El acceso a la justicia civil y su contradicción con los costos procesales en el Perú, 2024

Abstract

La investigación titulada “El acceso a la justicia civil y su contradicción con los costos procesales en el Perú, 2024” tuvo como problema general determinar en qué medida los costos procesales afectan el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia civil reconocido por la Constitución Política del Perú. Su objetivo general fue determinar la incidencia de los aranceles judiciales, cédulas de notificación y demás costos procesales en el acceso efectivo a la justicia civil. La hipótesis general estableció que los costos procesales afectan significativamente dicho acceso, limitando la tutela jurisdiccional efectiva y generando una contradicción con el principio constitucional de gratuidad. La investigación fue de tipo cuantitativa, nivel descriptivo-correlacional y diseño no experimental, transversal. La población estuvo conformada por abogados del Colegio de Abogados de Loreto y la muestra por 80 abogados. Se utilizó la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento. La prueba de Chicuadrado obtuvo un valor de significancia de p = 0,001, aceptándose la hipótesis alternativa. Se concluyó que los costos procesales restringen el acceso igualitario a la justicia civil, recomendándose una reforma legislativa que establezca un régimen especial de exoneración de costos procesales para personas en condición de vulnerabilidad económica.This research, entitled “Access to Civil Justice and Its Contradiction with Procedural Costs in Peru, 2024,” aimed to determine the extent to which procedural costs affect the effective exercise of the constitutional right of access to civil justice in Peru. The general objective was to determine the impact of court fees, notification expenses, and other procedural costs on effective access to civil justice. The general hypothesis stated that procedural costs significantly restrict access to justice, limiting the effective exercise of judicial protection and creating a contradiction with the constitutional principle of free access to justice. The study followed a quantitative approach with a descriptive-correlational level and a nonexperimental, cross-sectional research design. The population consisted of members of the Loreto Bar Association, and the sample included 80 practicing lawyers. Data were collected through a survey using a structured questionnaire. The Chi-square test produced a significance value of p = 0.001, leading to the acceptance of the alternative hypothesis. The findings showed that procedural costs constitute an economic barrier to equal access to civil justice. Consequently, the study recommends a legislative reform establishing a special system for the exemption of procedural costs for economically vulnerable individuals.