Delito de contaminación ambiental como ley penal en blanco. acuerdo plenario N.° 02.b-2023/CIJ-112

Abstract

El presente estudio tiene como enfoque de atención el análisis jurisprudencial del Acuerdo Plenario N.° 02.B-2023/CIJ-112 del 21 de noviembre del 2023, expedido por la Corte Suprema de Justicia de la República en el XII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial, donde se abordaron múltiples aristas sobre los delitos ambientales; así, la principal problemática se refiere a las diferencias entre infracción administrativa y delitos de contaminación, esto en razón a que los ilícitos ambientales constituyen leyes penales en blanco cuya tipicidad está condicionada a la vulneración de normativas propias del ámbito del derecho administrativo, de ahí que surge la necesidad de establecer criterios que permitan distinguir entre infracción y delito. Sobre el particular, la Corte Suprema ha desarrollado criterios dogmáticos que hacen la distinción entre una infracción administrativa y el delito ambiental –de contaminación, artículo 304° del CP–, que si bien tienen en común contravenir leyes dirigidas a la protección del medio ambiente, existen características que identifican a cada conducta y que permiten apreciar la correlación que existe entre el derecho penal y el derecho administrativo en relación a la regulación del medio ambiente entendido como un derecho fundamental reconocido en el artículo 2° inciso 22) de la Constitución Política del Estado. Ante ese panorama, los órganos jurisdiccionales supremos concluyen que, los delitos contra el medio ambiente importan delitos de lesión (de resultado) o de peligro abstracto, que para efectos de configuración se requiere el despliegue de las conductas típicas previstas en el artículo 304° del Código Penal, esto es, «provocar» o «realizar» descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruidos, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes, debiéndose ser idóneos para alterar o causar grave daño a los componentes del medio ambiente (atmosfera, suelo, subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas); además, se exige la contravención de normas extrapenales – de carácter administrativo–, que, según el tipo penal de contaminación lo constituye la infracción de leyes, reglamentos, o los límites máximos permisibles.This study focuses on the jurisprudential analysis of Supreme Court Agreement N.° 02.B-2023/CIJ-112, issued on November 21, 2023, by the Supreme Court of Justice of the Republic during the XII Jurisdictional Plenary of the Permanent, Transitional, and Special Criminal Chambers. The agreement addresses various aspects of environmental crimes, with the main issue being the distinction between administrative infractions and pollution offenses. Environmental offenses are considered "blanket" criminal laws, where their specification depends on violations of administrative regulations. This raises the need to establish criteria to differentiate between infractions and crimes. The Supreme Court has developed doctrinal criteria to differentiate between administrative infractions and environmental crimes as defined in Article 304° of the Penal Code. Although both types of offenses involve violations of laws aimed at environmental protection, they exhibit distinct characteristics that clarify the correlation between criminal and administrative law in the context of environmental regulation, recognized as a fundamental right in Article 2°, Clause 22 of the Political Constitution of the State. In this context, the highest judicial bodies conclude that environmental crimes can be categorized as either result-based or abstract danger offenses. For these offenses to be established, it is necessary to demonstrate typical behaviors outlined in Article 304° of the Penal Code, such as causing or performing discharges, toxic gas emissions, noise emissions, leaks, waste, or contaminating radiation. These actions must be capable of significantly damaging environmental components (atmosphere, soil, subsurface, terrestrial, maritime, or underground waters). Furthermore, violations of extrapenal norms, specifically administrative regulations or permissible maximum limits, are also required.