lo que se recogió en la Constitución vigente sin mayores 

modificaciones. Con este reconocimiento constitucional se legitiman y se 

salvaguardan la dignidad de aquellas personas que habían optado por la 

convivencia. Asimismo, pasan a ser considerados familia, por consiguiente, 

merecedora de la protección del Estado (Fundamento 12°). Al respecto, se dice 

que esta regulación constitucional tiene naturaleza de declarativa, pues regula 

una realidad ya existente en la sociedad (Calderón Beltrán, 2016, pág. 47). 

El cambio relevante de la Constitución de 1993, con relación a la de 1979, se 

refiere a la incorporación de la “comunidad de bienes” en lugar de la “sociedad 

de bienes”. El término sociedad fue cambiado porque podía llevar a confusión 

con el tema societario o empresarial, el cual requiere de la affectio socieatis 

(Castro Avilés, 2014, pág. 52). Se debe observar, además, la variación en la 

denominación que las constituciones le otorgan, mientras que la Carta Marga del 

93’ lo regula como “unión de hecho estable”, en tanto, la Norma Suprema del 79’ 

lo reconoce simplemente como “unión estable”. 

 



29 
 

1.3.3. Definición de términos básicos 

A. Concubinato. –  

Es una unión de hecho o fáctica, por el cual un hombre y una mujer 

conviven sin estar casados legalmente, es decir, sin constituir una unión 

legal y formal (documental) como es el matrimonio, que desde sus inicios 

produce efectos legales. Dicho, en otros términos, el concubinato es un 

´matrimonio´ al que le falta la correspondiente inscripción en los Registros 

del Estado Civil (Fernández & Bustamante, 2000, pág. 224).  

 

En nuestro sistema se considera concubinato a la relación o unión de 

hecho que tienen un hombre y una mujer, que no se encuentran casados 

y que no cuentan con algún impedimento legal para que en un futuro 

puedan contraer matrimonio, la característica principal es que viven 

juntos, haciendo vida en común con o sin hijos.  

 

B. Unión de hecho. – 

La unión de hecho es aquella relación de pareja extramatrimonial 

integrada por dos personas solteras que hacen vida en común cumpliendo 

los mismos fines del matrimonio, respetando los deberes matrimoniales 

de fidelidad y asistencia recíproca durante un período mínimo de dos años 

consecutivos y permanentes (Castro Avilés, 2014, pág. 68). 

 

El término ́ unión de hecho´ se relaciona con la convivencia more coniugali 

o familia de hecho, haciendo notar que no es familia de derecho, pese a 

ello, en nuestra legislación se encuentra tutelada por nuestra constitución, 

y tal como lo refiere el autor Varsi Rospigliosi, es una figura jurídica 

existente, orgánica, provista de status y aumento imperioso.  

 

C. Unión de hecho propia. –  

“La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón 

y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades 

y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad 

de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto 



30 
 

le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos 

años continuos. La posesión constante de estado a partir de fecha 

aproximada puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por 

la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita. 

 

La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o 

decisión unilateral. En este último caso, el juez puede conceder, a 

elección del abandonado, una cantidad de dinero por concepto de 

indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que 

le correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de 

gananciales. Es menester indicar que, tratándose de la unión de hecho 

que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado 

tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento indebido. 

 

D. Unión de hecho impropia. – 

Cuando no puede acreditarse que una determinada unión de hecho es 

propia, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico, 

dicha unión de hecho, en un criterio residual, tendrá el carácter de 

impropia (Varsi Rospigliosi, 2011, pág. 399). 

 

Se considera que una pareja se encuentra en unión de hecho impropia 

cuando el hombre casado convive con una mujer que es soltera, casada 

viuda, divorciada; o en viceversa, siendo que pese a que tienen vida 

conyugal no es posible contraer matrimonio civil debido a dicho 

impedimento que tienen con otras personas.  

 

E. Sociedad de gananciales. – 

La sociedad de gananciales es la reunión de aportes del marido y la mujer 

para formar un nuevo ente o sociedad de bienes gananciales, de bienes 

comunes, todos aquellos determinados taxativamente en la norma civil de 

nuestro ordenamiento, es decir, la misma es un ente jurídico autónomo, 

titular del derecho de propiedad sobre los bienes sociales, sin embargo, 

estas no constituyen un régimen de copropiedad, por lo tanto, los 



31 
 

gananciales de la sociedad conyugal se dividen por partes iguales entre 

marido y mujer, sin consideración alguna al capital propio de los 

cónyuges, y aunque alguno de ellos no hubiese llevado a la sociedad bien 

alguno (art. 1315, Código Civil). 

 

Debemos indicar además que para disponer de dichos bienes se requiere 

el consentimiento de ambos cónyuges, no pudiendo haber disposición por 

parte de uno de ellos de porcentajes de los bienes sociales, por cuanto no 

existe alícuotas sobre las que cada cónyuge ejerza el derecho de 

propiedad.  

  

F. RENIEC. – 

Son las iniciales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que 

es el organismo técnico encargado de la identificación de los peruanos, 

otorga el documento nacional de identidad, registra hechos vitales como: 

nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otros que modifican el 

estado civil.  

 

Dicho en palabras de los autores, es la autoridad con atribuciones 

exclusivas en materia registral de los ciudadanos peruanos, responsable 

de organizar y de mantener actualizado el Registro único de Identificación 

de las Personas Naturales. Debiendo indicar que no pertenecen a ningún 

sector de los poderes del estado.   

 

1.3.4. Consideraciones generales 

En la doctrina se suele utilizar indistintamente el término concubinato para 

referirse a la unión de hecho, esto por tratarse de su denominación más antigua 

y sobre el cual muchos ordenamientos jurídicos lo han regulado, es por ello que 

la doctrina identifica su procedencia y concepción etimológica con la palabra 

“concubinato”, por ende, para exponer sus alcances conceptuales partiremos de 

ese origen. 

 



32 
 

1.3.4.1. Etimología 

La palabra concubinato deriva del latín concubinatus, sustantivo verbal del 

infinitivo concumbere, que significa “dormir juntos”. Del latín, concubinatus, de 

cum (con) y cubare (acostarse) (Solari, 2017, pág. 294). Se trata de una situación 

de hecho consistente en la cohabitación de un varón y de una mujer para 

mantener relaciones sexuales estables y vivir juntos (Varsi Rospigliosi, 2011, 

pág. 385). 

1.3.4.2. Su denominación 

En la doctrina, la unión de hecho puede ser catalogada con diversas 

denominaciones, el sin número de nombres que aparecen entre los autores 

dependerá del modo en que esté reconocido en su ordenamiento jurídico y de la 

posición en favor o en contra que se tenga de su regulación, sin embargo, se 

puede advertir que usualmente esta figura es identificada con el calificativo de 

“concubinato”, pues como se dijo precedentemente, es la denominación más 

antigua con la que cuenta y tal cual se le conoce a través de la historia. 

Así, la unión de hecho también puede ser identificada con las denominaciones 

de “unión estable”, “convivencia more uxorio”, “unión convivencial”, 

“concubinato”, “matrimonio aparente”, “parejas no casadas”, “unión no 

matrimonial”, “convivencia extramatrimonial”, “unión libre”, “matrimonio 

aparente”, unión no matrimonial”, “familias de hecho”, “uniones de facto”, 

“matrimonio de hecho”, “comunidad de hecho”, “familias estables”, “matrimonio 

de hecho común”, “sociedad de hecho”, o como se le conocía en el pasado de 

“uniones ilegítimas” o “uniones informales”, que reflejaban el desacuerdo que 

tenían por este tipo de relaciones, entre otros apelativos. 

Al respecto, es la misma doctrina que cuestiona ciertas denominaciones por 

cuanto no se encuentran acorde a la esencia de lo que abarca la unión la unión 

de hecho o ya sea que la concepción ha ido variando con el transcurrir del 

tiempo, por ejemplo, en la actualidad se cuestiona las denominaciones de 

“concubinato”, “unión convivencial”, “unión libre”, “matrimonio de hecho” y 

“uniones ilegítimas”. 



33 
 

La terminología “concubinato” ahora se aplica a las relaciones eventuales entre 

el hombre y la mujer, prohibidos por los lazos del matrimonio. El término 

“convivencia” no es adecuado para este tipo de uniones intersexuales, pues es 

un elemento que implica una comunidad de vida, cohabitación, etc., la cual se 

refleja en el matrimonio (Varsi Rospigliosi, 2011, pág. 385). Tampoco se acepta 

“unión libre” porque la constitución regula la unión estable de un hombre y una 

mujer, y en la unión libre no hay permanencia y tal situación de libertad absoluta 

puede poder en peligro la situación de los hijos que surjan de esa unión. 

Asimismo, se rechaza la expresión “matrimonio de hecho”, porque da la idea de 

dos clases de matrimonio, uno de derecho y el otro de hecho, y este último da la 

idea de una situación de segunda categoría, que no concuerda con el espíritu 

constitucional (Calderón De Buitrago et al, 1995, pág. 452). 

Mucho menos resulta aceptable denominar a la unión de hecho como “uniones 

ilegítimas” puesto que no se trata de una unión familiar que es contraria al 

ordenamiento jurídico, además porque en sus inicios esa expresión era utilizada 

para referirse de manera despectiva a la relación entre un varón y una mujer 

pues no era bien visto por la sociedad de aquel entonces, en tanto, el criterio ha 

cambiado y por ello no debe recibir un trato indiscriminado calificándose de tal 

manera. 

En suma, la definición que se asume de la unión de hecho como objeto de 

tratamiento jurídico, se encuentra referida a esa situación de precariedad, 

circunstancialidad y extra legalidad en que descansa la unión voluntaria entre un 

varón y una mujer. Donde ambos, el hombre y la mujer están ante una situación 

al margen de la ley porque su unión como pareja se basa en el vínculo que 

produce el matrimonio civil (Fernández & Bustamante, 2000, pág. 224). 

1.3.4.3. Concepto y acepciones 

En la doctrina existe una multiplicidad de conceptos sobre la unión de hecho, y 

cual sea la denominación que se le otorgue, al tiempo de exponerse su 

concepción, de forma unánime los autores resaltan como elemento la ausencia 

del vínculo matrimonial entre el varón y la mujer, que resulta ser un aspecto 

importante que lo identifica y diferencia de la institución del matrimonio. 



34 
 

Bajo esa premisa, desde una óptica genérica podemos decir que la unión de 

hecho importa aquella relación convivencial intersexual y monogámica entre un 

varón y una mujer, que sin tener vínculo matrimonial conllevan un 

comportamiento marital entre sí equivalente al que existe entre conyugues, que 

se juntan para tener una vida común sin someterse a las normas jurídicas. 

Como el concubinato es una imitación del matrimonio, se trata de una unión 

marital entre dos personas de distinto sexo. Así, dicha vida en común ofrece la 

apariencia de un hogar tradicional, en el que ambos asumen las mismas tareas, 

tienen alojamiento propio, reparten alimentos, y ponen, probablemente, sus 

recursos en común. Podría decirse que el concubinato es como un matrimonio 

al que le falta la correspondiente inscripción en los Registros del Estado Civil 

(Fernández & Bustamante, 2000, pág. 224).  

Hay autores que construyen el concepto de unión de hecho teniendo en cuenta 

los elementos propuestos por el artículo 326° del Código Civil, es decir, 

fundamentan su criterio en el ministerio de la voluntad de la ley. Pues resaltan 

los elementos: a) heterosexual (relación entre un varón y una mujer); b) el estado 

civil (libres de impedimento matrimonial); c) intención de las partes (finalidades y 

deberes semejantes al matrimonio); d) temporal (dos años consecutivos e 

ininterrumpidos); y, e) patrimonial (origina una sociedad de gananciales). 

Sobre este punto, se debe resaltar que el Código Civil utiliza los términos de 

concubinato y unión de hecho de modo indistinto para referirse al mismo 

fenómeno jurídico, este tratamiento se manifiesta en los artículos 326° (unión de 

hecho) y 402° inciso 3) (declaración judicial de paternidad extramatrimonial), 

donde pone en relieve los tipos de unión de hecho (propia e impropio). 

Aclarado la situación y siguiendo el criterio jurídico propuesto por la norma, se 

dice que la unión de hecho es aquella relación de pareja extramatrimonial 

integrada por dos personas solteras que hacen vida en común cumpliendo los 

mismos fines del matrimonio, respetando los deberes matrimoniales de fidelidad 

y asistencia recíproca durante un período mínimo de dos años consecutivos y 

permanentes (Castro Avilés, 2014, pág. 68). 



35 
 

Por otro lado, desde el punto de vista sociológico, se trata de un hecho grave, en 

razón de la libertad sin límites que confiere a los concubinos una situación fuera 

de derecho. Esta libertad extrema es incompatible con la seguridad y solidez de 

la familia que crean. Ahora, desde la perspectiva moral, el concubinato atenta 

contra el sentimiento ético popular; la mujer queda rebajada a la calidad de 

compañera, no de esposa, los hijos serán naturales o adulterinos, cualquiera sea 

su calificación legal (Amado Ramírez, 2021, pág. 180). 

En sede jurisprudencial no se ha sido indiferente a la delimitación conceptual de 

la unión de hecho, pues el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el 

Expediente N°06572-2006-PA/TC, ha señalado que: “Se trata de una unión 

monogámica heterosexual, con vocación de habitualidad y permanencia, que 

conforman un hogar de hecho. Efecto de esta situación jurídica es que, como ya 

se expuso, se reconozca una comunidad de bienes concubinarios, que deberá 

sujetarse a la regulación de la sociedad de gananciales” (Fundamento 16°).  

Además de ello, el máximo intérprete de la Constitución no se limita al concepto 

de la unión de hecho, sino que expone la forma en que se deba desarrollar entre 

sus intervinientes, refiriendo que: “El formar un hogar de hecho comprende 

compartir habitación, lecho y techo. Esto es, que las parejas de hecho lleven su 

vida tal como si fuese conyugues, compartiendo intimidad y vida sexual en un 

contexto de fuerte lazo afectivo. Las implicancias de ello se verán reflejadas en 

el desarrollo de la convivencia, que deberá basarse en un clima de fidelidad y 

exclusividad. Se excluye, por lo tanto, que alguno de los convivientes esté 

casado o tenga otra unión de hecho” (Fundamento 17°). 

El concubinato o unión de hecho, se distingue de las uniones sexuales 

accidentales que no generan situaciones de transcendencia jurídica a que da 

origen la unión establece y permanente (Bossert & Zannoni, 2004, pág. 423). En 

ese sentido, no cualquier relación casual y esporádica constituye una unión de 

hecho, sino aquella relación convivencial heterosexual que se mantiene en el 

tiempo y goza de permanencia, estabilidad, intensidad y publicidad, cuyo trato 

entre el varón y la mujer se da en un contexto marital sin existir vínculo 

matrimonial. 



36 
 

De lo descrito, en la doctrina puede distinguirse un doble criterio para 

conceptualizar al concubinato, entendido además como sus acepciones, que 

resulta aceptable entre los autores al existir diversos conceptos de la unión de 

hecho, a saber:  

a) En sentido amplio. 

Desde una perspectiva lato sensu, la unión de hecho entre personas (varón y 

mujer) libres o atadas, sea por vínculo matrimonial con otra persona o que se 

tenga algún impedimento (o no) para legalizar dicha unión, siempre que exista 

permanencia, y habitualidad en la relación (Varsi Rospigliosi, 2011, pág. 383). 

Además, cabe diferenciarlas de aquellas uniones de pareja de carácter 

esporádico como la unión sexual ocasional y el libre comercio carnal o el caso 

de las uniones libres, dado que en el concubinato siempre debe existir cierto 

carácter de permanencia o habitualidad en la unión convivencial (Fernández & 

Bustamante, 2000, pág. 223). 

b) En sentido restringido 

Mientras que, desde un punto de vista stricto sensu, se entiende como la 

convivencia habitual, continua y permanente de dos personas (varón y mujer), 

sin que dicha unión pueda transformarse en un posterior matrimonio (Varsi 

Rospigliosi, 2011, pág. 383). Vale decir, al hacer referencia al concubinato en 

sentido estricto, ello implica un plus en relación a la acepción anterior, ya que 

además de ser el vínculo establece, singular y público, debía contar con 

comunidad de “techo, lecho y mesa”, esto es, debe presentar apariencia de 

matrimonio (Rivero & Ramos, 2014, pág. 353). 

1.3.5. Causas que motivan la unión de hecho 

La unión de hecho constituye un tema complejo que debe ser abordado desde 

diversas perspectivas puesto que su análisis no se centra únicamente en el 

ámbito jurídico, sino que se extiende a diversos contextos, es por ello que la 

doctrina identifica un conjunto de factores que motivan su concurrencia en la 

sociedad, esto es, referirse a sus causas que la provocan, por lo que a 

continuación pasamos a desarrollarlos. 



37 
 

1.3.5.1. Causas sociales 

La unión concubinaria desde antaño tuvo su fundamento en la desigualdad social 

y prueba de ello es que en la antigüedad su regulación legal era limitada a 

reconocer ciertos efectos que producía, pero no dejaba de ser concebido como 

una forma de vida inmoral, por ejemplo, en la antigua Roma se cuestionaba las 

relaciones entre esclavos y los hijos nacidos producto de la relación concubinaria 

entre patrón y esclava eran denominados como “hijos ilegítimos”, como se ve, 

una aceptación negativa de las consecuencias entre concubinos. 

Del mismo modo, en sus inicios del derecho canónico la unión concubinaria era 

aceptada legalmente al punto de ser considerado como una forma de 

matrimonio, sin embargo, fue con el Concilio de Trento que la perspectiva del 

concubinato ha sufrido prohibiciones por parte de la iglesia imponiendo el castigo 

de la excomunión a las relaciones informales.  

Con el transcurrir del tiempo las uniones concubinarias han ido tomando 

aceptación por parte del Estado y la misma sociedad, aunque hay cierto sector 

de la doctrina que cuestiona su regulación y lo crítica de manera negativa, la idea 

de rechazo se extiende a una parte de la comunidad que discrimina este tipo de 

relaciones calificándola como “relaciones informales”. En la actualidad se 

observa que existe una mayoría de grupos familiares formados por una unión de 

hecho que han venido incrementándose desde su reconocimiento constitucional 

de la Carta Magna del 79’ siendo extenso a la Constitución Política de 1993, lo 

que ha motivado su regulación legal en el Código Civil. 

1.3.5.2. Causas económicas 

Dentro de este contexto podemos mencionar las siguientes causas: 

- La pobreza de determinados sectores de la población, sobre todo en 

países subdesarrollados como el nuestro y los demás países de 

Latinoamérica, hace que las parejas no tengan otra opción que la unión 

concubinaria, al no poder afrontar los gastos que representan contraer, 

celebrar y mantener el matrimonio (Belluscio, 2015, pág. 25). En su 

defecto, si optan por el matrimonio se deciden por el eclesiástico donde 

los gastos no resultan exagerados como uno de carácter civil. 



38 
 

 

- Las personas adineradas han estado en condiciones de vivir en 

concubinato no solo con una mujer sino con varias, y en muchos casos, 

teniendo conyugue, dando lugar a las diferentes modalidades del 

concubinato lato sensu, o en el que los convivientes tienen impedimento 

para el matrimonio, o para convertir la unión de hecho en una unión de 

derecho (Amado Ramírez, 2021, pág. 179).  

 

1.3.5.3. Causas culturales 

Esta causa muchas veces se encuentra relacionada con el factor económico, ya 

que es frecuente – sin que signifique prejuzgar al respecto – que los sectores 

más carenciados económicamente de la población tengan – como consecuencia 

de ello – un bajo nivel educacional, que no les permite diferenciar las distintas 

consecuencias jurídicas que se derivarán de la unión convivencial y de una unión 

matrimonial (Belluscio, 2015, pág. 27). 

Otra variante, dentro de la causa que estamos analizando, es la que obedece a 

raíces étnicas y costumbres que se van transmitiendo de generación en 

generación y que concibe al concubinato como el único tipo de unión entre el 

hombre y la mujer (Belluscio, 2015, pág. 27). O cuanto más someterse al 

matrimonio religioso, que es otra manera de contribuir al concubinato, de ahí la 

convivencia de no insistir con la imposición de formas matrimoniales que se 

resisten a comprender y, más bien, buscar para ellos alternativas matrimoniales 

más compatibles con sus creencias (Amado Ramírez, 2021, pág. 179). 

1.3.5.4. Causas ideológicas 

Las mismas obedecen a aquellos supuestos en que los integrantes de la pareja 

viven en posesión de estado matrimonial, no tienen impedimentos para contraer 

matrimonio, no carecen de recursos económicos ni les falta nivel cultural, pero 

que – sin embargo – no quieren contraer vínculo jurídico del matrimonio por 

razones filosóficas que los conlleva a considerar el vínculo jurídico del 

matrimonio como una intromisión del Estado en su vida privada (Borgonovo, 

citado por Belluscio, 2015, pág. 29). 



39 
 

En parte, el factor cultural influye en la unión de hecho, en el sentido que, para 

muchos resulta importante respetar sus creencias que tiene que ver con la 

concepción de una relación de pareja donde solo es aceptable por matrimonio 

religioso que, ante los “ojos” de la ley no constituye un matrimonio legal, sino que 

se trata de una unión de hecho “disfrazado” de formalidad que carece de validez 

jurídica. En tanto, la pareja hace prevalecer su ideología sin padecer algún 

defecto económico, jurídico, social, político, etc., que impide la celebración de un 

matrimonio legal. 

Cierto sector de la doctrina considera dentro de las causas ideológicas, aquella 

que explica la adopción de la unión convivencial por lo que se denomina “el 

matrimonio a prueba”, o sea como una etapa previa al matrimonio (Belluscio, 

2015, pág. 30); no obstante, esta figura está ligada a costumbres ancestrales e 

indígenas donde usualmente los concubinos se someten a una convivencia por 

cierto período de tiempo, caso contrario, se da la separación de la pareja. 

1.3.5.5. Causas jurídicas 

La falta de legislación constituye un factor importante para la incidencia en la 

formación del concubinato, como el caso del Perú, que por mucho tiempo el 

legislador no ha tomado en cuenta dichas relaciones maritales, absteniéndose 

de su regulación o prohibición, lo que naturalmente en el segundo caso equivale 

a una indirecta aceptación para constituirlo (Amado Ramírez, 2021, pág. 179). 

Que, si bien hoy es reconocido por el artículo 326° del Código Civil, todavía se 

requiere esfuerzos para mejorar su regulación normativa y se adecue a las 

demandas sociales que exige este tipo de familia. 

1.3.6. Teorías legislativas sobre su regulación legal 
 

1.3.6.1. Teoría sancionadora 

Esta corriente, se fundamenta en el Concilio de Trento aplicado en el derecho 

canónico, en donde se castigaban las uniones concubinarias hasta con pena 

privativa de libertad y multas pecuniarias, una posición totalmente extremista 

como si la convivencia de personas se tratara de un delito, y desde tiempo 

remotos ha regido y, que incluso, en la modernidad algunos autores han 

propuesto su aplicación.  



40 
 

Bajo esa premisa, esta teoría es la más radical puesto que postula la prohibición 

y el castigo de cualquier forma de concubinato o relaciones extramatrimoniales 

apostando por su eliminación definitiva de la sociedad, debido a que atenta 

contra los intereses que persigue la familia tradicional y los valores que la 

conforman, propone que quede vetado bajo los siguientes motivos: i) la libertad 

que poseen los concubinos para contraer una unión permanente frente a quien 

desea sostener lazos afectivos; ii) crea el riesgo de un posible abandono por 

parte del concubinario en contra de la mujer y evitando la carga de los hijos, 

causando un despojo patrimonial; y, ii) es contrario a la seguridad y solidez que 

requiere la pareja al encontrarse en una situación de necesidad (pobreza o 

enfermedad). 

1.3.6.2. Teoría abstencionista 

Considera que carece de sentido regular la unión de hecho con requisitos 

referentes a su constitución y desarrollo porque implicaría otorgarle solidez al 

concubinato, equiparándolo con el matrimonio mismo (Castro Avilés, 2014, pág. 

52). Esta teoría se fundamenta en las ideas del Código Napoleónico cuyo 

postulado era: “Les concubins se pasent de la loi, la loi se désinrerésse d’eux” 

(los concubinos prescinden de la ley, la ley no está en ellos). 

Lo que postula esta teoría es otorgarle un trato indiferente al concubinato, que 

ante los “ojos” del Estado y la ley sea ignorado, omitiendo cualquier tratamiento 

legislativo sobre ello, simplemente no prohibirse su práctica y menos aceptar su 

regulación normativa, en todo caso, de regularse su prohibición indirectamente 

se estaría aceptando la práctica concubinaria en la sociedad. 

Un factor importante que ha alimentado la teoría abstencionista ha sido la 

posición moral sobre el concubinato, rechazándolo por contravenir los preceptos 

religiosos y sociales de la época (Castro Avilés, 2014, pág. 53). En tal sentido, 

en los países donde se ha aplicado esta teoría, han sido los jueces, por 

intermedio de la jurisprudencia, los que han debido determinar su solución a los 

conflictos originados al interior de las familias de hecho (Calderón Beltrán, 2016, 

pág. 36). 



41 
 

Estamos completamente de acuerdo en afirmar que la unión de hecho no es 

equiparable al matrimonio, pero no debemos dejar de reconocer que se 

presentan situaciones de desprotección de los convivientes, que alguno de ellos 

puede ser más débil de la relación y que la extinción de su relación podría quedar 

desamparado (Castro Avilés, 2014, pág. 54); cuya afectación se extiende a 

situaciones de necesidad como la pobreza, enfermedad, alimentación y el 

patrimonio. 

1.3.6.3. Teoría de la apariencia jurídica 

Esta tesis consiste en considerar, para el reconocimiento de la unión de hecho, 

a aquella que persiga alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los 

del matrimonio (Castro Avilés, 2014, pág. 54). En otros términos, esta teoría no 

criminaliza la convivencia more uxorio, menos la prohíbe y tampoco la ignora, 

sino que la reconoce de manera limitada sobre sus efectos patrimoniales que 

trae consigo (sobre el régimen patrimonial, por ejemplo), a excepción de los 

efectos personales (v. gr., brindarse alimentos) que son propias de las uniones 

matrimoniales. 

La aplicación conjunta de la teoría abstencionista y la teoría de la apariencia del 

estado matrimonial tiene una especial connotación jurídica. Se trata de una 

posición conservadora, cuya finalidad es promover el matrimonio, erradicar las 

uniones de hecho y formalizar a las existentes siempre que cumplan con los 

requisitos de ley, los cuales son similares al matrimonio (Castro Avilés, 2014, 

pág. 55). No busca equiparar la unión de hecho a la unión matrimonial, sino que 

pretende la supresión del concubinato y busca incentivar al matrimonio partiendo 

de establecer las limitaciones que carga las uniones de hecho. 

1.3.6.4. Teoría reguladora 

Plantea que el reconocimiento legal de la unión de hecho no constituye una 

vulneración del orden público, la moral y las buenas costumbres, en razón de 

que las uniones de hecho entre un varón y una mujer, sin impedimento 

matrimonial, pueden convertirse en matrimonio en cualquier momento (Castro 

Avilés, 2014, pág. 56). Por tanto, merece especial tratamiento legislativo, distinto 



42 
 

al instituto del matrimonio, a fin de brindar seguridad jurídica sobre los efectos 

patrimoniales y personales que se desprenden de la unión de hecho. 

Se fundamenta en que las uniones de hecho un fenómeno recurrente en nuestra 

sociedad, al ser las mismas fuentes de relaciones familiares y jurídicas que 

producen efectos patrimoniales y personales similares al matrimonio; y a fin de 

evitar situaciones injustas para los convivientes, sino todo lo contrario, brindarles 

seguridad jurídica mediante la aplicación de reglas jurídicas destinadas al 

consorte marital, sin que esto signifique una identidad de normas entre unión de 

hecho y unión matrimonial (Calderón Beltrán, 2016, pág. 38). 

1.3.6.5. Teoría de la desregulación 

Esta tesis explica que solo la vía jurisprudencial resolverá caso por caso y 

aplicará analógicamente las disposiciones matrimoniales que considere 

convenientes y adecuadas a la situación particular (Castro Avilés, 2014, pág. 64). 

En otros términos, para esta teoría, será el juez quien deberá remitirse a las 

normas que regulan el matrimonio para aplicarse de modo análogo a las 

incertidumbres jurídicas que derivan de la unión de hecho, por consiguiente, los 

criterios jurisprudenciales quedarán habilitados para la motivación de sus 

decisiones judiciales. 

1.3.6.6. Modelo adoptado por la legislación peruana 

Conforme a la estructura del artículo 326° del Código Civil, podemos deducir que 

la legislación peruana adopta la teoría de la apariencia jurídica para la regulación 

del concubinato que, si bien no lo equipara al matrimonio, sino que reconoce 

limitados efectos, concretamente, de carácter patrimonial sobre la sociedad de 

gananciales, luego de cumplir con las exigencias normativas para su 

configuración. 

1.3.7. Elementos que configuran la unión de hecho 

La unión convivencial importa un fenómeno social, más no constituye una 

situación jurídica pero que el Estado debe prestar obligatoria atención, pues se 

reconoce los efectos que esta produce y trascienden al ámbito jurídico, por lo 

tanto, despierta el interés de la ley al tratarse de una fuente de derechos y 



43 
 

obligaciones que desborda entre quienes lo practican y para lo cual la normativa 

civil regula determinados requisitos para la materialización de la unión de hecho. 

En tal sentido, en el ordenamiento jurídico peruano la unión de hecho se 

consagra en el artículo 326° del Código Civil, cuya regulación estipula, entre 

otros aspectos, sus requisitos de configuración, pudiendo ser de carácter 

objetivos y subjetivos, los mismos que a continuación procedemos a 

desarrollarlos, a saber: 

1.3.7.1. Elementos objetivos 

1.3.7.1.1. Unión estable entre un varón y una mujer 

O lo que es denominado por la doctrina como “cohabitación entre las partes”, 

que no es más que la convivencia entre el varón y la mujer que comparte un 

proyecto de vida en común dentro de un contexto de comunidad conyugal que 

se caracteriza por la estabilidad de una vida cotidiana frente a terceros, que 

serán reconocidos como “convivientes” que comparte un mismo lecho que goza 

de lazos afectivos y sexuales. 

La convivencia y el proyecto de vida en común son los primeros elementos 

tipificantes de estas uniones. Se trata de elementos que diferencian a este tipo 

de organización familiar de otras relaciones afectivas, por ejemplo, relaciones de 

pareja pasajeras o efímeras (noviazgos) que no cumplen con el requisito de la 

convivencia, o relaciones de amistad o parentesco que, si bien pueden cumplir 

con el requisito de convivencia, no traslucen un proyecto de vida en común – en 

otras palabras, no son parejas – (De La Torre, 2015, pág. 196). Queda claro 

entonces, que la sola convivencia no configura una unión de hecho, sino que la 

relación convivencial debe ir acompañada de la intención de compartir un 

proyecto de vida en común entre sus integrantes. 

En la unión de hecho existe un deber natural de cohabitación, semejante al deber 

legal de los conyugues, por lo que su incumplimiento podría ocasionar la 

terminación de dicha reunión (Varsi Rospigliosi, 2011, pág. 408). La cohabitación 

implica comunidad de lecho, o sea la existencia de relaciones sexuales entre los 

integrantes de la pareja (Belluscio, 2015, pág. 37). 



44 
 

Ahora bien, la doctrina nacional resalta que la cohabitación o comunidad de vida 

presenta notas características que deben acompañarse para diferenciarla de 

cualquier unión circunstancial, esporádica y casual, dicho criterio deriva del 

derecho comparado, y en concreto, de la legislación argentina, pues en su 

Código Civil y Comercial de la Nación se señala en su artículo 509° se indica que 

“… las uniones basadas en relaciones afectivas de carácter singular, pública, 

notoria, estable y permanente …”; en tal sentido, cierto sector de la doctrina 

nacional comparte estos rasgos y afirman su necesaria concurrencia. 

1.3.7.1.2. Unión voluntariamente realizada 

La unión de hecho es una relación de pareja ajurídica por voluntad de las partes 

de apartarse de las reglas del matrimonio. Sin embargo, esto no significa que de 

la relación concubinaria no puedan derivarse consecuencias jurídicas (Castro 

Avilés, 2014, pág. 85). Para ello, la voluntad de las partes debe estar dirigida a 

conformar una convivencia affectio maritales entre ambos, esto es, la intención 

de forjar una cohabitación con dirección a compartir un proyecto de vida en 

común, decisión que ambos deberán realizar de manera voluntaria con máximo 

albedrío sin presión alguna, coacción, violencia y/o amenaza u otro factor que 

anule el libre criterio de los convivientes. 

1.3.7.1.3. Relación heterosexual y monogámica 

La unión de hecho para ser declarada como valida requiere que se trate de una 

relación heterosexual, es decir, entre un varón y una mujer, y no de personas del 

mismo sexo, esto debido a que nuestro ordenamiento jurídico no reconoce las 

relaciones homosexuales, sea cual fuera su manifestación –entiéndase de un 

matrimonio, unión de hecho, noviazgo, etc. –. Pues debe recordarse que la 

Constitución Política del Estado protege a la familia – matrimonial o concubinaria 

– entre personas de sexo opuesto. 

Sumado a ello, se exige, además, que la relación sea monogámica, esto es, 

cuando por parte de los integrantes existe fidelidad recíproca hacía el otro, donde 

ambos estén libres de lazos matrimoniales y que no cuenten con alguna 

convivencia simultánea que afecte la estabilidad de la relación convivencial y 

provoque su ruptura por decisión del conviviente afectado. El carácter 



45 
 

monogámico de la unión de hecho es reconocido por la doctrina extranjera como 

“singularidad”, cuyo significado alude a que la unión no debe ser poligámica, es 

decir, que los concubinos se presten el deber de la fidelidad ajenos a 

relacionarse con terceros de manera sentimental y/o sexual. 

La heterosexualidad es un elemento configurante y estructural del matrimonio; 

por ello, se aplica la tesis de la apariencia matrimonial. Adicionalmente, la 

homosexualidad es una causal de anulabilidad de matrimonio; y cuando es 

sobreviniente a este, es causal de separación de cuerpos, con el consecuente 

divorcio (Castro Avilés, 2014, pág. 84). Por otro lado, la unión debe ser 

monogámica, excluyéndose cualquier otra forma de convivencia. De esta 

manera, bajo la denominación de uniones convivenciales solamente quedarán 

incluidas las uniones afectivas de pareja constituidas por dos personas (Solari, 

2017, pág. 296).  

1.3.7.1.4. Permanencia en el tiempo: por lo menos dos años continuos 

La unión de hecho está revestida de permanencia, duración, continuidad, 

habitualidad, por tal motivo se entiende que es una unión estable. Este elemento 

implica el establecimiento de un plazo mínimo (Varsi Rospigliosi, 2011, pág. 

408). Se requiere que la unión se prolongue durante algún tiempo, lo que lleva a 

la correlativa estabilidad de la unión (Solari, 2017, pág. 296).  

La relación sexual circunstancial, momentánea o intermitente no constituye unión 

no matrimonial, se requiere pues que la cohabitación y la comunidad de vida sea 

duradera, es decir, debe tener permanencia en el tiempo. Si falta esta 

característica resultarían inaplicables casi la totalidad de los efectos que se 

atribuyen a la unión (Calderón De Buitrago et al, 1995, 45ágs.. 427 y ss.). De 

modo que si se encuentra ausente el elemento de la estabilidad la permanencia 

se quebrantaría y resultaría complejo determinar el momento de su cómputo. 

En el caso peruano, la Carta Magna no establece el período de duración para 

catalogar una relación convivencial como unión de hecho, sino que dicho 

elemento cuantitativo se encuentra previsto en el artículo 326° del Código Civil, 

una tarea que el constituyente del 93’ dejó en manos del legislador, quien ha 

establecido el plazo de dos años continuos e ininterrumpidos para configurarse 



46 
 

la unión de hecho. Un tiempo que exige estricto cumplimiento con rasgos de 

continuidad y permanencia, dejando de lado las relaciones convivenciales 

esporádicas y casuales. 

Asimismo, es necesario precisar que el plazo se empieza a contabilizar desde 

que los concubinos estén libres de impedimento matrimonial, de tal forma que, 

en el caso que una pareja convivía y uno de ellos aún esté casado, el plazo se 

computará desde el momento en que esté divorciado por más que la convivencia 

haya sido anterior (Zuta Vidal, 2018, pág. 189). Cuyo efecto se tomará en cuenta 

desde el momento en que se emite la sentencia de divorcio y no a la espera de 

su inscripción en RENIEC. 

1.3.7.2. Elementos subjetivos 

1.3.7.2.1. Libres de impedimento matrimonial 

Los impedimentos son hechos o situaciones que importan un obstáculo tanto 

para la celebración del matrimonio como para la formalización de las uniones de 

hecho. Son prohibiciones establecidas por la ley, de enumeración taxativa o de 

interpretación restrictiva (Castro Avilés, 2014, pág. 85). En el ordenamiento 

jurídico peruano, estos impedimentos están contemplados en los artículos 241° 

(impedimentos absolutos), 242° (impedimentos relativos) y 243° (impedimentos 

especiales) del Código Civil. 

Entonces, este requisito está referido a la “capacidad nupcial” de los que integran 

la relación convivencial, donde el varón y la mujer deben estar libres de alguna 

prohibición establecido por ley para formalizar la unión de hecho, vale decir, este 

elemento subjetivo exige la inexistencia de alguna causal entre los miembros 

que integran la unión convivencial, sino todo lo contrario, que ambos gocen de 

aptitud para contraer ligámenes maritales independientes de relaciones 

simultaneas por parte de uno de los convivientes. 

En tal sentido, aquí el impedimento de ligamen se hace extensivo no solo al 

matrimonio anterior de uno o ambos de la pareja mientras subsista, sino también 

a la unión convivencial registrada de manera simultánea de uno o ambos 

miembros (De La Torre, 2015, pág. 199). Esto distingue a la unión de hecho 

propia, en la cual no media impedimento matrimonial entre la pareja, y la unión 



47 
 

impropia, aquella en la que sí existe impedimento matrimonial (Varsi Rospigliosi, 

2011, 47ágs.. 410 y ss.).  

Cabe aclarar que, la unión de hecho impropia no es reconocida por el 

ordenamiento jurídico, sin embargo, al producir algún efeto lesivo de carácter 

patrimonial o económico, el conviviente ofendido podría hacer prevalecer sus 

intereses mediante una demanda por enriquecimiento indebido, tal como lo 

preceptúa el cuarto párrafo del artículo 326° del Código Civil. 

1.3.7.2.2. Alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del 

matrimonio 

Para que la unión de hecho sea reconocida legalmente, se exige que los 

convivientes persigan obligaciones similares al matrimonio, esto es, realizar un 

proyecto de vida entre ambos, que se compone de deberes impuestos por el 

Código Civil: alimentar y educar a los hijos (art. 287°); deber de fidelidad 

recíproca (art. 288°); deber de cohabitación (art. 289°); igualdad en el hogar (art. 

290°); obligación unilateral de sostener a la familia (art. 291°; representación de 

la sociedad conyugal (art. 292°); libertad de trabajo de los conyugues (art. 293°); 

y, representación unilateral de la sociedad conyugal (art. 294°). 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional explica el contenido de este elemento 

subjetivo, pues en la Sentencia recaída en el Expediente N°06572-2006-PA/TC, 

ha señalado que: “(…), el formar un hogar de hecho comprende compartir 

habitación, hecho y techo, Esto es, que las parejas de hecho lleven su vida tal 

como si fuesen conyugues, compartiendo intimidad y vida sexual en un contexto 

de un fuerte lazo afectivo. Las implicancias de ello se verán reflejadas en el 

desarrollo de la convivencia, que deberán basarse en un clima de fidelidad y 

exclusividad” (Fundamento 17°). 

Ahora bien, es menester destacar un elemento adicional que, si bien la 

Constitución Política y el Código Civil no lo regulan como requisito para 

configurar la unión de hecho, este es reconocido y desarrollado tanto por la 

doctrina como por la jurisprudencia nacional, hacemos referencia a la 

característica de la notoriedad o publicidad de la relación convivencial. 



48 
 

La publicidad, notoriedad o la apariencia, como también se denomina, significa 

que la relación no sea oculta, a escondidas de la sociedad. Dicha unión debe ser 

asumida externamente por sus integrantes en su respectivo círculo familiar y 

social. Por lo que resulta necesario que los terceros le brinden el trato de tales. 

Sin dicho elemento no podría concebirse la idea de una convivencia en el sentido 

de la ley (Solari, 2017, pág. 296). 

Sobre el particular, la Corte Suprema se ha pronunciado en la Casación N°4479-

2010-Lima, señalando que: “Debe ser una unión notoria, pública, cognoscible 

por los terceros, de allí que la propia norma civil haga referencia a la “posesión 

de estado”; no debe ser oculta, clandestina, pues ello podría denotar que la 

situación de los convivientes podría encontrarse al margen de tales exigencias” 

(Fundamento Séptimo). 

Los rasgos de notoriedad y publicidad responden a la necesidad de prueba de 

esta relación no formal. Es que, a diferencia del matrimonio que se instituye a 

partir del hecho formal de su celebración (es decir, que tiene fecha cierta), la 

unión convivencial no exige formalidad alguna; por tanto, siendo un hecho 

fáctico, requiere de elementos objetivos para su constitución, como ser la 

notoriedad y la relación pública (De La Torre, 2015, pág. 196). 

Por ello se exige que la relación convivencial trascienda del ámbito intimo a la 

esfera social de los integrantes de la unión de hecho, en tanto la relación sea de 

conocimiento público que los concubinos sobrellevan una convivencia 

permanente, estable y singular, compartiendo vida en común, esto, a su vez 

requiere que los convivientes demuestren un trato marital ante terceros de modo 

que pueden ser reconocidos como tal. Caso contrario, se evidenciaría un 

desinterés de las partes y subyace la duda de un aparente impedimento 

matrimonial. 

1.3.8. Finalidad que persigue la unión de hecho 

Es criterio unánime en la doctrina que las uniones estables se constituyen con el 

objetivo de cumplir derecho, facultades, deberes, obligaciones y finalidades 

semejantes, análogas al matrimonio, pero sin cumplir con las formalidades que 

el acto matrimonial conlleva. La procreación se encuentra entre sus finalidades, 



49 
 

aunque, esta finalidad, hoy por hoy, es colocada en un segundo plano, con una 

trascendencia menor de la que anteriormente gozaba. La procreación no es el 

objetivo esencial en virtud del cual se constituye una unión intersexual, la 

comunidad de vida la ha desplazado (Varsi Rospigliosi, 2011, pág. 413).  

La finalidad que persigue la unión de hecho recae sobre la comunidad de vida 

construida por ambos convivientes con el afán de coincidir y perseguir un 

proyecto de vida común, que les va permitir gozar de una adecuada convivencia 

justificado en la estabilidad, fidelidad y permanencia, que deberá ser nutrida en 

un ambiente de respeto recíproco, asistencia y apoyo mutuo y valores éticos, 

que van a surgir de la propia relación convivencial. 

Esta comunidad de vida implica compartir, los convivientes, tanto lo bueno como 

lo malo, el considerarse como identificados uno al otro sin intereses 

contrapuestos, la preocupación del uno por el otro, la asistencia recíproca, etc. 

Todo ello hace que los convivientes al compartir el lecho y la mesa se sientan 

como una persona, donde no existe no tuyo ni lo mío, sino lo de los dos. Esta 

comunidad significa convivencia con la aceptación de las reglas que impone la 

institución el matrimonio y conduce a un fin: la felicidad de los convivientes 

(Aguilar Llanos, 2010, pág. 33). 

Lo que busca una unión estable es la formación de una familia. Esto no implica 

tener descendencia, pero sí forma una comunidad de vida sustentada en 

objetivos comunes, una vida de relación de pareja (Varsi Rospigliosi, 2011, pág. 

413). Que se verá reflejada en el proyecto de vida en común de los convivientes 

que, de poseer con las características de estabilidad, permanencia, singularidad, 

notoriedad y publicidad, podría constituirse una familia con hijos, incluso, darse 

la celebración de un matrimonio si así media la voluntad de ambos integrantes. 

1.3.9. Naturaleza jurídica 
 

1.3.9.1. Teoría institucionalista 

Explica que la unión de hecho constituye una institución jurídica que se configura 

como fuente generadora de familia, debido a que se da la concurrencia de los 

elementos del matrimonio, esto es, los deberes de hacer vida en común a base 

de fidelidad, asistencia mutua y las obligaciones frente a los hijos, que se 



50 
 

fundamenta en el libre acuerdo de voluntad de los convivientes que alcanza 

perfección con la convivencia marital.  

En tanto, reconocer legalmente que la unión de hecho persigue fines y deberes 

semejantes al matrimonio es acogerse al modelo legislativo de la apariencia 

jurídica donde se dota de derechos y deberes a la unión convivencial similares a 

la unión matrimonial, que se manifiesta en el artículo 326° del Código Civil, en 

razón a ello es que se considera a la unión de hecho como una institución jurídica 

autónoma del derecho familiar. Esta teoría es la más aceptada por la doctrina ya 

que se asemeja al modelo normativo de la unión de hecho. 

1.3.9.2. Teoría contractualista 

Considera que la unión de hecho importa una relación contractual entre los 

convivientes, pues la manifestación de sus voluntades persigue intereses 

económicos y patrimoniales con la conformación de la unión convivencial. Que, 

sin embargo, resulta una teoría errónea teniendo en cuenta la finalidad por la 

que se constituye el concubinato: la comunidad de vida y el proyecto común, por 

ende, no resulta aplicable los elementos del contrato puesto que no resulta 

compatible con la verdadera esencia por la cual emerge la unión de hecho. 

1.3.9.3. Teoría del acto jurídico familiar 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha emitido pronunciamiento, pues 

en el Expediente N°06572-2006-PA/TC, se ha establecido: “Si bien se está ante 

una institución que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de quienes la 

integran y que en puridad se caracteriza por su informalidad en cuanto a su inicio 

y su desarrollo (…)” (Fundamento 15°). 

1.3.10. Principios que rigen la unión de hecho 

Es un aporte de la doctrina identificar aquellos Principios del Derecho de Familia 

que resultan aplicables a la unión de hecho; esto resulta un aspecto importante 

por cuanto de tales directrices se establece los fundamentos sobre la cual 

reposan las bases teóricas que explican la existencia del concubinato, en tal 

sentido, estos principios son: 

 



51 
 

1.3.10.1. Reconocimiento de las uniones estables 

Este principio exige la tutela de las uniones de hecho mediante su 

reconocimiento normativo, de modo tal, que se regulen sus relaciones 

personales y patrimoniales que de esta se desprenden, debido a que se trata de 

una fuente generadora de familia de importante trascendencia en la sociedad. 

En tal sentido, esta directriz se materializa en el artículo 5° de la Constitución 

Política del Estado y en el artículo 326° del Código Civil. 

Su consagración normativa viene impulsada por la aceptación de la comunidad 

internacional y su regulación por el artículo 16° numeral 1) de la Declaración 

Universal de los Derecho Humanos, que en los siguientes términos reza: “los 

hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 

alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casar y fundar una familia, 

y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio 

y en caso de disolución del matrimonio”. (la cursiva es nuestra) 

El reconocimiento legal del concubinato implica aceptar, admitir y permitir su 

práctica en la sociedad más no implica su promoción, esto al encontrarnos en un 

contexto donde la mayoría de las familias se ven constituidas a razón de una 

unión de hecho donde carecen de formalismo para su conformación, ello no 

autoriza a brindarle un trato indiscriminado, sino todo lo contrario, el Estado debe 

procurar su protección estableciendo ciertos requisitos para su configuración y 

que sus efectos personales y patrimoniales se manifiesten en el caso concreto. 

Más aún que la sociedad peruana está inmersa en una situación de informalidad 

que se extiende a los grupos familiares que expone situaciones de vulnerabilidad 

a las mujeres y los hijos que conforman el concubinato. 

1.3.10.2. Limitación a la autonomía de la voluntad 

Este principio explica que la voluntad de los convivientes respecto a los actos 

jurídicos familiares que desean realizar en bienestar de la comunidad marital o 

grupo familiar, se rija de acuerdo a lo regulado por el Código Civil, es decir, la 

autonomía de la voluntad de las partes está sujeta al ministerio de la ley, lo que 

significa, que las consecuencias de orden personal y patrimonial que la unión de 



52 
 

hecho implica vienen determinadas por la norma sustantiva, por lo que no cabe 

posibilidad que los convivientes modifiquen el sentido de la ley. 

Sobre el particular, se tiene un ejemplo, la unión de hecho constituye como 

régimen patrimonial la sociedad de gananciales, luego de transcurrido los dos 

años continuos e ininterrumpidos, esto de acuerdo a lo preceptuado por el 

artículo 326° del Código Civil. Nótese, que la ley de manera imperativa establece 

el régimen patrimonial del concubinato, donde prevalece el ministerio de la ley 

limitando la voluntad de los convivientes a dicho efecto patrimonial. Una situación 

que no ocurre con la institución del matrimonio, pues la norma sustantiva deja a 

sus libres voluntades el régimen patrimonial que decidan sujetarse al momento 

de su celebración, conforme al artículo 295° del Código Civil, inclusive, la ley 

facultad a los conyugues el poder sustituir un régimen por otro, tal como indica 

el artículo 296° del mismo código acotado. 

La razón de ser de esta característica es que las normas de derecho de familia 

no se han dispuesto en orden a satisfacer sólo los intereses individuales de sus 

miembros, sino que procuran dar sustento al interés familiar, que es superior y 

diferente de aquellos (Azpiri, 2016, pág. 37). Este criterio goza de mejor 

expresión en el contexto de las uniones intersexuales, pues su regulación 

normativa tiene límites a comparación del matrimonio, concretamente, como se 

viene sosteniendo, respecto de sus efectos jurídicos personales y patrimoniales 

que trae consigo, que, en este último caso, de darse el perjuicio económico a 

alguno de los convivientes, está autorizado para presentar su demanda cuya 

pretensión versa sobre enriquecimiento indebido, conforme lo estipula el artículo 

326° del Código Civil.  

1.3.10.3. Protección de la familia 

La unión de hecho al ser considerada como fuente generadora de familia merece 

protección jurídica por parte del Estado, esto en atención a que se trata de un 

fenómeno social insoslayable que frecuenta el contexto nacional; en tanto, el 

concubinato exige especial tratamiento normativo debido a que se trata de una 

situación distinta al matrimonio respecto de sus efectos jurídicos que, sin 

embargo, ambos constituyen la familia como resultado de su conformación, por 



53 
 

ende, la tutela y el amparo de la unión intersexual es necesaria para alcanzar los 

fines que persigue la familia: contribuir a su consolidación y fortalecimiento, 

conforme lo dispone el artículo 4° de la Constitución Política del Estado y el 

artículo 233° del Código Civil. 

El principio de protección a la familia, y en concreto, de las uniones de hecho, 

viene reconocida y auxiliada por la comunidad internacional que se ve 

manifestada en el artículo 16° numeral 3) de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, que estipula: “La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado” (la cursiva es nuestra). 

El reconocimiento como instituto natural tiene un significado tradicional en el 

Derecho: pertenece a la naturaleza de las cosas en el sentido que el Derecho 

positivo no puede ni crearlo ni hacerlo desaparecer. Sin embargo, se reconoce 

tal condición natural, Derecho Natural (Rubio Correa, 1999, pág. 41). De esta 

forma, la familia es la institución que mejor cumple con las funciones esenciales 

para el desarrollo de todo ser humano, a saber: la función biológica (sexual y 

reproductiva), educativa (socializa a los niños en cuanto a conductas, vestuario 

y recreación), económicas (alimentación, salud, habitación, vestuario y 

recreación) y la función protectora (seguridad y cuidado de sus integrantes, 

principalmente de los más débiles, niños y ancianos e incapaces) (Lepin Molina, 

2014, pág. 15). Las uniones intersexuales cumplen con tales fines, pues al ser 

reconocida como institución similar al matrimonio se le otorga semejantes 

derechos y deberes importando para ello su amparo jurídico-estatal. 

1.3.10.4. Promoción del matrimonio 

Se trata de un principio constitucionalmente reconocido por el artículo 4° de la 

Carta Magna, cuya finalidad de tipificación estriba en fomentar, incentivar y/o 

promover que las familias, entre ellos la unión de hecho, se consoliden y 

fortalezcan con la celebración del matrimonio con el propósito de otorgarle 

seguridad jurídica a sus relaciones personales y patrimoniales sobre los actos 

jurídicos que realicen en bienestar del grupo familiar o al proyecto de vida común. 



54 
 

Son muchas las familias que en el Perú están organizadas de hecho, sin haberse 

casado civilmente. Esta es una característica de la sociedad difícil de superar. 

En todo caso, la Constitución ordena la promoción de matrimonio al Estado y, en 

consecuencia, la idea que subyace es que, de ser posible, toda la familia peruana 

esté conformada matrimonialmente. La idea no es mala, al contrario. El problema 

es que la mayoría de la población se convenza de que efectivamente es lo más 

adecuada (Rubio Correa, 1999, pág. 51).  

Sin embargo, es de reconocer que la conducta pasiva del Estado y los altos 

costos del matrimonio civil, constituyen barreras que de manera indirecta y no 

querida, propician la proliferación de uniones libres. Dentro de este contexto, la 

creación de Registros de Convivientes en algunos gobiernos locales, si bien es 

un avance, no constituye más que una prueba sin efectos, si no ha sido 

legalmente declarada dicha unión a través de la sentencia judicial o su 

reconocimiento notarial (Varsi Rospigliosi, 2011, pág. 395). 

Como se ha explicado líneas arriba, el Estado reconoce a las uniones de hecho 

por tratarse de una fuente generadora de familia, no obstante, ello no debe 

confundirse con su promoción en la sociedad, sino que, se le otorga regulación 

normativa con ciertos límites para que sus integrantes vean los parámetros que 

la ley le impone antes los efectos jurídicos que trae consigo (v. gr., la imposición 

de la sociedad de gananciales como régimen patrimonial), de tal manera que 

opten por la celebración del matrimonio que les va permitir gozar de mejores 

ventajas frente a las uniones informales. Veámoslo como una estrategia de 

Estado para fomentar el matrimonio por sobre el concubinato. 

1.3.10.5. Principio de igualdad 

Esta directriz, también denominado como “principio de no discriminación”, se 

direcciona a resaltar la igualdad conyugal, o lo que sería en el contexto de la 

unión de hecho, la paridad entre los convivientes, que implica una equivalencia 

entre sus integrantes (varón y mujer) sobre los derechos y deberes que carga la 

relación convivencial, donde no cabe subordinaciones entre aquellos por 

diversas índoles –de sexo, religión, opinión, etc. – sino que, la autoridad de 



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ambos sobre las decisiones del rumbo del grupo familiar debe estar al mismo 

nivel con ausencia de privilegios del uno con el otro. 

El principio de igualdad goza de amparo y aceptación legal por la comunidad 

internacional, pues en el artículo 23° numeral 4) del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, se señala que: “Los Estados Partes en el presente 

pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y 

responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en caso de disolución. En caso de disolución, se adoptarán 

disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos”.  

Que, si bien el citado pacto refiere la igualdad sobre la institución del matrimonio, 

por criterio de analogía resulta aplicable a la unión de hecho. Por consiguiente, 

los actos desiguales o discriminatorios en el seno familiar por diferentes razones 

que resulten criterios arbitrarios deben ser excluidas de las relaciones familiares 

entre sus miembros. 

Sobre el particular, se debe aclarar que la igualdad al que se refiere este principio 

no alude al ‹‹derecho a la igualdad ante la ley››, consagrado en el artículo 2° 

inciso 2) de la Carta Magna, que acoge un criterio amplio puesto que recae sobre 

los miembros de la sociedad al prohibir tratos discriminatorios por razón de 

cualquier índole y apuesta por un trato igualitario entre las personas. Por su 

parte, la ‹‹igualdad›› en el contexto del derecho de familia –y sobre las uniones 

de hecho – importa un criterio restringido que aterriza sobre los integrantes del 

núcleo familiar, que como se dijo, sobre los derechos y deberes de la relación 

convivencial, as