III 
 
 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

 

 

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

METODO DE CASO JURÍDICO 

 

“CONTROL DE VALIDEZ DEL ACTO JURÍDICO, EN UN PROCESO DE 

OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA VÍA PROCESO SUMARÍSIMO. 

CASACIÓN N° 4442-2015- MOQUEGUA- IX PLENO CASATORIO” 

 

 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:  

ABOGADO 

 

 

 

 

AUTOR (as)  : RUIZ PEREYRA, Victoria Cecilia 

    VALLES ASPAJO, Samantha Geraldine 

 

 

 

ASESOR  : DR. CESAR AUGUSTO MILLONES ANGELES 

 

 

 

San Juan Bautista - Loreto – Maynas – Perú  

2018 

 

  



                                                    IV 
 
 

 

 

 

 



                                                    V 
 
 

 

DEDICATORIA 

En primer lugar dedicar la presente a mi Dios omnipotente, omnipresente y 

salvador, por darme la vida, entereza y valor, para cumplir con mis metas y sueños 

trazados. 

A mis adorados padres y hermanas, que me dieron ese soporte para seguir 

adelante y cumplir todos mis propósitos tanto en mi vida familiar y laboral, quienes 

sin duda forman el motor de mi vida, y que con su comprensión y cariño, hicieron 

posible la culminación de este trabajo. 

A mi querido esposo e hija que se constituyeron a la razón de mi existencia, mi 

inspiración para alcanzar nuevas metas y seguir adelante en mi camino profesional 

para desarrollarme de forma eficiente.  

Samantha 

Dedico el presente trabajo a mi madre y a mi hijo por ser mi sustento emocional 

para poder seguir luchando por mis objetivos, a mi hermano por ser el soporto en 

mi familia. 

A mis docentes, quienes me formaron con sus conocimientos y valores, dentro de 

la ética y la moral como futura profesional del derecho. 

Cecilia 

Este trabajo de investigación llego a su culminación, gracias a la guía del Asesor – 

Dr. César Augusto Millones Ángeles, profesional de gran experiencia en el 

campo de Derecho, que con su apoyo incondicional supo orientarnos y dar su 

conceptualización de la ley. 

Finalmente, hago extensivo la dedicatoria a los abogados Dr. Róger Alberto 

Cabrera Paredes, y, Dr. José Napoleón Jara Martel, quien desde un inicio del 

estudio de derecho nos brindaron su incondicional apoyo y enseñanza formándome 

en la carrera profesional. 

Las autoras 

 



                                                    VI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Expresamos nuestra más sincera gratitud y agradecimiento a la Universidad 

Científica del Perú por habernos albergado durante más de cinco años en lo que 

es hoy nuestra alma mater, y por habernos permitido enriquecernos de 

conocimientos, con un plantel de docentes capacitados, que crearon en nosotros 

esta vocación como futuros letrados del derecho. 

 

 

 

Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    VII 
 
 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 

 

 



                                                    VIII 
 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
Pág. 

 
DEDICATORIA                           iii 
AGRADECIMIENTO                          iv 
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL  v 

RESUMEN                                                                     viii 
CAPÍTULO I 

           INTRODUCCIÓN                         9 
 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Marco Referencial         12 
2.1.1. Antecedentes de Estudio        12 
2.1.1. Trabajos relacionados        12 
2.1.2. Casaciones          14 
2.1.3. Plenos           17 
2.1.4. Marco Normativo         17 
2.1.2. Definiciones conceptuales        22 
2.1.2.1. El contrato          22 
2.1.2.1.1. El contrato y sus efectos       22 
2.1.2.1.2. El principio de Libertad de forma      25 
2.1.2.1.3. Las formas ad solemnitatem y ad probationem    27 
2.1.2.1.4. La escritura pública        29 
2.1.2.1.4.1. La naturaleza del proceso de otorgamiento de escritura pública 30 
2.1.2.1.5. El proceso de calificación del negocio jurídico    36 
2.1.2.1.6. El otorgamiento de escritura pública del contrato de compraventa 46 
2.1.2.1.7. Control de eficacia del acto que se pretende elevar a escritura pública 48 
2.2. Objetivos          57 
2.2.1. Identificación de objetivos        57 
2.3. Variables           58 
2.3.1. Variable independiente        58 
2.3.2. Variable dependiente         58 
 
2.3. Supuestos           58 
 

CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN       59 
3.2. MUESTRA          59 
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  59 
3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS    59 
3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL ESTUDIO     60 
3.6.     PLAN DE ANÁLISIS, RIGOR Y ÉTICA      60 
 
CAPÍTULO IV 
RESULTADOS          61 
 
 
CAPÍTULO V 
DISCUSIÓN           67 



                                                    IX 
 
 

 
CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES          73 
 
CAPÍTULO VII 
RECOMENDACIONES         77 
 
CAPÍTULO VIII 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.       79 
 
CAPÍTULO IX 
ANEXOS            81 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    X 
 
 

 

RESUMEN 

 

El presente análisis jurídico, se refiere a un importante caso resuelto por los 

integrantes de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, que mediante la Casación N° 4442-2015-MOQUEGUA- IX Pleno 

Casatorio, realizan un exhaustivo análisis, respecto de “la nulidad manifiesta en un 

contrato de compra venta”; se tiene que el objetivo de la referida casación es definir 

sí en un proceso sumarísimo podía discutirse y resolverse la nulidad del acto 

jurídico cuya escritura se pretende. Material y Métodos; se empleó una ficha de 

análisis de documentos, analizando una muestra consistente en la Casación antes 

citada, utilizando el Método Descriptivo Explicativo, cuyo diseño fue no 

experimental ex post facto. Entre los Resultados, el Colegiado Supremo, declara 

fundada el recurso de casación interpuesto por Liliana Amanda Mejía García, 

declara NULA la sentencia de vista e; INSUBSISTENTE, ORDENARON que el A 

quo, reponga la causa al estado que corresponda. En conclusión, a través del 

precedente casatorio, se establece como doctrina jurisprudencial vinculante lo 

siguiente: 1. “El proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública es un 

proceso plenario rápido, en tanto no presenta limitaciones en torno a las 

alegaciones que podrían formular las partes o a los medios probatorios que podrían 

aportar en relación al fondo de la controversia”; 2. “En un proceso de otorgamiento 

de escritura pública el Juez puede declarar de oficio, la nulidad manifiesta del 

negocio jurídico que se pretende formalizar, pero siempre que, previamente, haya 

promovido el contradictorio entre las partes”; 3. “La declaración de oficio de la 

nulidad manifiesta de un negocio jurídico puede producirse en cualquier proceso 

civil de cognición, siempre que la nulidad manifiesta del referido negocio jurídico 

guarde relación directa con la solución de la controversia”. 4. “La nulidad manifi esta 

es aquélla que resulta evidente, patente, inmediatamente perceptible, en suma, 

aquélla que resulta fácil de detectar sea que se desprenda del acto mismo o del 

examen de algún otro elemento de prueba incorporado al proceso.”; entre otros. 

Palabras claves: nulidad manifiesta, nulidad absoluta, compra venta, escritura 

pública, proceso sumarísimo, cónyuges. 

  

 

 

 



                                                    9 
 
 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente análisis jurídico trabajo referente a la CASACIÓN N° 4442 -

2015- MOQUEGUA, y el tema versa sobre el otorgamiento de escritura 

pública, tramitado en la vía sumarísima, y cuya particular importancia era 

definir sí en un proceso de esa naturaleza podía discutirse y resolverse la 

nulidad del acto jurídico cuya escrituración se pretende. 

 

Ahora bien, mediante resolución N° 08 de fecha 30 de diciembre de 2014, el 

Juzgado Civil de Primera Instancia de Moquegua, dispone declarar 

improcedente la demanda de otorgamiento de escritura pública, interpuesta 

por Jubert Alberto Barrios Carpio y su cónyuge Liliana Amanda Mejía García, 

ante ello sube en apelación la causa, y la Sala Civil mediante resolución N° 

20 de fecha 02 de octubre de 2015, confirma la apelada, y Contra la 

sentencia de vista, la compradora interpone recurso de casación a la Corte 

Suprema de la Republica. 

 

La Corte Suprema, dispuso declarar FUNDADO el recurso de casación 

interpuesto por Liliana Amanda Mejía García; en consecuencia, NULA la 

sentencia de vista de fecha dos de octubre de dos mil quince; 

INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fecha treinta de diciembre de dos 

mil catorce, y NULO todo lo actuado hasta el emplazamiento del 

codemandado Ángel Gabriel Collantes Arimuya; finalmente ORDENARON 

que el A quo, reponga la causa al estado que corresponda y proceda 

conforme a las consideraciones precedentes. 

 

El planteamiento del problema en el presente caso, era determinar sí 

dentro de un proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública 

puede o no analizarse la validez del negocio jurídico que se pretende 

formalizar, ya que existían sentencias que no admitían la discusión de la 

nulidad del contrato, tema sustancial, al interior de un proceso sumarísimo 

en que se ventilaba una mera formalidad, el otorgamiento de la escritura 



                                                    10 
 
 

pública, por las limitaciones que este tipo de procesos tiene señalado en la 

ley. En sentido contrario, otras sentencias han resuelto en el sentido que el 

juez estaba obligado a analizar la existencia de los elementos de validez del 

acto jurídico, sin que ese deber se vea limitado por la naturaleza sumarísima 

del proceso respectivo, posición contradictoria, que justifico la convocatoria 

al pleno, uno de cuyos objetivos es, precisamente, procurar la uniformidad 

de la jurisprudencia nacional, hecho en el que finalmente se llegó a concluir, 

fuera de los aspectos sustanciales, se pronunció más en un aspecto formal, 

esto es, que existió una la violación del derecho de la parte demandante al 

contradictorio y la notificación errónea a uno de los codemandados por 

negligencia del Poder Judicial , por lo que se hizo necesario declarar nulo 

todo lo actuado hasta el emplazamiento del codemandado perjudicado. 

En cuanto, a los antecedentes del IX Pleno Casatorio, este tuvo como 

origen la controversia que existía sobre la forma en la que los jueces deben 

aplicar el artículo 220 del código civil, respecto a la declaración de oficio por 

parte del Juez sobre la invalidez de un acto jurídico. En efecto, existían 

sentencias que no admitían la discusión de la nulidad del contrato, tema 

sustancial, al interior de un proceso sumarísimo en que se ventilaba una 

mera formalidad, el otorgamiento de la escritura pública, por las limitaciones 

que este tipo de procesos tiene señalado en la ley. En sentido contrario, 

otras sentencias han resuelto en el sentido que el juez estaba obligado a 

analizar la existencia de los elementos de validez del acto jurídico, sin que 

ese deber se vea limitado por la naturaleza sumarísima del proceso 

respectivo.  

 

Asimismo, se evidencia la importancia que reviste el presente pleno 

casatorio, ya que se ha podido profundizar los casos que recaen respecto al 

otorgamiento de Escritura Pública derivados de un acto de compraventa, y 

ello ha permitido uniformizar la jurisprudencia nacional. 

 

Por estas razones que motivan el estudio, se deja establecida como 

precedente judicial que en un proceso de otorgamiento de escritura pública 



                                                    11 
 
 

el Juez puede declarar de oficio, la nulidad manifiesta del negocio jurídico 

que se pretende formalizar, pero siempre que, previamente, haya promovido 

el contradictorio entre las partes. Si el Juez considera que el negocio jurídico 

que se pretende formalizar es manifiestamente nulo, lo declarará así en la 

parte resolutiva de la sentencia y declarará, además, infundada la demanda 

de otorgamiento de escritura pública. 

 

Por lo que, el objetivo general es realizar un análisis de la Casación N° 

4442-2015-Moquegua; mientras que el objetivo específico es dilucidar si 

en un proceso (sumarísimo) de otorgamiento de escritura pública es posible 

o no realizar un control de validez del negocio jurídico que se pretende 

formalizar, pues se ha advertido que a nivel jurisprudencial se pueden 

encontrar pronunciamientos contradictorios, señalándose, en algunas 

oportunidades, que dicho control sí es posible y, en otras, que no lo es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    12 
 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Referencial 

 

2.1.1. Antecedentes de Estudio 

 

2.1.1. Trabajos relacionados.-  

 

Nelson Ramírez Jiménez1, en el artículo jurídico titulado “Comentarios a 

la sentencia del IX Pleno Casatorio Civil”, fuente Instituto Pacífico, (2017), 

concluye que: Se hace un aporte conceptual importante al diferenciarse 

entre proceso sumario propiamente dicho y proceso plenario rápido, 

tomando como base el que no existen limitaciones legales en torno a las 

alegaciones que pueden formular las partes o limitaciones a los medios 

probatorios que podrían aportar en relación al fondo de la controversia. De 

esa manera, se encamina el fallo en el sentido que más adelante se detalla. 

Hay que diferenciar proceso sumario de cognición sumaria. En base a ello, 

el colegiado concluye que sí es posible realizar un control de validez del acto 

jurídico en la tramitación de este tipo de proceso sumarísimo, siempre que 

dicha nulidad sea manifiesta, por lo que no se necesita que sea propuesta 

por el demandado en vía de reconvención (que está prohibida en los 

procesos sumarísimos). Queda establecido, en más, que el juez la puede 

considerar de oficio y, por tanto, incorporarla como materia controvertida. 

 

 

Hector Hugo Augusto Campos2, en el artículo jurídico titulado “Breves 

Apuntes Respecto De La “Nulidad Manifiesta” Como Presupuesto 

                                                           
1 RAMÍREZ JIMÉNEZ, Nelsón. “Comentarios a la sentencia del IX Pleno Casatorio Civil”. 
Especialista en Derecho Civil y Procesal Civil, recuperado de: 
http://actualidadlegal.institutopacifico.com.pe/opinion/area-opinion/comentarios-a-la-
sentencia-del-ix-pleno-casatorio-civil-noticia-3478.html 
2 CAMPOS GARCÍA, Héctor Augusto. “Breves Apuntes Respecto De La “Nulidad Manifiesta” 
Como Presupuesto MateriaL De Su “Apreciabilidad” De Oficio En El Ordenamiento Jurídico 



                                                    13 
 
 

MateriaL De Su “Apreciabilidad” De Oficio En El Ordenamiento Jurídico 

Peruano”, fuente Pontificia Universidad Católica del Perú (2017), concluye 

que: La Corte Suprema en el IX Pleno Casatorio Civil ha interpretado que la 

“nulidad manifiesta” es aquella que es “fácil de advertir”, ya sea porque se 

aprecia en el negocio afectado con la causal de nulidad o con la 

concurrencia de otros medios probatorios. Desde nuestro punto de vista, el 

sentido que debe dársele a la “nulidad manifiesta” debe ser diferente. Si bien 

la misma no debe estar limitada al negocio jurídico viciado, sino que debe 

comprender la posibilidad de que otros medios probatorios actuados en el 

proceso puedan develar la existencia de una causal de nulidad, debe 

prescindirse de que dicho vicio sea “fácil de advertir” para su configuración. 

 

Jorge Junior Hidalgo Perez3, en el artículo científica, “Alcances Jurídicos 

sobre el IX Casatorio en materia civil” (2017), señala que: creemos 

conveniente que la Corte Suprema haya tenido a bien realizar este IX Pleno 

Casatorio pues nos encontrábamos ante jurisprudencias contradictorias, 

uniformizando criterios respecto a que si el juez en un proceso sumario de 

otorgamiento de escritura pública puede realizar un control de validez del 

negocio jurídico. Pues creemos que el juez no puede elevar a escritura 

pública negocios jurídicos plagados de nulidad, dado que los mismos 

transgreden derechos de orden público. Finalmente, aplaudimos y 

ratificamos lo expuesto en el presente Pleno Casatorio pues resultó 

pertinente que la Corte Suprema uniformice los alcances jurídicos de las 

demandas de otorgamiento de escritura pública, recomendando a los 

operadores jurídicos una correcta interpretación del mismo. 

 

                                                           
Peruano”. Pontificia Universidad Católica del Perú. El presente artículo fue recibido por el 
Consejo Ejecutivo el día 5 de marzo de 2017, y aceptado el día 6 de marzo de 2017, 
recuperado de: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/19609/19704 
3 HIDALGO PEREA, Jorge Junior. “Alcances Jurídicos sobre el IX Pleno Casatorio en Material 
Civil”. De fecha 27 de junio de 2017. Mundo Jurídico: El derecho, la política, y otros, 
recuperado de: http://mundojuridico1.blogspot.com/2017/06/alcances-juridicos-sobre-el-ix-
pleno.html 



                                                    14 
 
 

LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo4. “La nulidad manifiesta” 

su declaración judicial de oficio”, fuente Pontificia Universidad del Perú 

(2017), concluye que: "Aunque la nulidad no hubiera sido objeto de petitorio 

en demanda o reconvención, puede ser declarada de oficio por el Juez, en 

sentencia, solamente si concurren los siguientes requisitos: (i) que el Juez 

sea de primera instancia y tenga competencia si la nulidad hubiera sido 

demandada; (ii) que la causal de nulidad esté de manifiesto en el propio acto; 

(iii) que el acto esté directa e inseparablemente relacionado con la 

controversia y que el pronunciamiento sobre su validez sea indispensable 

para la decisión sobre los puntos controvertidos; (iv) que las partes del 

proceso sean las mismas del acto, y si éste involucra a terceros que hayan 

sido debidamente emplazados; y, (v) que advertida la posible existencia de 

nulidad, mediante resolución debidamente motivada el Juez lo notifique a 

las partes del proceso y litisconsortes, concediéndoles un plazo común 

vencido el cual se reanuda el plazo para sentenciar o, cuando corresponda, 

se procederá conforme al artículo 96 del Código Procesal Civil. 

 

2.1.2. Casaciones  

 

- CASACIÓN N° 4146-2014 APURÍMAC, publicada el 1 de agosto del 

2016, en el diario oficial El Peruano, en el marco de un proceso de 

otorgamiento de escritura pública. 

 

- CAS. Nº 939-2014 LIMA.- Se trata del recurso de casación interpuesto, 

a fojas quinientos sesenta y ocho, por Gregorio Molina Peña, contra la 

sentencia de vista de fojas quinientos cuarenta y tres, su fecha catorce de 

enero de dos mil catorce, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, que revoca la sentencia apelada que declara 

                                                           
4 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. “La nulidad manifiesta” su declaración 
judicial de oficio. Abogado. Profesor de Derecho de Sucesiones en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado de: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/16169/16586 



                                                    15 
 
 

fundada la demanda; y reformándola la declara infundada, respecto del 

otorgamiento de escritura pública.  

 

- CAS. N° 3098-2011-LIMA.- Se trata del recurso de casación obrante de 

fojas quinientos setenta y dos a quinientos setenta y siete del expediente 

principal interpuesto por Héctor Alejandro Regalado Villegas contra la 

sentencia de vista de fecha ocho de marzo del año dos mil once dictada por 

la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que confirma la 

apelada que declaró fundada la demanda de Nulidad de Acto Jurídico 

promovida por Alicia Antonia Ramírez Cruz. 

 

- CAS. N°2009-2002-Juliaca-PUNO: El caso era un desalojo por ocupante 

precario. En el sétimo fundamento de esta sentencia, la Sala Constitucional 

y Social de la Corte Suprema señaló que “…el contrato notarial de anticresis, 

no se encuentra formalizado por escritura pública, de conformidad con lo 

que establece el artículo 1005 del CC de 1936, corroborado con el artículo 

1092 del CC actual, resultando por tanto nulo por carecer del requisito de 

forma a que se refiere el inciso tercero del artículo 1123 del CC de 1936, 

referido a que el acto jurídico es nulo, cuando no reviste la forma prescrita 

en la ley.” Concluye en el noveno fundamento que “siendo nulo el contrato 

de anticresis, los demandados resultan ser precarios, de conformidad con el 

artículo 911 del CC, que establece que la posesión precaria es la que se 

ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía feneció.” Más allá del debate 

que puede suscitarse respecto del título posesorio (que implicaría analizar 

la noción de precario y de los títulos posesorios 30 , lo que no es objeto de 

este trabajo), se puede observar que la Corte Suprema, quizá sin advertirlo 

por cuanto no lo menciona, hizo uso del artículo 220 al evaluar el acto 

jurídico consistente en el contrato de anticresis, percatándose de su nulidad 

absoluta y manifiesta por falta de la formalidad solemne establecida por ley, 

y declararlo nulo de oficio. Con ello se dio una solución eficaz y oportuna a 

la controversia, pues de lo contrario el demandante habría tenido que iniciar 

un proceso de nulidad de acto jurídico y, una vez finalizado, volver a la vía 



                                                    16 
 
 

del desalojo, o quizá recurrir a la acción reivindicatoria, o transitar por ésta 

acumulando la pretensión de nulidad de acto jurídico, etc. Y todo ello para, 

finalmente, llegar al mismo resultado (la entrega de la posesión al titular). 

Los largos tránsitos judiciales solo se justifican cuando la causa a debatirse 

es realmente controvertida, compleja y delicada; los casos simples, en 

particular, no deben ser objeto de estériles entrampamientos conceptuales, 

que desnaturalizan la finalidad del proceso. 

 

- Casación No. 1843-98 (El Peruano, 23 de mayo de 2000), que resolvió 

un caso de clara falta de formalidad. No comparto ciertos criterios de esta 

resolución, pero ella sí es importante porque reconoce explícitamente la 

doctrina de las apariencias y presunción de validez del negocio mientras no 

se declare la nulidad, y aunque la nulidad era objeto de la pretensión, un 

considerando señala la procedencia de la nulidad de oficio cuando sea 

manifiesta. 

- La Casación N° 3737-97, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 9 de 

marzo de 2000. De los hechos referidos se advierte una nulidad manifiesta 

y se señala que la declaración de nulidad de oficio no vulnera el derecho 

al debido proceso invocado en el fundamento del recurso de casación. 

 

- Casación No. 2081-98 (El Peruano, 31 de agosto 1999), que resolvía un 

caso de falta de formalidad del acto y su declaración de nulidad de oficio. 

Sobre cuándo la nulidad es manifiesta, esta resolución menciona mi obra El 

negocio jurídico y la breve cita es casi textual, aunque incompleta y, por 

tanto, dando lugar a imprecisa apreciación de mí pensar. 

 

- Casación No. 1864-00 (El Peruano, 31 de julio de 2001), según la cual 

se puede declarar de oficio la nulidad manifiesta, aunque no haya sido 

alegada. 

 

 

 

 



                                                    17 
 
 

2.1.3. Plenos 

- El IV Pleno Casatorio (Casación 2195-2011-Ucayali).- En la conclusión 

5.3. del IV Pleno Casatorio, donde se ha tratado un tema similar, en donde 

se señala que “ si en el trámite de un proceso de desalojo sumarísimo por 

naturaleza, el juez advierte la invalidez absoluta y evidente del título 

posesorio conforme lo prevé el artículo 220, solo analizará dicha situación 

en la parte considerativa de la sentencia-sobre la nulidad manifiesta del 

negocio jurídico-, y declarará fundada o infundada la demanda únicamente 

sobre el desalojo, dependiendo de cuál de los títulos presentados por las 

partes es el que adolece de nulidad manifiesta” 

 

2.1.4. Marco Normativo 

 

 Código Civil.- 

- Art. V. del T.P.- Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan 

al orden público o a las buenas costumbres. 

- Art. 140.- El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, 

regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se 

requiere: 1.- Agente capaz. 2.- Objeto física y jurídicamente posible. 3.- Fin 

lícito. 4.- Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 

- Art. 144.- - Cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su 

inobservancia, constituye sólo un medio de prueba de la existencia del acto 

- Art. 162.- En los casos previstos por el artículo 161, el acto jurídico puede 

ser ratificado por el representado observando la forma prescrita para su 

celebración. La ratificación tiene efecto retroactivo, pero queda a salvo el 

derecho de tercero. El tercero y el que hubiese celebrado el acto jurídico 

como representante podrán resolver el acto jurídico antes de la ratificación, 

sin perjuicio de la indemnización que corresponda. La facultad de ratificar se 

trasmite a los herederos. 

- Art. 202.- El error es esencial: 1.- Cuando recae sobre la propia esencia o 

una cualidad del objeto del acto que, de acuerdo con la apreciación general 

o en relación a las circunstancias, debe considerarse determinante de la 



                                                    18 
 
 

voluntad. 2.- Cuando recae sobre las cualidades personales de la otra parte, 

siempre que aquéllas hayan sido determinantes de la voluntad. 3.- Cuando 

el error de derecho haya sido la razón única o determinante del acto. 

- Art. 218.- - Es nula la renuncia anticipada a la acción que se funde en error, 

dolo, violencia o intimidación. 

- Art. 219.- El acto jurídico es nulo: 1.- Cuando falta la manifestación de 

voluntad del agente. 2.- Cuando se haya practicado por persona 

absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto en el artículo 1358. 3.- Cuando 

su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. 

4.- Cuando su fin sea ilícito. 5.- Cuando adolezca de simulación absoluta. 

6.- Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 7.- Cuando 

la ley lo declara nulo. 8.- En el caso del artículo V del Título Preliminar, salvo 

que la ley establezca sanción diversa. 

- Art. 220.- “La nulidad a que se refiere el artículo 219 puede ser alegada por 

quienes tengan interés o por el Ministerio Público. 

- Art. 230.- Salvo el derecho de tercero, el acto anulable puede ser confirmado 

por la parte a quien corresponda la acción de anulación, mediante 

instrumento que contenga la mención del acto que se quiere confirmar, la 

causal de anulabilidad y la manifestación expresa de confirmarlo. 

- Art. 1135.- Cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores a 

quienes el mismo deudor se ha obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor 

de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito o, en defecto de 

inscripción, al acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Se prefiere, en este 

último caso, el título que conste de documento de fecha cierta más antigua. 

- Art. 1412.- Si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura 

pública o cumplirse otro requisito que no revista la forma solemne prescrita 

legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo sanción de nulidad, 

estas pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida. 

- Art, 1421.- Es igualmente válido el pacto conforme al cual el optante se 

reserva el derecho de designar la persona con la que se establecerá el 

vínculo definitivo 



                                                    19 
 
 

- Art. 1429.- En el caso del artículo 1428 la parte que se perjudica con el 

incumplimiento de la otra puede requerirla mediante carta por vía notarial 

para que satisfaga su prestación, dentro de un plazo no menor de quince 

días, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, el contrato queda 

resuelto. 

- Art. 1430.- Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva 

cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su cargo, 

establecida con toda precisión. La resolución se produce de pleno derecho 

cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse de la 

cláusula resolutoria. 

- Art. 1583.- - En la compraventa puede pactarse que el vendedor se reserva 

la propiedad del bien hasta que se haya pagado todo el precio o una parte 

determinada de él, aunque el bien haya sido entregado al comprador, quien 

asume el riesgo de su pérdida o deterioro desde el momento de la entrega. 

El comprador adquiere automáticamente el derecho a la propiedad del bien 

con el pago del importe del precio convenido. 

- Art. 1625.- La donación de bienes inmuebles, debe hacerse por escritura 

pública, con indicación individual del inmueble o inmuebles donados, de su 

valor real y el de las cargas que ha de satisfacer el donatario, bajo sanción 

de nulidad 

- Art. 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún 

derecho de persona que en el registro aparece con facultades para 

otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque 

después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas 

que no consten en los registros públicos. La buena fe del tercero se presume 

mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. 

- Art. 2018.- Para la primera inscripción de dominio, se debe exhibir títulos 

por un período ininterrumpido de cinco años o, en su defecto, títulos 

supletorios. 

- Art. 2019.- Son inscribibles en el registro del departamento o provincia 

donde esté ubicado cada inmueble: 1.- Los actos y contratos que 

constituyen, declaren, trasmitan, extingan, modifiquen o limiten los derechos 



                                                    20 
 
 

reales sobre inmuebles. 2.- Los contratos de opción. 3.- Los pactos de 

reserva de propiedad y de retroventa. 4.- El cumplimiento total o parcial de 

las condiciones de las cuales dependan los efectos de los actos o contratos 

registrados. 5.- Las restricciones en las facultades del titular del derecho 

inscrito. 6.- Los contratos de arrendamiento. 7.- Los embargos y demandas 

verosímilmente acreditados. 8.- Las sentencias u otras resoluciones que a 

criterio del juez se refieran a actos o contratos inscribibles. 9.- Las 

autorizaciones judiciales que permitan practicar actos inscribibles sobre 

inmuebles. 

- Art. 2022.- - Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes 

también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho 

que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquél a quien se opone. Si 

se trata de derechos de diferente naturaleza se aplican las disposiciones del 

derecho común. 

 

 Código Procesal Civil.- 

 

- Art. VII del T.P.- El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al 

proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido 

erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su 

decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. 

 

- Art. 96.- El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, 

aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. 

Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en 

hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. 

 

- Art. 427.- Improcedencia de la demanda.- El Juez declarará improcedente 

la demanda cuando: 1. El demandante carezca evidentemente de 

legitimidad para obrar; 2. El demandante carezca manifiestamente de 

interés para obrar; 3. Advierta la caducidad del derecho; 4. Carezca de 

competencia; 5. No exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio; 6. 



                                                    21 
 
 

El petitorio fuese jurídica o físicamente imposible; o 7. Contenga una 

indebida acumulación de pretensiones. Si el Juez estimara que la demanda 

es manifiestamente improcedente, la declara así de plano expresando los 

fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos. Si la resolución que 

declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del 

demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en 

definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes. 

 

- Art. 438.- Efectos del emplazamiento.- El emplazamiento válido con la 

demanda produce los siguientes efectos: 1. La competencia inicial no podrá 

ser modificada, aunque posteriormente varíen las circunstancias que la 

determinaron. 2. El petitorio no podrá ser modificado fuera de los casos 

permitidos en este Código. 3. No es jurídicamente posible iniciar otro 

proceso con el mismo petitorio. 4. Interrumpe la prescripción extintiva. 

 

- Art. 546.- Procedencia.- Se tramitan en proceso sumarísimo los siguientes 

asuntos contenciosos: 1. Alimentos; 2. Separación convencional y divorcio 

ulterior; 3. Interdicción; 4. Desalojo; 5. Interdictos; 6. Los que no tienen una 

vía procedimental propia, son inapreciables en dinero o hay duda sobre su 

monto o, porque debido a la urgencia de tutela jurisdiccional, el Juez 

considere atendible su empleo; 7. Aquellos cuya estimación patrimonial no 

sea mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal; y 8. Los demás que 

la ley señale. 

 

- Art. 547.- Son competentes para conocer los procesos sumarísimos 

indicados en el inciso 2, del Artículo 546, los Jueces de Familia. En los casos 

de los incisos 3, 5 y 6, son competentes los Jueces Civiles. Los Jueces de 

Paz Letrados conocen los asuntos referidos en el inciso 1. del Artículo 546 

siempre que exista prueba indubitable del vínculo familiar y no estén 

acumuladas a otras pretensiones en la demanda. En los demás casos, son 

competentes los Jueces de Familia. En el caso del inciso 4. del Artículo 546, 

cuando la renta mensual es mayor de cinco unidades de referencia procesal 



                                                    22 
 
 

o no exista cuantía, son competentes los Jueces Civiles. Cuando la cuantía 

sea hasta cinco unidades de referencia procesal, son competentes los 

Jueces de Paz Letrados. En el caso del inciso 7. del Artículo 546, cuando la 

pretensión sea hasta diez unidades de referencia procesal, es competente 

el Juez de Paz; cuando supere ese monto, el Juez de Paz Letrado. 

 

 Reglamento General de Registros Públicos, Resolución N° 195-2001-

SUNARP/SN 

 

2.1.2. Definiciones conceptuales. 

 

2.1.2.1. El contrato 

 

2.1.2.1.1. El contrato y sus efectos 

 

El término contrato es uno polisémico en tanto no presenta un único 

significado sino más bien varias acepciones. El contrato puede ser entendido 

como supuesto de hecho, como relación jurídica, como texto o como 

reglamento. Así, por ejemplo, cuando se hace referencia a la firma o 

celebración de un contrato, se entiende a éste como supuesto de hecho, es 

decir, como un acto o hecho concreto, al que la ley califica como un acuerdo 

logrado entre dos o más partes. Cuando se hace referencia a la resolución 

de un contrato se entiende a éste como relación jurídica que vincula a las 

situaciones jurídicas subjetivas de las que son titulares las partes. Cuando 

se hace referencia a la claridad o falta de claridad del contrato, se entiende 

a éste como texto, vale decir, como un conjunto de cláusulas o 

estipulaciones. Y cuando se hace referencia al compromiso que se deriva 

del contrato, se entiende a éste como reglamento, es decir, como el conjunto 

de reglas que las partes se han impuesto así mismas y que deberán 

observar para la satisfacción de sus respectivos intereses5. 

                                                           
5 ROPPO, Vincenzo. El contrato, Traducción de Nélvar CARRETEROS TORRES, Traducción 
a cura de Eugenia ARIANO DEHO, Gaceta Jurídica, Lima, 2009, p. 43 



                                                    23 
 
 

 

A decir Bianca Massimo, explica que el contrato es una manifestación 

específica (y concreta) de la categoría general (y abstracta): negocio 

jurídico. “El contrato entra en la categoría más amplia del acto de 

autonomía privada o negocio jurídico, o sea del acto mediante el cual 

el sujeto dispone de la propia esfera jurídica”.6 

 

El Código Civil, en su artículo 1351, nos da una definición del contrato, de la 

cual podemos extraer sus rasgos característicos: “el contrato es el 

acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir 

una relación jurídica patrimonial”7. Los rasgos característicos son: (i) la 

presencia de un acuerdo, entendido éste no como la coincidencia de 

voluntades (internas) sino como la coincidencia de declaraciones de 

voluntad16: oferta y aceptación; (ii) la presencia de dos o más partes, 

entendidas éstas no como personas sino como centros de intereses; y (iii) 

la presencia de una finalidad consistente en crear, regular, modificar o 

extinguir una relación jurídica patrimonial. 

 

El contrato, en tanto negocio jurídico, es un instrumento de ejercicio de la 

autonomía privada, es decir, un instrumento por medio del cual las partes 

establecerán las reglas que permitirán la satisfacción de sus intereses, pero 

hay que precisar que el único género de relaciones sobre las cuales el 

contrato incide (constituyéndolas, regulándolas, extinguiéndolas), es el de 

las relaciones jurídicas patrimoniales. 

 

Ahora bien, los efectos que puede generar un contrato no se circunscriben 

a la relación obligatoria -es decir, aquella relación jurídica que vincula dos 

situaciones jurídicas a saber: un derecho de crédito y un deber jurídico 

específico, y que podría ser descrita como la relación que “coordina un deber 

                                                           
6 BIANCA, Massimo. Derecho Civil. 3. El contrato, Traducción de Fernando HINESTROSA y 
Edgar CORTÉS, Primera edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p. 24 
7 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El contrato en general, Primera Parte - Tomo I, 
Volumen XI, En: Para leer el Código Civil, Fondo Editorial PUCP, Lima, 1998, pp. 74-80 



                                                    24 
 
 

de ejecutar una conducta (prestación) por parte del deudor, para la 

realización de un interés de otro sujeto (acreedor) y el derecho de éste de 

pretender dicha actuación”19- ciertamente éste es el efecto más común que 

emerge de la celebración de un contrato pero no es el único que éste puede 

generar. Piénsese, por ejemplo, en el contrato de opción, en la promesa del 

hecho ajeno, en la cesión de posición contractual, en la cesión de derechos, 

en el contrato de compraventa inmobiliaria, etc., en donde para la 

satisfacción del interés de una de las partes no se precisa de una conducta 

(prestación) que deba realizar la otra.  

 

Así, en el contrato de opción (artículo 1419 del Código Civil20), para la 

celebración del contrato definitivo, el concedente no deberá realizar ninguna 

conducta, sino que aquélla (la celebración del contrato definitivo) más bien 

dependerá del comportamiento del optante, la relación jurídica que se 

genera aquí es una que vincula un derecho potestativo y un estado de 

sujeción. En la promesa del hecho ajeno (artículo 1470 del Código Civil), la 

satisfacción del interés del promitente, tampoco dependerá de un 

comportamiento que deba realizar el promisario, sino de que este último 

asuma el riesgo de la falta de verificación del hecho ajeno, efecto (la 

asunción del riesgo) que se produce en forma automática con la celebración 

del referido contrato, la relación que se genera aquí, como efecto principal, 

no es una relación obligatoria sino una relación de garantía8. 

 

En el contrato de cesión de posición contractual (artículo 1435 del Código 

Civil) y en el contrato de cesión de derechos (artículo 1206 del Código 

Civil24), el efecto principal no se traduce en una obligación a cargo del 

cedente, sino en la transferencia de todas las situaciones jurídicas subjetivas 

que integran una de las posiciones contractuales (para el caso de la cesión 

de posición contractual) o en la transferencia del derecho de crédito (para el 

caso de la cesión de derechos). En el contrato de compraventa inmobiliaria 

                                                           
8 FORNO FLÓREZ, Hugo. “Precisiones conceptuales en torno a la promesa de hecho ajeno”, 
En: “Negocio jurídico y responsabilidad civil. Estudios en memoria del profesor: Lizardo 
Taboada Córdova”, Editorial Grijley, 2004, principalmente, p. 538 y 539. 



                                                    25 
 
 

(artículo 949 del Código Civil), la transferencia de la propiedad no dependerá 

de una conducta que deba realizar el vendedor, sino que aquélla se 

producirá con el mero consentimiento legítimamente manifestado, de donde 

se tiene que el contrato genera también efectos reales. 

 

2.1.2.1.2. El principio de Libertad de forma 

 

Betti Emilio, nos dice que “El contrato (en general, el negocio jurídico) 

no es un fenómeno psíquico sino un fenómeno social, un hecho social 

y, como tal, precisa de señales externas que hagan reconocible el 

acuerdo”9. El acuerdo tiene siempre necesidad de un medio a través del 

cual pueda exteriorizarse. Ese medio es lo que se conoce como la forma del 

contrato. Podemos entender a la forma como el modo en que se presenta el 

contrato frente a los demás en la vida de relación, su figura exterior. “En la 

vida de relación un acto no es reconocible a los otros sino a través de su 

forma. Precisamente por esto, la voluntad, mientras queda en puro 

fenómeno psíquico y no se traduce en actos, está privada de trascendencia 

social y jurídica”. 

 

La forma es, entonces, “la técnica de comunicación social con la cual se 

manifiesta la voluntad”. Así, contrato y forma son datos inescindibles: Todo 

contrato tiene una forma, porque si no la tuviera no existiría el acuerdo que 

es necesario para que exista contrato. Esta situación de consustancialidad 

ha sido descrita en los siguientes términos: “No es posible hablar de un 

contrato privado de forma, del mismo modo que no es posible hablar de 

persona natural si está privada de un cuerpo”10. 

 

                                                           
9 BETTI, Emilio. Teoría general del negocio jurídico, Traducción y concordancias con el 
derecho español por A. MARTÍN PÉREZ, Editorial Comares, Granada, 2000, p. 110. 
10 GUTIERREZ CAMACHO, Walter. La forma como requisito de validez, Comentario al 
artículo 1411 del Código Civil, En: AA.VV. Código Civil comentado, Gaceta Jurídica, Lima, 
2004, p. 430 



                                                    26 
 
 

Las principales formas del contrato son la escritura pública, la escritura 

privada, la forma oral y el comportamiento concluyente. 

 

En el derecho moderno rige el principio de la libertad de forma en mérito del 

cual las partes son libres de elegir la forma (la técnica comunicativa) por 

medio de la cual manifestarán su voluntad contractual. La vigencia de este 

principio obedece a exigencias de propiciar la mayor cantidad y celeridad en 

la circulación de las titularidades, exigencias propias de un mercado 

capitalista. En tal sentido, Leyva Saavedra, nos dice lo siguiente: “La 

afirmación del principio de libertad de forma está determinada, en 

suma, por una precisa visión del mundo: la ideología liberal que ha 

acompañado las vicisitudes económicas de las sociedades capitalistas 

del siglo pasado y que quiere que la contratación se muestre libre, 

estable y copiosa”11. 

 

En nuestro sistema jurídico el principio de libertad de forma aparece 

recogido en el artículo 143 del Código Civil según el cual: “Cuando la ley no 

designe una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden 

usar la que juzguen conveniente”. El mensaje es claro: Ante el silencio de la 

ley, las partes tienen plena libertad de escoger cualquier técnica de 

comunicación para exteriorizar su voluntad contractual. Podemos concluir, 

entonces, que la regla es la libertad de forma y que aquellas normas que 

imponen la observación de una determinada forma deben recibir el trato de 

normas excepcionales por lo que no podrán, por ejemplo, ser aplicadas vía 

analogía39 (ex artículo IV del Título Preliminar del Código Civil). 

 

En atención a lo expuesto conviene superar la clásica clasificación de los 

negocios en “formales” y “no formales”, pues pareciera denotar la existencia 

de negocios sin forma y, ya está visto, que un negocio no puede prescindir 

de una forma, por lo que parece mejor hacer referencia a negocios con forma 

                                                           
11 LEYVA SAAVEDRA. José. Forma y formalismo contractual, En: Revista del Foro, Colegio 
de Abogados de Lima Sur, marzo, 2013, p. 48 



                                                    27 
 
 

vinculada y negocios con forma libre41. Nos encontraremos frente a una 

forma vinculada cuando ésta es exigida por ley (artículo 144 del Código 

Civil12) o por las partes en ejercicio de su autonomía privada (artículo 1411 

del Código Civil13). 

 

2.1.2.1.3. Las formas ad solemnitatem y ad probationem.- 

 

La forma vinculada puede ser de dos clases:  

a. La forma solemne o forma ad solemnitatem.- Es aquélla que constituye 

un elemento de validez del negocio jurídico, de manera que la celebración 

de este último sin observar la forma en cuestión conllevará su invalidez, 

específicamente, su nulidad, tal como lo establece el inciso 6 del artículo 219 

del Código Civil que a la letra dice: “El acto jurídico es nulo: [...] 6. Cuando 

no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad”.  

 

Respecto de la forma solemne Guido Alpa ha dicho que “cuando la ley 

prescribe una determinada forma (forma legal) o las partes eligen una 

de común acuerdo (forma convencional), esa se convierte en elemento 

esencial del negocio: si el negocio no es concluido en la forma 

prescrita, es nulo por falta de uno de sus elementos esenciales”14; 

entonces, la forma solemne puede tener su fuente en la ley (forma solemne 

legal) o en el convenio de las partes (forma solemne convencional). En la 

forma solemne legal, la ley, de manera expresa, sancionará con nulidad la 

inobservancia de la forma (artículo 144 del Código Civil), tal es el caso, por 

ejemplo, del artículo 1871 del Código Civil: “La fianza debe constar por 

escrito, bajo sanción de nulidad”, lo propio sucede, entre otros, con los 

artículos 1304, 107, 1625, 1925, 1092 del Código Civil.  

 

                                                           
12 Artículo 144 del Código Civil.- “Cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad 
su inobservancia, constituye sólo un medio de prueba de la existencia del acto” 
13 Artículo 1411 del Código Civil.- “Se presume que la forma que las partes convienen adoptar 
anticipadamente y por escrito es requisito indispensable para la validez del acto, bajo sanción 
de nulidad”. 
14 ALPA, Guido. El contrato en general, Pacífico Editores, Lima, 2015, p. 132. 



                                                    28 
 
 

Pero las propias partes pueden convenir, previamente, que el negocio 

jurídico que celebrarán deberá observar una determinada forma, probatoria 

o solemne, en este último caso -tal y co mo sucede con la forma 

solemne legal- la inobservancia de la solemnidad origina la nulidad del 

negocio; cabe precisar, además, que ante el silencio de las partes respecto 

a la calificación de la forma se presumirá (presunción iuris tantum) que se 

ha convenido una forma solemne (artículo 1411 del Código Civil). Teniendo 

en cuenta lo dicho en relación a la forma solemne legal y a la forma solemne 

convencional, podemos afirmar que “los sujetos solamente pueden 

introducir requisitos de forma en los actos jurídicos que según el 

ordenamiento jurídico son libres de formalidades o bien pueden establecer 

formalidades más severas que las previstas en la ley, siempre que no 

contravengan normas imperativas, el orden público o las buenas 

costumbres. En cambio, los otorgantes del acto jurídico no pueden dejar sin 

efecto una solemnidad impuesta por la ley bajo sanción de nulidad, pero sí 

pueden dejar sin efecto una solemnidad impuesta por ellos”15 

 

b. La forma probatoria o forma ad probationem.- Es aquélla que sirve 

para acreditar la existencia y el contenido del negocio jurídico. 

Tradicionalmente se le ha atribuido a la observancia de esta clase de forma, 

la utilidad de constituir el medio probatorio idóneo para probar la existencia 

y el contenido del negocio; de hecho, algunos artículos explicitan esta 

(aparente) utilidad, tal es el caso del artículo 1605 del Código Civil que 

señala: “La existencia y contenido del suministro pueden probarse por 

cualesquiera de los medios que permite la ley, pero si se hubiera celebrado 

por escrito, el mérito del instrumento respectivo prevalecerá sobre todos los 

otros medios probatorios”; sin embargo, con la entrada en vigencia del 

Código Procesal Civil dicha utilidad ha venido a menos, ya que en el artículo 

197 del citado cuerpo normativo se ha establecido que: “Todos los medios 

probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su 

                                                           
15 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Teoría General del Contrato, Tomo I, Primera edición, Pacífi 
co Editores, Lima, p. 568. 



                                                    29 
 
 

apreciación razonada [...]”16. Por lo tanto, actualmente, a los efectos de 

acreditar la existencia y el contenido del negocio jurídico, la forma probatoria 

constituye solo un medio de prueba más como cualquier otro. 

 

 

2.1.2.1.4. La escritura pública 

 

La escritura principal es el documento principal de la función notarial, o dicho 

con palabras más exactas o más claras del derecho notarial, el cual es 

conocido y estudiado por parte de los notarios públicos. Si un abogado no 

conoce este documento es claro que desconoce un tema crucial en el 

estudio y aplicación del derecho, por lo tanto, recomendamos su estudio, 

sobre todo por parte de los notarialistas. 

La doctrina notarial es una fuente del derecho, entre otras tantas, y ha 

alcanzado diferentes definiciones, las cuales debemos tener en cuenta a 

efecto de conocer otros puntos de vista, con lo cual se puede alcanzar el tan 

ansiado conocimiento jurídico. La definición de la escritura pública es poco 

conocida, pero el documento en sí, si es conocido por parte de los diferentes 

notarialistas y por parte de otros profesionales. 

Para nosotros es un término jurídico sencillo de definir y en este sentido 

podemos afirmar que la escritura pública es el instrumento público notarial 

protocolar principal dentro del protocolo notarial, el cual es utilizado en los 

sistemas jurídicos notariales que forman parte del sistema notarial latino, y 

en este sentido es claro que resulta un tema que no se ha estudiado siempre, 

sino que recién ha aparecido hace pocos siglos, de lo cual dejamos 

constancia para un estudio más amplio y adecuado del presente tema. 

                                                           
16 Conforme: ESCOBAR ROZAS, Freddy. Causales de nulidad absoluta, Comentario al 
artículo 197 del Código Civil, En: AA.VV. Código Civil comentado, Gaceta Jurídica, Lima, 
2003, p. 923 



                                                    30 
 
 

En el derecho peruano son pocos los autores y libros que han brindado 

definición sobre este importante tema jurídico, el cual esperamos que motive 

que más autores puedan definir y publicar otras definiciones, sobre el tema 

materia de estudio. Si un autor del derecho notarial no define el término 

estudiado, como es por cierto la escritura pública es claro que no brinda a 

los lectores e investigadores la información necesaria sobre este importante 

instrumento del derecho notarial y en este sentido, esperamos que aumente 

la cantidad o dicho con otras palabras el número de autores que definen el 

derecho notarial. 

En sentido contrario, si un autor define este término jurídico, se entiende que 

conoce este tema de una manera más clara y esperamos que el mismo sea 

conocido por mayor número de personas, no sólo en el derecho peruano. 

 

2.1.2.1.4.1. La naturaleza del proceso de otorgamiento de escritura 

pública.- 

 

Por medio del proceso de otorgamiento de escritura pública se peticiona 

mutar la forma de un negocio jurídico, de escritura privada a escritura 

pública, porque así lo determina o permite la ley o porque así lo han 

acordado las partes y, en ambos casos, siempre que la forma a la que se 

pretende mutar no constituya una forma solemne, así lo establece el artículo 

1412 del Código Civil en su primer párrafo, el referido dispositivo establece, 

además, en su segundo párrafo, que esta pretensión se sustanciará como 

proceso sumarísimo. Pues bien, como se ha visto en el planteamiento del 

problema, es esta última característica del proceso de otorgamiento de 

escritura pública la que se invoca a fi n de descartar cualquier posibilidad de 

control de validez del negocio jurídico que se pretende formalizar, por lo que 

resulta necesario realizar algunas precisiones en torno a la naturaleza del 

proceso sumarísimo. 

 

Siguiendo a Monroy Gálvez, quien dice “que los procesos según su 

función pueden ser de tres tipos: proceso declarativo, proceso de 



                                                    31 
 
 

ejecución y proceso cautelar”17. El primero de los mencionados, esto es, 

el proceso declarativo es aquél que “tiene como presupuesto material la 

constatación de una inseguridad o incertidumbre en relación a la existencia 

de un derecho material en un sujeto, situación que ha devenido en un 

conflicto con otro, quien concibe que el derecho referido no acoge el interés 

del primer sujeto, sino el suyo”. 

 

A su vez, Montero Aroca y otros, señalan que dentro del proceso 

declarativo debemos distinguir entre lo que es un proceso ordinario y lo que 

es un proceso especial. Un proceso ordinario es aquél en el que “los 

órganos jurisdiccionales pueden conocer objetos de toda clase, 

habiéndose establecido con carácter general”18.  

 

Los procesos ordinarios son aquellos que la ley establece “para que sirvan 

de cauce a la tutela jurisdiccional de la generalidad de las acciones. La 

inmensa mayoría de las acciones que se pueden afirmar en un proceso civil 

son juzgadas con arreglo a unas mismas normas procesales, con 

independencia de cuáles sean las peculiaridades de las normas jurídicas 

sustantivas en que se funden”.  

 

En los procesos ordinarios “los órganos jurisdiccionales pueden conocer 

objetos de toda clase sin limitación alguna, habiéndose establecido con 

carácter general”, entre los tipos de procesos ordinarios “las diferencias son 

de tramitación, pero están previstos para que por ellos se conozcan todo tipo 

de objetos, distinguiéndose principalmente por la cuantía del asunto”. Un 

proceso ordinario es aquél en el que se ventilará cualquier pretensión a la 

que la ley no le haya impuesto una tramitación especial. Nuestro Código 

Procesal Civil ha previsto tres procedimientos para sustanciar los procesos 

                                                           
17 MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al proceso civil, Tomo I, Temis, Bogotá, 1996, p. 
136. 
18 MONTERO AROCA, Juan; FLORS MATÍES, José. Tratado del juicio verbal, Segunda 
edición, Editorial Navarra, Aranzadi, 2004, p. 143, citados por: ARIANO, DEHO, Eugenia. El 
‘sumarísimo’ proceso de otorgamiento de escritura pública, En: Actualidad Civil, Volumen 24, 
Instituto Pacífico co, junio, 2016, p. 33. 



                                                    32 
 
 

declarativos, y los ha denominado proceso de conocimiento, proceso 

abreviado y proceso sumarísimo, los tres son, en potencia, procesos 

ordinarios. Por otro lado, un proceso especial será aquél previsto para 

ventilar una determinada controversia y que, además, cuenta con algunas 

reglas aplicables en forma exclusiva.  

 

Los procesos especiales, entonces, son aquellos a los que la ley le ha 

asignado una tramitación especial. En efecto, los procesos especiales son 

“aquellos que el legislador ha establecido para que sirvan de cauce a la 

tutela jurisdiccional de ciertas materias. En principio, la previsión legal de 

procesos especiales se justifica en que el legislador advierte que el 

enjuiciamiento de dichas materias a través de los procesos ordinarios no 

sería adecuado porque las mismas exigen peculiaridades en su tratamiento 

jurisdiccional, es decir, están necesitadas de una tutela jurisdiccional 

diferenciada.  

Las peculiaridades, singularidades o especialidades reclamadas por esas 

materias pueden ser de muy variado tipo. Así, el legislador puede establecer 

normas especiales en instituciones tan distintas como la postulación y 

defensa, la legitimación, la intervención procesal, la acumulación de 

acciones y procesos, la carga de la prueba, las diligencias preliminares, y un 

largo etcétera. Hay casos en que, además, el legislador establece un entero 

procedimiento distinto del propio de los procesos ordinarios. Pues bien, 

cuando las especialidades de una materia son procedimentales estamos en 

presencia, en sentido estricto, de un proceso declarativo especial. Cuando 

las especialidades de una materia no son procedimentales, sino de otro 

orden, y el procedimiento a seguir es uno de los ordinarios, estamos en 

presencia de especialidades de los procesos declarativos ordinarios”. 

 

En nuestro ordenamiento procesal son procesos especiales, por ejemplo, 

los procesos de divorcio, tercería de propiedad, prescripción adquisitiva, 

alimentos, interdicción, etc. Desde otra perspectiva, específicamente, en 

relación al grado de cognición del juez, debemos distinguir entre un proceso 



                                                    33 
 
 

plenario y un proceso sumario. Son procesos plenarios aquellos en donde 

las partes no encontrarán restricción en torno a las alegaciones que podrían 

formular y a los medios probatorios que podrían aportar, lo que conlleva a 

que la cognición del juez sobre la controversia sea plena o completa.  

 

Sobre los procesos plenarios o de conocimiento, Monroy Gálvez ha 

señalado que: “La intervención del juez en un proceso de conocimiento 

es más o menos amplia, depende de la naturaleza del conflicto de 

intereses y de la opción del legislador de conceder más o menos 

posibilidades de actuación al juez y a las partes, sea en lo que se refiere 

a facultades o a plazos. Precisamente esta variación determina la 

existencia de distintas clases de procesos de conocimiento. A los más 

amplios se les suele denominar plenos o de conocimiento propiamente 

dichos, los intermedios –en donde la capacidad y tiempo se ha 

reducido- reciben el nombre de plenarios rápidos o abreviados, y 

finalmente aquellos cuya discusión se reduce a la prueba de uno o dos 

hechos específicos reciben el nombre de plenarios rapidísimos o 

sumarísimos. Y son procesos sumarios aquellos en donde, por ley, se 

han limitado las alegaciones que podrían formular las partes o los 

medios probatorios que éstas podrían aportar, lo que conlleva a que la 

cognición del juez sobre la controversia sea, también, limitada, estos 

procesos se basan en un “conocimiento no definitivo o parcial o 

superficial”. 19 

 

En forma precisa, Ignacio Diez-Picazo20, explica que el significado técnico-

jurídico de proceso sumario no es el de proceso rápido sino el de proceso 

con limitación de cognición y ausencia de cosa juzgada -el primero es solo 

                                                           
19 MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al proceso civil, op. cit., p. 138. 
20 DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Ignacio. Especialidades de los procesos declarativos ordinarios, 
En: DE LA OLIVA SANTOS, Andrés y DIEZ PICAZO GIMÉNEZ, Ignacio. Derecho Procesal 
Civil. El proceso de declaración, Segunda edición, Editorial Centro de Estudios Ramón 
Areces S.A., p. 611. 



                                                    34 
 
 

un significado “vulgar”- y, en consecuencia, proceso sumario es lo contrario 

a proceso plenario:  

 

“En sentido amplio o vulgar, se dice que un proceso es sumario cuando está 

configurado por la ley para que sea un proceso rápido. Sumariedad es, en 

ese sentido, sinónimo de rapidez o celeridad.  En sentido técnico-jurídico, 

en el Derecho procesal, la sumariedad –aunque comporta, como 

consecuencia, la rapidez de la tutela jurisdiccional significa limitación de la 

cognición del tribunal y ausencia de cosa juzgada. Un proceso es sumario 

porque en él se limitan las alegaciones de las partes y, en ciertos casos, los 

medios de prueba utilizables. Lo contrario de un proceso sumario es un 

proceso plenario”.  

 

Luego de explicar el significado y las principales características del proceso 

sumario, el citado autor precisa el objeto y las consecuencias de esta clase 

de proceso: “un proceso sumario tiene siempre un objeto limitado, es decir, 

no permite el enjuiciamiento de todos los aspectos de una relación jurídica. 

A través de un proceso sumario, lo que el legislador pretende es brindar al 

demandante, caso de que la demanda sea estimada, una tutela 

jurisdiccional provisional o interna (aunque, de hecho, la misma pueda ser 

indefinida). Dadas las limitaciones impuestas, la tutela jurisdiccional sumaria 

no puede ser definitiva. Por eso, la sentencia dictada en un proceso sumario 

no tiene fuerza de cosa juzgada material y no impide que se incoe un ulterior 

proceso declarativo plenario que tenga el mismo objeto. Dado que la tutela 

jurisdiccional sumaria es provisional, la ley procesal debe procurar que sea 

rápida”. 

 

Con todo, dos son los rasgos fundamentales de los procesos sumarios: 

Primero, “la finalidad del proceso sumario es otorgar una tutela más rápida 

que la concedida en el proceso plenario; sin embargo, la rapidez o brevedad 

no es la esencia del proceso sumario, sino lo esencial será la limitación en 

la cognición”.  



                                                    35 
 
 

 

En efecto, cierto es que “la aceleración de los procesos ha sido el motivo del 

desarrollo de la sumarización, en otras palabras su razón de ser, pero este 

–es decir la rapidez en su tramitación- no es su esencia, al punto que 

podemos afirmar que no todo proceso de tramitación rápida es sumario, ya 

que procesos rápidos pueden también ser de cognición plenaria, pero si se 

puede afirmar que un proceso de cognición limitada es sumario”.  

 

Y segundo, lo resuelto en el proceso sumario no tendrá el efecto de la cosa 

juzgada, lo que se explica precisamente por la cognición limitada de la 

controversia. Por ello, “la sumariedad supone limitación y esta se refiere a 

las alegaciones de las partes, al objeto de la prueba y a la condición judicial, 

lo que lleva a que en el proceso sumario no se plantee con plenitud el 

conflicto existente entre las partes, sino solo un aspecto concreto del mismo; 

en esas circunstancias es lógico que pueda existir un proceso plenario 

posterior en el que pueda plantearse la totalidad de litigio y en el que no 

podrá excepcionarse cosa juzgada”. En nuestro ordenamiento procesal será 

un proceso sumario, por ejemplo, el proceso de desalojo por falta de pago, 

en tanto solo se admitirán como medios probatorios: el documento, la 

declaración de parte y la pericia (artículo 591 del Código Procesal Civil) 

 

En consecuencia, son distintos los procesos plenarios y los procesos 

sumarios y, específicamente, son distintos los procesos plenarios rápidos y 

los procesos sumarios: “Los plenarios rápidos son aquellos procesos en los 

cuales se ha simplificado las formas, reduciendo los plazos pero sin que 

exista una restricción de la cognición, y lo que es más importante, lo resuelto 

en estos procesos generan cosa juzgada. En tanto que el proceso sumario 

o sumarizado –en oposición al de cognición plena o plenario- es aquel que 

se tramita en forma rápida y simple, cuya cognición se encuentra limitado 

legalmente, tanto en la posibilidad de alegación como de prueba, y cuya 

resolución definitiva –necesariamente-no tiene los efectos de cosa juzgada”. 

Pues bien, el hecho de que un proceso sumarísimo como el de otorgamiento 



                                                    36 
 
 

de escritura pública, presente plazos más cortos y una menor cantidad de 

actos procesales, no hace que devenga, necesariamente, en un proceso 

sumario. Proceso sumarísimo no es sinónimo de proceso sumario. Y nuestro 

proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública no tiene 

legalmente impuestas limitaciones en torno a las alegaciones que podrían 

formular las partes o a los medios probatorios que podrían aportar en 

relación al fondo de la controversia, por lo que no es un proceso sumario, 

sino un proceso “plenario rápido”, sin perjuicio de las restricciones impuestas 

por el artículo 559 del Código Procesal Civil para todos los procesos 

sumarísimos 

 

2.1.2.1.5. El proceso de calificación del negocio jurídico.- 

 

El negocio jurídico ha de ser portador de intereses dignos de protección y 

las reglas que las partes se han impuesto a sí mismas como mecanismos 

para alcanzar la satisfacción de aquellos intereses, han de guardar 

conformidad con las normas del ordenamiento jurídico. Es así que se habla 

de un proceso de calificación del negocio jurídico que permitirá concluir no 

sólo si éste se ha celebrado con arreglo a Derecho sino, además, si ha 

producido sus efectos y si estos conservan vigor o si por alguna 

circunstancia no resultan exigibles o han venido a menos. Esta calificación 

se realiza en tres niveles: relevancia/irrelevancia, validez/invalidez y 

eficacia/ ineficacia. 

 

En el primer nivel se practica el juicio de relevancia, aquí se verificará “la 

presencia de algunos datos mínimos idóneos para identificar típicamente el 

hecho y para permitir ‘su subsunción en el nomen iuris’”, lo que significa que 

si el hecho no presenta algunos datos mínimos que permitan la identificación 

de un determinado negocio jurídico (compraventa, donación, testamento, 

etc.), éste será jurídicamente inexistente. En esa misma línea Francesco 

Galgano ha dicho que “es inexistente el contrato o el acto que no es 

identificable como tal, pues carece del mínimo esencial que permita 



                                                    37 
 
 

hablar de un cierto evento como de contrato o de acto unilateral”.21 Así, 

por ejemplo, no pasará el juicio de relevancia un contrato en donde no se 

pueda identificar un acuerdo o la presencia de más de una parte, en general, 

no pasarán este examen aquellos comportamientos humanos que sean, 

como suele decirse, meros ‘simulacros’ de negocio, en cuanto desprovistos 

de los requisitos mínimos que permiten calificar sub especie iuris el hecho, 

así hayan ‘provocado en alguno de los interesados la impresión superficial 

de haber celebrado un negocio o de haber asistido a él. 

 

En el segundo nivel se practica el juicio de validez, en donde se verificará 

que los componentes del negocio jurídico (parte, objeto, causa, 

manifestación de voluntad y forma solemne) no contravengan las directrices 

del ordenamiento jurídico, este análisis “puede concluir en sentido afirmativo 

(el hecho es conforme a las opciones del sistema), o en sentido negativo (el 

hecho es valorado con disfavor por el ordenamiento)”, si sucede lo primero 

el negocio será válido, si, por el contrario, sucede lo segundo, el negocio 

será inválido, es decir, nulo (artículo 219 del Código Civil) o anulable (artículo 

221 del Código Civil). 

 

Finalmente, en el tercer nivel se practica el juicio de eficacia, en donde se 

verificará si el negocio jurídico produce efectos jurídicos o no; en este nivel 

se debe considerar que un negocio válido, en principio, es idóneo para 

desencadenar sus efectos, pero no necesariamente será así, pues el 

negocio podría estar sujeto a un plazo o condición suspensiva, o dejar de 

producir sus efectos a consecuencia de eventos sobrevenidos (v.gr.: 

resolución del contrato), o dejar de producir algún efecto específico a 

consecuencia de no haberlo ejercitado oportunamente (v.gr.: prescripción 

extintiva). Asimismo, se debe considerar que un negocio inválido, en 

principio, no desencadenará sus efectos, pero no siempre será así, como 

sucede, por ejemplo, con el negocio anulable el cual produce efectos 

                                                           
21 GALGANO, Francesco. El negocio jurídico, Traducción de Francisco BLASCO GASCÓ y 
Lorenzo PRATS ALBENTOSA, Editorial Tirant to Blanch, Valencia, 1992, p. 261. 



                                                    38 
 
 

precarios que podrían tornarse en definitivos por convalidación o por 

prescripción extintiva de la acción de anulación. 

 

Conviene recordar que en el Quinto Pleno Casatorio Civil22, se ha 

señalado que la categoría de la inexistencia (o irrelevancia) no es de 

aplicación en nuestro sistema, aseveración que se sostiene sobre la base 

de las siguientes razones: “160. De esta manera el supuesto de la 

inexistencia, el cual implica la reacción del ordenamiento ante un supuesto 

de vicios sumamente grave, y que, conforme lo hemos precisado 

precedentemente, fue originalmente ideada respecto de supuestos 

normativos en donde no se establecía la nulidad del negocio, no es de 

aplicación entre nosotros, primero porque no se encuentra regulada en la 

normativa civil, y en segundo término porque en nuestro caso particular no 

existe ninguna laguna normativa; toda vez que es de aplicación, ante los 

supuestos que no señalan taxativamente la nulidad, la aplicación de la 

nulidad tácita o virtual”.  

 

Por lo tanto, los actos que no superen el juicio de relevancia, deberán ser 

sancionados con la forma más grave de invalidez que prevé nuestro sistema 

jurídico, esto es, la nulidad. 

 

2.1.2.1.5. Control de validez del acto que se pretende elevar a escritura 

pública.- 

 

Si lo que se busca es determinar si dentro de un proceso de otorgamiento 

de escritura pública, el Juez puede o no realizar un control de validez del 

negocio jurídico que se pretende formalizar, se debe tener en cuenta lo 

establecido en el artículo 220 del Código Civil, según el cual: “La nulidad, 

puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta”. 

 

                                                           
22 Casación Nº 3189-2012 - Lima Norte, de fecha 03 de enero de 2013, publicado el 09 de 
agosto de 2014 



                                                    39 
 
 

Lo primero que se advierte es que la norma hace referencia solo a una de 

las dos clases de invalidez: la nulidad, mas no a la anulabilidad. La nulidad 

es la forma más grave de invalidez que, de acuerdo con el artículo 219 del 

Código Civil, puede ser demandada cuando el negocio jurídico presenta las 

siguientes patologías: a) falta de manifestación de voluntad; b) incapacidad 

absoluta de la parte que lo celebró; c) objeto física o jurídicamente imposible 

o indeterminable; d) fin ilícito; e) simulación absoluta; f) ausencia de la forma 

solemne; g) declaración expresa de nulidad; e) contravención al orden 

público o a las buenas costumbres.  

 

La nulidad es un remedio que busca tutelar intereses generales, a diferencia 

de la anulabilidad que más bien busca tutelar intereses particulares, de ahí 

que, por ejemplo, la nulidad no es susceptible de confirmación, mientras que 

la anulabilidad sí lo es. Pero estos no son los únicos rasgos que diferencian 

a ambas categorías, podemos mencionar, además, que: (i) el negocio nulo 

no produce efectos, mientras que el negocio anulable genera efectos 

precarios; (ii) el negocio nulo no precisa de una sentencia para no producir 

efectos (sentencia meramente declarativa), a diferencia de lo que sucede 

con el negocio anulable que dejará de producir sus efectos (precarios), en 

forma retroactiva hasta su celebración, una vez que quede firme la sentencia 

que declare la anulación (sentencia constitutiva) (artículo 222 del Código 

Civil); (iii) la nulidad puede ser peticionada por las partes que celebraron el 

negocio, por quien tenga algún interés o por el Ministerio Público (artículo 

220 del Código Civil), en tanto que la anulabilidad solo puede ser peticionada 

por la parte que se considere afectada; (iv) la acción de nulidad prescribe a 

los 10 años (artículo 2001.1 del Código Civil) y la acción de anulabilidad 

prescribe a los 2 años (artículo 2001.4 del Código Civil); (v) el negocio nulo 

–ya está dicho- no puede ser convalidado, mientras que el negocio anulable 

sí puede serlo por medio de la confi rmación (artículo 230 Código Civil); y, 

(vi) la nulidad puede ser apreciada de ofi cio por el juez (artículo 220 del 

Código Civil) mientras que la anulabilidad no. 

 



                                                    40 
 
 

LOHMANN LUCA DE TENA, nos dice que “la nulidad busca tutelar 

intereses generales, valores fundamentales, colectivos e 

irrenunciables que un sistema jurídico preestablece (aunque sea 

implícitamente) y que podríamos calificar como trascendentes de la 

esfera individual la nulidad está fuera del ámbito dispositivo de las 

partes, es de orden público”23, es esto lo que explica que el legislador 

haya previsto, en el precitado artículo 220 del Código Civil, la posibilidad de 

que el Juez aprecie de oficio la nulidad -es decir, aun cuando la parte 

demandada en el proceso judicial no la haya alegado- y funde en dicha 

apreciación su decisión. En efecto, al comprometer la nulidad, intereses 

generales, su declaración no solo puede ser instada por las partes que 

celebraron el negocio jurídico, sino también por cualquier tercero que tenga 

algún interés en ello y por el Ministerio Público y, además, el Juez puede 

apreciarla de oficio.  

 

En este sentido Scognamiglio sostiene que “la nulidad puede ser 

declarada de oficio por el Juez, lo que se explica porque la nulidad es 

la sanción típica a que recurre el legislador para garantizar el respeto 

de la norma imperativa, en atención a un interés general”24. 

 

La posibilidad de que el Juez pueda apreciar de oficio la nulidad, es decir, 

aun cuando la parte demandada en el proceso judicial no la haya alegado, 

ha sido pacíficamente admitida por los sistemas jurídicos más influyentes. 

 

En el sistema alemán, en donde aunque su Código Civil no contemple un 

dispositivo que expresamente atribuya al Juez la facultad en cuestión, se 

considera que ésta es una consecuencia necesaria de la nulidad, tal y como 

lo señala Werner Flume: “La causa de nulidad provoca ‘per se’ que la 

                                                           
23 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan. La nulidad manifiesta. Su declaración judicial de oficio, 
En: Ius et Veritas, Revista de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Número 24, Lima, 2002, pp. 58 
24 SCOGNAMIGLIO, Renato. Contribución a la teoría del negocio jurídico, Traducción y notas 
de Leysser L. LEÓN, Primera edición, Editorial Grijley, Lima, 2004, p. 239. 



                                                    41 
 
 

reglamentación negocial del negocio jurídico nulo no valga. El juez tiene que 

tener en cuenta la nulidad si de la exposición de las partes resulta la 

existencia de una causa de nulidad, aunque el demandado no invoque la 

nulidad, es decir, no la haga valer. Si el demandado no está representado 

en el proceso, no se estimará la acción del demandante cuando de su 

exposición resulte que el negocio jurídico en el que apoya su demanda es 

nulo [...] La nulidad del negocio jurídico vale, por principio, a favor y en contra 

de cualquiera”.25  

 

Y en ese mismo sentido se ha dicho que: “El negocio es nulo cuando como 

consecuencia de un vicio del factum no produce los efectos que 

corresponden a su contenido. El vicio consiste en que falta un hecho 

constitutivo –p. ej., el negocio carece de la forma prescrita o existe un hecho 

impediente –p. ej., incapacidad de obrar de una de las partes, falta de 

seriedad en la declaración, simulación, etc.-. Si por mencionarlo una de las 

partes en la audiencia, ha llegado a conocimiento del juez que falta un hecho 

constitutivo o que existe un hecho impediente, el juez debe tomar en 

consideración la nulidad que resulte sin que sea necesario que una de las 

partes la invoque. La nulidad es un efecto que se produce ipso iure por el 

hecho mismo de la existencia del vicio”. 

 

Lo propio sucede en el sistema francés, en donde, respecto de la posibilidad 

de apreciar de oficio la nulidad se ha dicho que: “cuando el acto nulo haya 

sido invocado principal o incidentalmente por vía de acción o de excepción, 

tendrá pleno derecho de descubrir la ilicitud y aplicar la nulidad. La única 

restricción que deberá observar será la de mantenerse en el campo estricto 

de la ilicitud aparente: no podrá, por consiguiente, llevar el análisis más allá 

del contenido del acto jurídico, no tendrá derecho a aventurarse en la 

investigación de circunstancias exteriores del acto, ni a inquirir en el dominio 

de la intención de las partes. Para él, el único hecho que tiene valor es el 

                                                           
25 FLUME, Werner. El negocio jurídico, Traducción de José María MIQUEL GONZÁLEZ y 
Esther GÓMEZ CALLE, Cuarta edición, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 1998, p. 
653. 



                                                    42 
 
 

acto jurídico y los documentos que le acompañan. Si de su apariencia resulta 

el carácter de ilicitud, podrá colocarse al amparo del orden público para 

hacer valer la nulidad”. 

 

En Italia, la prerrogativa en cuestión se encuentra expresamente 

contemplada en el artículo 1421 del Códice Civile que a la letra dice: “Salvo 

disposición diversa de ley, la nulidad puede ser hecha valer por quien tenga 

interés, y puede ser estimada de oficio por el juez” [el resaltado es nuestro].  

 

Siguiendo a Luigi Carriota Ferrara nos dice que: “Siendo el negocio nulo 

completamente inválido para el derecho, es lógico que cualquiera pueda 

hacer valer la nulidad: las partes, sus herederos o causahabientes, y los 

acreedores. Es necesario un interés jurídico, se entiende; de ser el negocio 

nulo o válido debe seguirse una diversidad de consecuencias para la 

situación jurídica de quien intenta el ejercicio de la acción. Puesto que el 

negocio afecto de nulidad non valet, el Juez puede apreciar de oficio la 

nulidad; puede, no debe, y en tanto puede en cuanto tiene modo de deducirla 

de los actos, ya que debe juzgar iuxta alligata et probata”26.  

 

Sobre el particular, Franceso Galgano ha sostenido que: “La nulidad 

puede ser declarada de oficio por el Juez; el cual puede declarar nulo 

un contrato que haya sido aportado al juicio, incluso cuando no haya 

sido interpuesta por el interesado una demanda o una excepción en tal 

sentido. La anulación, en cambio, sólo puede ser pronunciada por el 

Juez como resultado de la demanda o de la excepción de la parte 

legitimada”27.  

 

Finalmente, expone algunos lineamientos que ha establecido la 

jurisprudencia italiana a fi n de conseguir la referida coordinación entre la 

norma sustantiva y los principios procesales: a) el Juez puede declarar de 

                                                           
26 CARIOTA FERRARA, Luigi. El negocio jurídico, Traducción, prólogo y notas de Manuel 
ALBALADEJO, Aguilar, Madrid, 1956, p. 282. 
27 GALGANO, Francesco. El negocio jurídico, op. cit., p. 316 



                                                    43 
 
 

oficio la nulidad de un contrato si su validez es el elemento constitutivo de la 

demanda y si entre las partes existe discusión sobre su aplicación o sobre 

su ejecución; b) el Juez no puede declarar de oficio la nulidad del contrato 

si la parte interesada ha formulado frente al mismo un remedio distinto, como 

la anulación o como la resolución, o si ha sido demandada la declaración de 

nulidad por cual otra causa; c) el Juez puede declarar de oficio la nulidad 

sólo si la causa de nulidad proviene de los documentos y no precisa ninguna 

otra investigación posterior de hecho; d) la nulidad del contrato puede ser 

declarada de oficio en cualquier estado y grado del proceso: incluso en 

grado de apelación o de casación, siempre que el Juez de grado inferior no 

se haya pronunciado sobre la validez del contrato, puesto que esto 

comportaría la formación de un fallo que precluiría el examen posterior de la 

materia”. 

 

El juicio de validez que el Juez realiza de oficio, es decir, al amparo del 

artículo 220 del Código Civil, se ajusta a verificar que un determinado 

negocio jurídico no incurra en una específica clase de invalidez: la nulidad, 

pero no cualquier nulidad, sino una nulidad cualificada, una nulidad 

manifiesta, de manera que se circunscribirá a verificar que los componentes 

del negocio jurídico (parte, objeto, causa, manifestación de voluntad y forma 

solemne) no contravengan en forma evidente aquellas directrices del 

ordenamiento jurídico que tutelen intereses generales, es decir, que no 

contravengan las disposiciones contenidas en el artículo 219 del Código 

Civil. El juicio de validez que el Juez realiza de oficio, no podrá extenderse 

a la verificación de alguna causal de anulabilidad, y es coherente que así 

sea, pues -como se ha visto- la anulabilidad solo opera a petición de parte y 

precisa de una sentencia que la declare. 

 

En efecto, se advierte que el precitado artículo 220 del Código Civil señala 

que aquello que el Juez puede declarar de oficio es la nulidad “manifiesta”, 

es decir, no cualquier nulidad sino una nulidad especial, una nulidad, 

podríamos decir, “cualificada”. La misma terminología aparecía en el 



                                                    44 
 
 

antecedente legislativo de la referida norma, el artículo 1124 del Código Civil 

de 1936: “La nulidad [...] puede ser declarada de oficio por el juez cuando 

resulte manifiesta”. 

 

Toca, entonces, determinar, qué debemos entender por nulidad “manifiesta”. 

Sobre el particular José León Barandiarán sostuvo que el vicio es 

manifiesto en caso de que “aparezca inequívoca e inmediatamente del 

acto mismo, sin necesidad de ninguna otra comprobación”28, como 

sucede, por ejemplo, “si se ha celebrado una anticresis sin haberse 

empleado escritura pública; si Pedro, marido de Juana, ha celebrado con 

ésta un contrato pese a la prohibición del art. 1139”.  

 

Encontramos mayores alcances en la opinión de Fernando Vidal29 quien 

sostiene que la nulidad “manifiesta” se orienta a dos significados: (i) puede 

ser la que se presenta al descubierto, de manera clara y patente, que es fácil 

de advertir por el órgano jurisdiccional, un ejemplo de esto se encontraría en 

el acto jurídico que no respeta la formalidad prescrita bajo sanción de 

nulidad; (ii) puede ser la que inicialmente se presenta encubierta, pero luego 

resulta manifiesta como consecuencia de la evaluación que realiza el juez, 

ejemplo de esto se da “cuando se celebra un contrato con finalidad ilícita 

que no ha sido expresada, ya que, en tal caso, si una de las partes recurre 

al órgano jurisdiccional para alcanzar la pretensión a la que se siente con 

derecho, el juzgador podrá evaluar la finalidad del contrato y declararlo nulo, 

aun cuando su invalidez no sea, precisamente, materia de la controversia”.  

 

Por su parte, Juan Lohmann30 plantea que lo manifiesto se puede entender 

de dos formas: (i) Puede ser aquello que al juez le resulte visible en el 

contexto general del proceso merced a la luz que proporcionen otros 

                                                           
28 LEÓN BARANDIARÁN, José. Manual del Acto Jurídico, Cuarta edición, aumentada y 
corregida-con notas suplementarias, Gráfi ca Marsom. S.A., Lima, p.67. 
29 VIDAL RAMÍREZ, Fernando. 
El Acto Jurídico, novena edición, 2013, pp. 540-541 
30 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. Op. cit., p. 59. 



                                                    45 
 
 

elementos de prueba sobre circunstancias contingentes o hechos ajenos al 

acto jurídico mismo; o (ii) puede ser aquello ostensible, patente, que se 

expresa, muestra, expone, evidencia y revela por y en el acto mismo y que, 

por tanto, no requiere de prueba extrínseca para su demostración.  

 

El citado autor se inclina por la segunda alternativa y sostiene que: 

“Manifiesta ha de significar lo que ya esté manifestado (no cubierto o 

desconocido) con tal grado de claridad que no se requiera de prueba alguna 

o de análisis externo, auxiliar y complementario para ponerlo de manifiesto, 

esto es, para descubrir lo encubierto y poner a la vista el vicio suprimiendo 

la apariencia de validez. Que ‘resulte manifiesta’ significa pues, que la 

nulidad ya sea evidente y directa e inmediatamente perceptible”.  

 

Juan Lohmann31 considera, además, que no son casos de nulidad 

manifiesta en tanto precisan de una prueba extrínseca: (i) la simulación, 

pues se presume la autenticidad del acto; (ii) el objeto indeterminado pero 

cuya determinabilidad no consta del acto, pues se supone la 

determinabilidad del objeto, no que las partes han querido lo impreciso; (iii) 

objeto cuya imposibilidad física sea relativa o subjetiva, pero no objetiva o 

absoluta, pues se supone la posibilidad del objeto, no que las partes han 

querido lo imposible; (iv) la finalidad ilícita que no conste del propio acto y 

que requiera ser comprobada, pues se presume la rectitud y la licitud, no un 

propósito del acto que el ordenamiento repudie92. Para Aníbal Torres, la 

nulidad es manifiesta “cuando no existe lugar a ninguna duda sobre su 

existencia, se infiere del simple examen del documento que contiene al acto 

jurídico o de las pruebas actuadas en el proceso, caso en el que puede 

declararla de oficio por el Juez, sin requerirse de que exista invocación de 

parte.  

 

El juez no acciona en el sentido de interponer una demanda para que se 

declare la nulidad, sino que cuando en ejercicio de sus funciones 

                                                           
31 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. Op. cit., p. 60. 



                                                    46 
 
 

jurisdiccionales conozca de los hechos que la provocan, puede e incluso 

debe declararla de oficio, pues le está vedado permanecer impasible, por 

ejemplo, frente a un acto ilícito o contrario a las normas imperativas o a las 

buenas costumbres”.  

 

Freddy Escobar sostiene que la nulidad es manifiesta “cuando la causal 

que la produce se encuentra al descubierto de manera clara y patente 

(piénsese en el caso del negocio celebrado en un instrumento que no es el 

que representa la forma solemne exigida por la ley)”32.  

 

2.1.2.1.6. El otorgamiento de escritura pública del contrato de 

compraventa.- 

 

El contrato de compraventa es aquél por medio del cual un sujeto 

(denominado, vendedor) transfiere o se obliga a transferir la propiedad de 

un bien a otro (denominado, comprador) y éste se obliga a pagar su precio 

en dinero. En efecto, tratándose de un bien inmueble, la transferencia de la 

propiedad se producirá con el solo acuerdo entre las partes sobre el bien y 

el precio, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario 

(interpretación sistemática de los artículos 949 y 1529 del Código Civil), 

mientras que tratándose de un bien mueble, sí se genera una obligación de 

transferir la propiedad que se ejecutará con la entrega del bien 

(interpretación sistemática de los artículos 947 y 1529 del Código Civil). 

Como se ha visto, este contrato genera una serie de efectos obligacionales, 

tales como: la obligación de pagar el precio (artículo 1558 del Código Civil), 

la obligación de entregar el bien (artículo 1549 y 1550 del Código Civil), la 

obligación de entregar los documentos y títulos relativos a la propiedad del 

bien (artículo 1551 del Código Civil), la obligación de formalizar el contrato 

(artículo 1549 del Código Civil), etc. 

                                                           
32 ESCOBAR ROZAS, Freddy. El contrato y los efectos reales. Análisis del sistema de 
transferencia de propiedad adoptado por el código civil peruano, En: Ius et veritas, Revista 
de los estudiantes de la facultad de Derecho de la PUCP, Número 25, Lima, 2002, pp. 264-
265. 



                                                    47 
 
 

 

Es el cumplimiento de una de estas específicas obligaciones (la de 

formalizar el contrato) lo que constituye la pretensión más usual en los 

procesos de otorgamiento de escritura pública, de ahí la necesidad de 

analizar el fundamento y la viabilidad de esta pretensión. El artículo 1412 del 

Código Civil, que sustenta la pretensión de otorgamiento de escritura 

pública, establece que: “Si por mandato de la ley o por convenio debe 

otorgarse escritura pública o cumplirse otro requisito que no revista la forma 

solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo 

sanción de nulidad, éstas pueden compelerse recíprocamente a llenar la 

formalidad requerida”. Pues bien, el contrato de compraventa no es uno cuya 

celebración deba observar una determinada forma bajo sanción de nulidad 

(forma solemne legal) y si las partes no se han impuesto la observancia de 

una determinada forma para su celebración (forma solemne convencional), 

puede ser celebrado en cualquier forma.  

 

En este caso la obligación de elevar a escritura pública el contrato puede 

derivar de la autonomía privada de las partes, en caso de que hayan previsto 

dicha obligación en el programa contractual, pero aun cuando las partes no 

la hayan previsto, tal obligación viene impuesta por ley, específicamente, por 

el artículo 1549 del Código Civil que estable que: “Es obligación esencial del 

vendedor perfeccionar la transferencia de la propiedad del bien”.  

 

Así es, esta obligación de perfeccionar la transferencia de la propiedad que 

tiene a su cargo el vendedor supone la realización de aquellos actos que le 

permitan al comprador ejercitar a plenitud su derecho de propiedad33, esto 

es, que le permitan usar, disfrutar, disponer, reivindicar y oponer el derecho 

adquirido, de manera que entre tales actos se encuentran: la entrega del 

bien y el otorgamiento de la escritura pública, pues ésta es necesaria para 

el acceso al Registro Público, instrumento que permitirá que el derecho 

                                                           
33 ARIAS-SCHEREIBER PEZET, Max. Exégesis del Código Civil Peruano de 
1984, Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 1998, p. 65. 



                                                    48 
 
 

subjetivo en cuestión alcance la mayor oponibilidad. En similar sentido se ha 

dicho que “la obligación de perfeccionar la transferencia de la propiedad 

impuesta por el artículo 1549 del Código Civil, lejos de ser asimilada a la 

necesidad de completar dicha transferencia (o a la de producirla o a la de 

entregar el bien), debe ser asimilada a la necesidad de realizar todos los 

actos necesarios para otorgar oponibilidad a la propiedad transferida”133, y 

uno de esos actos, sin duda el principal, es el otorgamiento de escritura 

pública, presupuesto necesario para el acceso al Registro Público. 

 

2.1.2.1.7. Control de eficacia del acto que se pretende elevar a escritura 

pública.- En las líneas precedentes hemos visto que en los procesos de 

otorgamiento de escritura pública el Juez debe realizar un específico control 

de validez del negocio jurídico que se pretende formalizar, es decir, debe 

constatar que éste no incurra en una nulidad manifiesta. Pero éste no es el 

único control que puede realizar el Juez, quien podrá, además, realizar un 

control de eficacia del negocio jurídico o, en otras palabras, deberá verificar 

que la obligación de formalizar el contrato resulte exigible, pues el resultado 

de este control determinará el amparo o rechazo de la pretensión de 

otorgamiento de escritura pública. A continuación, y sin que se pretenda 

realizar una relación taxativa, se enunciarán algunos supuestos que podrán 

ser analizados dentro del control de eficacia del negocio jurídico que se 

pretende formalizar. 

 

a. La condición suspensiva, el plazo suspensivo y el otorgamiento de 

escritura pública. 

 

Una de las circunstancias que se deben tener en cuenta en el control de 

eficacia (o exigibilidad) es la presencia de alguna condición suspensiva o 

plazo suspensivo en el contrato que se pretende formalizar. 

 

La condición y el plazo son mecanismos o instrumentos de autonomía 

privada, es decir, de ese poder que le permite a los sujetos regular sus 



                                                    49 
 
 

propios intereses: instrumentos que las partes pueden insertar o no en el 

programa contractual y que, si lo hacen, influirán sobre los efectos del 

contrato de manera conforme a los planes y a los intereses de aquellas. La 

condición y el plazo inciden en la eficacia del contrato, no en su existencia, 

ni en su vinculabilidad, ni en su validez. El contrato sujeto a condición o a 

plazo, es un contrato que ha cumplido su procedimiento de formación, es un 

contrato que vincula a las partes y genera deberes instrumentales a cargo 

de las partes y, es además, un contrato válido, a menos que su validez se 

vea perjudicada por un defecto de la condición, como alguno de aquellos 

previstos en los artículos 171 y 172 del Código Civil. 

 

La condición es un evento futuro e incierto de cuya verificación se hace 

depender la eficacia del contrato. Podemos distinguir entre condición 

suspensiva y condición resolutoria: (i) La condición suspensiva es aquella 

que determina que el contrato no produzca sus efectos (o alguno de ellos) 

sino hasta que se verifique el evento futuro e incierto puesto como condición, 

recién a partir de este momento el contrato producirá sus efectos (o alguno 

en particular): el contrato ineficaz deviene en eficaz; (ii) La condición 

resolutoria es aquella que determina que el contrato deje de producir sus 

efectos una vez que se haya verificado el evento futuro e incierto puesto 

como condición: el contrato eficaz deviene en ineficaz. En este momento 

nos interesa detenernos en la primera, es decir, en la condición suspensiva. 

 

Dentro del control de eficacia (o exigibilidad) en los procesos de 

otorgamiento de escritura pública, es posible analizar la presencia de una 

condición suspensiva en el programa contractual, siempre que la parte 

demandada alegue la falta de verificación del evento futuro e incierto puesto 

como condición. Como se ha visto, la condición suspensiva puede 

determinar que el contrato no produzca ninguno de sus efectos o solamente 

alguno de ellos como podría ser la obligación de elevar a escritura pública 

el contrato. Respecto a esta última posibilidad es usual encontrar que las 

partes han convenido que la obligación de elevar a escritura pública el 



                                                    50 
 
 

contrato, que tiene a su cargo una parte, se ejecutará una vez que la otra 

parte haya ejecutado una contraprestación a su cargo (por ejemplo, se 

supedita la obligación de elevar a escritura pública el contrato, que tiene a 

su cargo el vendedor, al hecho de que el comprador pague el precio de venta 

o una parte del mismo). Recuérdese que la condición suspensiva “tutela 

contra el riesgo que un evento, esperado por las partes (o por una parte) 

como de su propio interés, no se verifique o se verifique demasiado tarde” 

y, en este caso, ese evento sería el recibir la contraprestación (por ejemplo, 

el pago del precio). 

 

Pues bien, si lo que se ha supeditado a una condición suspensiva es el 

efecto específico consistente en la obligación de elevar a escritura pública 

el contrato y el demandante no logra acreditar la verificación del evento 

puesto como condición, la demanda será declarada improcedente por 

manifiesta falta de interés para obrar (artículo 427.2 del Código Procesal 

Civil). 

 

Cabe precisar que un contrato sujeto a alguna condición puede acceder al 

Registro Público (lo que presupone que aquél haya sido elevado a escritura 

pública, es decir, que esta específica obligación no haya sido supeditada a 

la verificación de algún evento ulterior), posibilidad que guarda concordancia 

con lo establecido en el inciso 4 del artículo 2019 del Código Civil según el 

cual: “Son inscribibles en el registro del departamento o provincia donde esté 

ubicado cada inmueble: (…) 4. El cumplimiento total o parcial de las 

condiciones de las cuales dependan los efectos de los actos o contratos 

registrados”, y en el primer párrafo del artículo 173 del citado cuerpo 

normativo de acuerdo con el cual: “Pendiente la condición suspensiva, el 

adquirente puede realizar actos conservatorios” 

 

El plazo es un evento futuro y cierto de cuyo acaecimiento se hace depender 

la eficacia del contrato. Podemos distinguir entre plazo suspensivo y plazo 

resolutorio: (i) El plazo suspensivo es aquél que determina que el contrato 



                                                    51 
 
 

no produzca sus efectos sino hasta que llegue el evento futuro y cierto 

establecido por las partes, recién a partir de este momento el contrato 

producirá sus efectos: el contrato ineficaz deviene en eficaz; (ii) El plazo 

resolutorio es aquél que determina que el contrato deje de producir sus 

efectos cuando llegue el evento futuro y cierto establecido por las partes: el 

contrato eficaz deviene en ineficaz. 

 

En cuanto al primer presupuesto, es decir, al plazo suspensivo. El plazo del 

negocio jurídico determina el momento del nacimiento o de la extinción de 

una obligación (o de un efecto en general), en tanto que el plazo de 

cumplimiento indica el momento en que debe ser ejecutada la prestación 

relativa a una obligación ya surgida, por ejemplo, cuando las partes 

establecen que la prestación de elevar a escritura pública el contrato que 

suscriben debe ser ejecutada dentro de seis meses, en este caso la 

obligación ya surgió y el deudor (vendedor), si el plazo es en su favor, puede 

liberarse en el período correspondiente al tiempo intermedio, o sea hasta la 

expiración del sexto mes.  

 

El plazo de cumplimiento